Euskadi pone el contador político a cero con Rajoy

Entre la última reunión celebrada entre el lehendakari Íñigo Urkullu y el presidente español Mariano Rajoy el 15 de septiembre de 2014 y la situación actual en las relaciones políticas entre Vitoria y Madrid media un abismo. La clave de este deshielo que se ha iniciado ya en las relaciones entre el PNV y el PP, por un lado, y los Gobiernos vasco y central por el otro hay que buscarlas principalmente en la pérdida de la mayoría absoluta de los populares en el Congreso de los Diputados. Pero también en la decisión de los peneuvistas de querer rentabilizar en Madrid la representación que les concedió las urnas en las elecciones generales de junio pasado.

Los cinco escaños del Grupo vasco en Madrid vuelven a cotizar al alza. Y los peneuvistas, históricamente, han sabido aprovechar las necesidades de los gobiernos de ambos signos (PP o PSOE) para colocar lo que ahora se denomina “agenda vasca”. Pero, en esta ocasión, el PNV y el lehendakari Urkullu han decidido poner el contador político a cero después de una legislatura que para el presidente vasco ha sido la de la “recentralización y el ataque al autogobierno”.

En realidad, esa actitud “cicatera” con las competencias de la comunidad autónoma ya fue denunciada por el anterior Ejecutivo, comandado por el socialista Patxi López, y la activación del Tribunal Constitucional para frenar esa vocación de “invasión competencial” del Gobierno de Mariano Rajoy formó parte de la actuación política en los estertores de aquél ejecutivo.

La nueva correlación de fuerzas en el Congreso, con un PP sin mayoría absoluta, lo cambia todo. Y ambas administraciones han decidido no perder ni un minuto para reconducir la “permanente litigiosidad”, en palabras del que Gabinete de Urkullu. Pero desde Euskadi los peneuvistas quieren “que se pase de las palabras a los hechos”. Entre otras cosas porque los tiempos para evitar la judicialización definitiva de algunas de las leyes sobre las que pesa una amenaza de recurso vencen en algunos casos en enero.

El encuentro de cinco horas que han mantenido esta semana los equipos de letrados de ambos gobiernos ha pretendido “sacar la política de los tribunales”, frase acuñada por la líder del PSE-EE, Idoia Mendia en su reciente visita a Madrid girada para exponer las bondades del acuerdo firmado entre peneuvistas y socialistas. Un pacto que va a marcar los derroteros políticos en el País Vasco.

Sobre la mesa están cuatro textos legales: la Ley de Adicciones -que regula el consumo de cannabis-, la Ley Municipal -en lo relativo al uso exclusivo del euskara en los consistorios), la Ley de Iniciativas Legislativas Populares -que permite la participación a los extranjeros-, y La Ley de Víctimas de abusos policiales -que define el régimen de ayudas a las víctimas. Una ley, esta última, que motivo una llamada del propio lehendakari a Rajoy en la pasada legislatura en la que Urkullu le mostró su preocupación por el efecto que para las políticas de reconocimiento y reparación por el daño causado a estas víctimas tendría que esta ley acabara finalmente en el Constitucional.

La voluntad de ambos equipos, que van a cruzar documentos a lo largo de las próximas semanas para acercar posiciones, es poner el contador a cero y entrar en una nueva fase. De momento, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, de cuyo Departamento dependen los letrados de la comunidad autónoma y que ha sido la voz de denuncia de la “involución en materia de autogobierno del Estado en la pasada legislatura, no ha podido constatar avances significativos. Tal vez porque, como decía el presidente peneuvista esta misma semana, Andoni Ortuzar, las relaciones entre ambos Gobiernos y partidos está aún y la ”tercera glaciación“ y el deshielo va a tardar algo más de lo previsto. El tiempo dirá si las urgencias de sacar los Presupuestos de 2017 van acompañadas de guiños inmediatos en este otro tema, enquistado desde hace años.

Escenificación de bilateralidad

Junto a esta pista en el circo del deshielo iniciado ya también está la escenificación de algo que para el PNV y el lehendakari es clave: la bilateralidad. En ese terreno hay que encuadrar la primera reunión celebrada hace semanas entre los máximos responsables de Hacienda de ambos ejecutivos, el flamante consejero vasco Pedro Azpiazu y Cristóbal Montoro. Más allá de la autorización para endeudarse en unos 380 millones de euros al flexibilizar el déficit para 2017 (0,7%) y 2018 (0,6%) –el mismo que pare el resto de comunidades autónomas-, el verdadero caballo de batalla aquí serán los cerca de 1.600 millones de euros del Cupo pendientes de liquidación por los desacuerdos que ambas administraciones tienen en su cálculo desde los tiempos de los Ejecutivos Ibarretxe y Zapatero (2007).

Además, el encuentro bilateral celebrado esta jueves entre los titulares de Transportes, Arantxa Tapia, y Fomento, Íñigo de la Serna,  para acelerar la construcción del Tren de Alta Velocidad en algunos tramos y el soterramiento de la Y vasca en su entrada en las tres capitales, pretende hacer realidad una fecha de inauguración de esta infraestructura que casi nadie cree: 2019. El Consejo de Ministros ha desbloqueado este viernes las obras del nudo de Bergara, al rescindir los contratos de obra del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el 'Nudo de Bergara' para adjudicar “nuevas soluciones técnicas” que den “un impulso definitivo” a las obras de ejecución. Algo que va a permitir “liberar” la situación actual y “acelerar” la construcción de la Y vasca, “un proyecto compartido con el País Vasco”, en palabras de De la Serna.

La segunda gran pista en el deshielo en las relaciones entre Madrid y Vitoria hay que buscarla en el futuro autogobierno vasco y su nuevo estatus. Algo que va más allá de la reiterativa crítica al “rabioso afán recentralizador de Madrid” y del catálogo de transferencias pendientes (unas 35, entre las que destacan la de Prisiones y el Régimen Económico de la Seguridad Social). Las posturas de salida aquí no son coincidentes ni entre los dos socios del Gobierno en Euskadi. PNV y PSE abren la puerta a discutir de todo –derecho a decidir y reconocimiento de Euskadi como nación, incluidos- en la Ponencia parlamentaria siguiendo siempre los cauces de la legalidad.

“Desestabilización del sistema autonómico”

El catedrático de Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren, en un artículo en este diario, echa en falta en el pacto PNV-PSE un diagnóstico de los problemas que afectan al sistema autonómico. “El documento parece presuponer que la suerte del País Vasco es independiente de la que corra, en general, el sistema autonómico. En el mejor de los casos, será una solución transitoria; y el riesgo, la desestabilización del sistema autonómico, en su conjunto”, advierte en tono crítico.

Por los demás, “la aparición de una larga lista de competencias de transferir” busca de manera indisimulada, según López Basaguren, “dar la sensación de que hay una gran parte del Estatuto que está sin cumplir, lo que no es cierto, en absoluto. No solo se trata de aspectos puntuales de una materia, sino que la mayor parte de las veces, la pretensión de las instituciones del País Vasco son muy discutibles”.

¿Y, mientras tanto, la oposición en el Parlamento vasco en qué claves se está moviendo? No hay duda de que EH Bildu (18), que superó con creces a Elkarrekin Podemos (11 escaños) en las pasadas autonómicas sacudiéndose de un plumazo la amenaza del ‘sorpasso’, tiene una doble baraja con la que jugar. Por un lado, ha mostrado su disposición a “acompañar” al PNV y a Urkullu a Madrid para defender el acuerdo que se pueda consensuar en la Ponencia de autogobierno, al tiempo que intentará llevar a su terreno independentista al partido de Ortuzar. Pero, a medio plazo, Sortu y los líderes de la coalición independentista, piensan ya en la nueva correlación de fuerzas en el eje de izquierdas que pueda conformarse en Euskadi de la mano de la formación morada.

Mientras el PSE-EE ha optado por pactar con los peneuvistas, EH Bildu y Elkarrekin Podemos habilitan en la Cámara vasca un trabajo conjunto para potenciar un mayoría progresista con vocación de sustituir al PNV. El abogado Txema Montero, fino analista de la vida política vasca, en un artículo en este diario, no oculta sus dudas sobre el futuro de ese eje.  “Las izquierdas vascas navegan sin rumbo y eso es malo para el país. El PSE-Euskadiko Ezkerra tomó la decisión de integrarse en un gobierno de coalición con el PNV lo que es bueno para ellos y para el propio gobierno aunque no tanto para una izquierda vasca incapaz de ponerse de acuerdo en el diagnóstico de lo que está pasando en el mundo, en Europa, en España y en la propia Euskadi”, afirma el reputado abogado y exdirigente de HB.

Los retos inmediatos –envejecimiento de la población, desafección ciudadana con la política, mantenimiento del Estado del bienestar, etc – “deberían poner las pilas a la izquierda vasca para ejercer una oposición creativa y creadora. Dudo mucho de que tal cosa suceda”, augura Montero.

Y frente a la “miopía” en la que sitúa a los partidos de izquierda en el País Vasco, defiende una izquierda vasca con disposición y capacidad para interpretar los cambios sociales que están en marcha. “Deberá elaborar un libreto- relato lo llaman ahora- y una partitura -tempo político-capaz de seducir a una clase media y de trabajadores tradicionales crecientemente perpleja y atemorizada por las consecuencias de la crisis que le están llevando a la proletarización precisamente en el momento en que el proletariado se haya en fase crepuscular. En otro caso el populismo será quien pesque en ese río revuelto”, vaticina.