Euskadi agiliza los trámites que atascan la asistencia jurídica gratuita
Las lentas y repetitivas gestiones burocráticas que atascan los servicios de atención jurídica gratuita tienen los días contados. Los colegios de abogados han creado diversas aplicaciones informáticas que permiten agilizar estas tramitaciones y las están aplicando a modo de prueba para dar con la fórmula más adecuada para facilitar estos procedimientos. “Se pretende ahorrar en tiempo y costes de gestión”, explica el decano del colegio de abogados de Álava, Javier García Pascual.
El presidente de este colectivo destaca el talante positivo con que el Gobierno vasco ha acogido estas propuestas presentadas al Departamento de Justicia en las reuniones preparatorias sobre el nuevo decreto vasco para mejorar la atención judicial de los ciudadanos sin recursos. “Sí hay puntos en común entre nuestras propuestas y sus planteamientos. Son plenamente conscientes de la problemática existente causada por el papeleo que soportan los abogados”.
Según explica el decano del Álava ahora se trata de conectar todas las herramientas existentes aunque reconoce que el expediente digital puro y duro “será imposible” que esté listo para entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2016, tal y como prevé el ministro de Justicia, Rafael Catalá. García Pascual recuerda que solo el acceso a la atención gratuita es ya un trámite muy lento al que hay que sumar el resto de los procedimientos posteriores que conlleva el proceso. “Es incomprensible que una persona sin recursos y cuya situación es de sobra conocida por la Administración, en caso de necesitar la asistencia judicial gratuita, deba de nuevo acreditar, con la presentación de una larga serie de documentos, su incapacidad para pagar servicios jurídicos. Están cargando al ciudadano con muchas trabas burocráticas además de a los propios funcionarios de Justicia y a los abogados”.
Medidas que puedan cumplirse en la práctica
Los letrados vascos mantienen conversaciones con el Gobierno para acelerar la aprobación de esa nueva normativa autonómica con la que se pretende paliar las deficiencias de la Ley vigente. Aprecian “buena voluntad” por parte del Gobierno para llevar a buen cauce sus reivindicaciones aunque admiten que se alargarán los plazos. “Queremos que sea un articulado real y eficaz, que contemple medidas que van a poder cumplirse en la práctica. Se está haciendo un gran esfuerzo por todas las partes para intentar aunar voluntades y limar puntos antagónicos y esto lleva tiempo”, revela García Pascual.
Uno de los aspectos más delicados y sobre los que versan las negociaciones son las garantías de cobro en los procesos fallidos. Son los pleitos que se empiezan a tramitar por la vía de la Justicia gratuita, pero a los que a mitad de procedimiento no se les concede subvención y el letrado, pese a su trabajo, no cobra nada. “Estamos en ello pero no pinta mal”, advierte del Decano de Álava.
El Ejecutivo de Íñigo Urkullu este año invertirá 14,5 millones de euros en el sistema vasco de justicia gratuita, un 5,3% más que en 2014. Con este importe, financiará todas las actuaciones, tanto de guardia como de oficio, que realizarán en 2015 los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores de los tres Territorios Históricos.
Entre estas actuaciones se encuentran las de atender jurídicamente a todas las personas en situación de vulnerabilidad. Se atiende a imputados, detenidas o presas que carecen de recursos económicos y que por tanto tienen derecho a justicia gratuita, así como a aquellas que pertenezcan a los colectivos de especial protección: violencia de género, agresiones sexuales, violencia en el seno del hogar, víctimas de terrorismo, menores de edad, extranjería, personas con discapacidad psíquica víctimas de abuso o maltrato...
