Euskadi es la única comunidad que mantiene la plusvalía por desahucios y daciones en pago

El Ayuntamiento de Barcelona abrió la veda. Fue uno de los primeros en dejar de cobrar los impuestos de plusvalía cuando se producen ejecuciones hipotecarias o daciones en pago por el impago de la vivienda habitual. Lo anunció en el 2012 su alcalde Xavier Trias, que solicitaba al mismo tiempo al Gobierno de España impulsar cambios legislativos para regular estos casos derivados de la crisis, sin tener que recurrir a mecanismos extraordinarios. Tardaron dos años en llegar, pero llegaron. Gracias al Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, se modificaba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De este modo, quedaban exentas del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, todas las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago, así como las ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales (desahucios), y además con efecto retroactivo a los 4 años anteriores. Se trata de un impuesto de autoliquidación. La persona afectada tiene 30 días hábiles para personarse en Hacienda y hacer efectivo el pago.

Pero las haciendas vascas no quisieron renunciar a esa recaudación que puede oscilar entre los 6.000 o 15.000 euros, dependiendo de la vivienda. Así que concluyeron que no sería el deudor quien se hiciera cargo de la obligación tributaria sino la entidad financiera. De esta manera, mientras en el resto del España, los desahucios y daciones en pago están exentas del pago del impuesto de plusvalía, en Euskadi se mantiene aún el cobro.

Aunque en teoría recae sobre las entidades de crédito, en la práctica se demuestra - son varios los casos registrados- que los bancos consiguen mediante sus gabinetes de abogados esquivar estos pagos y que los Ayuntamientos remiten la liquidación del impuesto a los deudores.

Perjuicio para los más débiles

Ante esta situación, las quejas se han ido sucediendo y se han elaborado recomendaciones al respecto sobre la conveniencia de aplicar en la comunidad vasca la resolución aprobada en la modificación de la Ley y sí contemplada en su literalidad por el resto de las autonomías.

Fue el síndico de Vitoria y el organismo que dirige, la Defensoría del vecino, quien se pronunció ya hace unos meses sobre estos procedimientos que considera que perjudican a los más débiles. “Todo esto en el estado se resuelve con la exención y se ha facilitado también que se den las daciones en pago. Aquí, en un intento de no perder ese dinero, establecieron que por lo menos pagará el banco que se quedaba con el inmueble. pero los bancos se agarran a cualquier argucia para no pagar. Disponen de medios. Y por otra parte, en el caso de Vitoria, las interpretaciones de la normativa foral que han hecho desde Hacienda han ido en contra del deudor. Es una lectura legítima y ajustada a derecho, eso no lo voy a negar, pero las cosas son discutibles. Lo esperado es que se haga una interpretación favorable al deudor. Esas personas bastante tienen con perder su casa y quedarse con una mano delante y otra detrás”, declara Martín Gartziandia, síndico de Vitoria-Gasteiz.

De momento, según el relato de Gartziandia, se ha retenido las liquidaciones giradas a los deudores hipotecarios, a la espera de un posicionamiento de las Diputaciones. Las instituciones forales, tras detectar estas prácticas, estudian la posibilidad de equiparse a la situación vigente en el resto de las comunidades. “Si eximes evitas esas jugadas de los bancos”, insiste Gartziandia.