Euskadi facilita la iniciativa legislativa popular
103.000 firmas contra el 'fracking'; 85.000 por la custodia compartida; 65.000 apoyos a la plataforma que Maroto impulsó con tintes xenófobos... Miles y miles de rúbricas que cada legislatura llegan al Parlamento vasco y, que desde ahora, tendrán que saltar un muro más bajo para ser tenidas en cuenta por la Cámara vasca. Gracias al impulso de Gorka Maneiro (UPyD), todos los grupos de hemiciclo, sin excepción, han votado en el último pleno celebrado la pasada semana que el requisito para tomar en consideración una iniciativa ciudadana sea presentar 10.000 firmas válidas, y no las 30.000 necesarias hasta ahora.
La nueva normativa sustituye a la actual del año 1986 y modifica, además de la cantidad de apoyos necesarios, los requisitos para poder apoyar esas iniciativas. Hasta ahora, solo podían apoyar las ILP los ciudadanos inscritos en el censo electoral vasco. Desde la aprobación de la nueva norma, también lo pueden hacer las personas mayores de edad inscritas en el padrón de un municipio de la comunidad autónoma, que tengan la condición de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o que residan legalmente de acuerdo con la normativa en materia de extranjería. El nuevo texto permite además que los promotores de la ILP puedan defender su iniciativa en la propia Cámara aunque, obviamente, no tendrán derecho a voto.
Acotar los ámbitos de la ILP
Respecto a las materias de las ILP, la norma establece que no se podrán presentar sobre asuntos que no formen parte de las competencias legislativas de la comunidad autónoma, ni las que afecten a la organización territorial de Euskadi ni a la reforma del Estatuto de Autonomía ni contrarias a declaraciones universales de derechos humanos, entre otras. Además, no se admitirá a trámite si el contenido coincide con un proyecto o una proposición de que se encuentre en tramitación en el Parlamento, según destacó Europa Press.
Para presentar la ILP los ciudadanos deberán formar una comisión promotora, con un mínimo de tres personas, que no podrán ser miembros del Gobierno vasco, del Parlamento, diputaciones, Juntas Generales, Cortes Generales, Parlamento Europeo ni corporaciones locales.
