Euskadi critica que el Estado apele a la ley en Catalunya y sea remiso a completar el Estatuto
“No sé si se está en un momento de seguir ampliando el marco competencial de las comunidades autónomas”, manifestó este lunes en Bilbao el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionado por las reclamaciones del Gobierno vasco de obtener la transferencia de Prisiones y de la Seguridad Social, previstas en el Estatuto de 1979. Las palabras de Catalá han causado un hondo malestar en el Ejecutivo autonómico, tanto en consejeros del PNV como del PSE-EE. En este sentido, el portavoz Josu Erkoreka se ha mostrado “francamente preocupado” por que un Gobierno que en Catalunya hace “bandera” casi exclusiva del cumplimiento de la ley sopese no completar el Estatuto, una ley orgánica estatal con casi cuatro décadas de vigencia.
“O se le interpretó mal o ni dijo lo que quería decir”, ha elucubrado Erkoreka sobre el discurso de Catalá, que matiza otros mensajes anteriores de otros ministros o del propio PP vasco. De lo contrario, ha manifestado Erkoreka, “estaríamos ante un miembro de un Gobierno que ha convertido la ley en el santo y seña y que en Euskadi preconizaría su incumplimiento”. El portavoz ha añadido que “la ley no se puede subordinar” a “razones de oportunidad”.
Erkoreka ha reconocido que “es posible” que a la luz de la crisis catalana haya sectores políticos que estén reclamando un rearme de los poderes del Estado tras el proceso de descentralización abierto en 1978. En este sentido, el que fuera vicelehendakari socialista, Ramón Jáuregui, ahora europarlamentario, entiende también que “procede discutir si tenemos que balancear un poco el sistema competencial para recuperar para el Estado algunos poderes”, según ha recogido 'El País'. Jáuregui también añadía: “¿Cómo le vas a decir a nacionalistas vascos y catalanes que una reforma estatutaria puede implicar tener menos competencias o aumentar los poderes del Estado? Pues habría que poderlo decir y la izquierda tiene que estar ahí. La izquierda debería de considerar el argumento de que la educación ha podido ser un instrumento de adoctrinamiento nacionalista, porque muy probablemente ha sido así”.
Por el contrario, la consejera vasca de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José, ha reclamado con claridad el cumplimiento íntegro del Estatuto. San José, presente en la conferencia del ministro en Bilbao, pidió a Catalá que “reconsidere su posición” y que deje de “poner excusas para no cumplir la ley en lo que afecta a la transferencia de la totalidad de los servicios penitenciarios”. Su área también gestionaría el régimen económico de la Seguridad Social en caso de que sea cedida a la comunidad autónoma.
Para Erkoreka, es una “incoherencia mayúscula” que el Gobierno adopte un papel de defensor de la legalidad en Catalunya y mande estos mensajes en Euskadi. Por ello, ha pedido abiertamente al Gobierno del PP que “comunique paladinamente” a la sociedad vasca si no desea respetar el Estatuto de 1979. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha enviado recientemente a La Moncloa el informe que detalla que son 37 las transferencias pendientes para el cumplimiento íntegro del Estatuto y que continúa a la espera de que se inicien las negociaciones para hacerlas efectivas.
La crisis catalana ha frustrado la línea abierta en verano entre ambas Administraciones para abordar esta cuestión. No obstante, Erkoreka se ha felicitado este martes por que el Consejo de Ministros remitiera las Cortes Generales la reforma del Concierto Económico y el recálculo del Cupo. Es “positivo” que los compromisos se cumplan, ha subrayado el portavoz, que ha añadido que en el caso de la financiación acarrearán “paz fiscal” hasta 2021.
