Euskadi denuncia un “auténtico estado de excepción autonómico”
El Gobierno vasco, en su valoración sobre las consecuencias negativas del “incumplimiento” del Estatuto de Gernika que ha trasladado a la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, ha incluido toda una batería de reproches a la actuación recentralizadora de los sucesivos Ejecutivos centrales. “Estatuto mutado y sumido en la desprotección”, condena a “nuestro autogobierno a la irrelevancia, ”carrera de obstáculos“ para permitir la presencia y participación de Euskadi en los foros europeos e internacionales... En el informe, de 190 páginas, se acusa a los ”poderes centrales del Estado“ de haber utilizado ”instrumentalmente“ la crisis económica para llevar a cabo ”unas políticas centralizadoras de carácter estructural de intensidad desconocida hasta el momento“.
A juicio del Ejecutivo autonómico, esta actuación ha derivado tras 36 años de la aprobación del Estatuto vasco en “un auténtico estado de excepción autonómico”, que afecta tanto a las comunidades autónomas de régimen común, como a los territorios de régimen foral (Euskadi y Navarra). Ese “deterioro” del modelo territorial alcanza “al reconocimiento de la identidad político-jurídica del pueblo vasco”, pero también “al acervo de potestades y competencias derivadas de ese hecho diferencial plasmado en su Estatuto”, según recoge el informe.
¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? Para el Ejecutivo que lidera el lehendakari Urkullu la causa es el “no reconocimiento efectivo de la nacionalidad histórica de Euskadi y su capacidad de decisión plasmada en un entramado institucional y competencial singular, en una actitud reunente por parte del Estado a mantener una relación preferente bilateral pactada y la cuasi inexistencia de un sistema efectivo de garantías con capacidad de reaccionar ante las vulneraciones al autogobierno”.
El informe no hace autocrítica sobre cómo se han producido las negociaciones entre los Gobiernos central y vasco para culminar el Estatuto de Gernika, defiende la vía seguida en el plan Ibarretxe para aprobar el nuevo estatus político -cuya tramitación fue rechazada por el Congreso en febrero de 2005, y acusa directamente al Ejecutivo central de optar por igualar todas las autonomías, dando un “trato sin distingos” a todas ellas, “relativizando así las reivindicaciones históricas de Euskadi y Cataluña”.
“La ruina para Euskadi”
El texto denuncia la “mutación constitucional del modelo territorial del Estado” que se ha producido, especialmente en los últimos años, “al reforzar su naturaleza unitaria tras centralizar buena parte de la definición de las políticas públicas con carácter uniforme, alcanzando, en muchos casos, hasta su misma gestión”.
El informe recoge la afirmación realizada la víspera por el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, tras la sesión del Consejo de Gobierno donde se aprobaron los ocho informes solicitados por la ponencia de la Cámara vasca, que con la transferencia de las 24 competencias pendientes, el “Estatuto completo y a pleno rendimiento económico-financiero pudiera fácilmente multiplicar casi por dos el actual presupuesto del Gobierno vasco”. La asunción de la Seguridad Social, en estos momentos deficitaria en relación a las pensiones en cerca de 2.000 millones para Euskadi, llevó al PP y al delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, a salir en tromba para asegurar que “sería la ruina” para Euskadi, en palabras del 'número tres' del los populares vascos, Javier de Andrés.
Una idea que había remarcado también Urquijo en una comunicado. Urquijo ha considerado “muy grave” que el Gobierno vasco “falte a la verdad” en una materia “tan sensible como es el cobro de las pensiones” y ha advertido de que, “sin la solidaridad del resto de los españoles, a través de la caja única de la Seguridad Social, no podrían pagarse las pensiones del mes que viene” en Euskadi. “Ésta es la realidad, lo otro son ensoñaciones del independentismo que resultan letales para el bienestar y el progreso de los vascos”, ha aseverado.
