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FCC se niega a asumir más costes y comunica que renuncia a la contrata de limpieza de Vitoria

Camión de la contrata de limpieza de FCC-GMSM

Iker Rioja Andueza

La UTE conformada por FCC y Viuda de Sainz (GMSM) comunicó el 28 de marzo al Ayuntamiento de Vitoria su solicitud para iniciar el expediente de resolución del contrato firmado en 2015 para la prestación del servicio de limpieza de la capital vasca, según ha explicado el alcalde, Gorka Urtaran, en Radio Vitoria y han confirmado a este periódico fuentes del área de Medio Ambiente. La de recogida de residuos urbanos es la mayor contrata de la ciudad con un coste anual de 22,8 millones y estaba adjudicada hasta 2023, pero la UTE ha optado por salirse del acuerdo al no querer asumir con fondos propios los alrededor de 1,7 millones de euros en que calculaban el coste adicional del absentismo en la plantilla y que deseaban imputar a las arcas públicas.

Este divorcio ya esperado desde que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno vasco (COJUA) rechazara que el Ayuntamiento tuviera que elevar el canon anual a FCC-GMSM para cubrir el absentismo no supondrá que las barredoras y operarios de uniforme fosforito de la contrata dejen de prestar el servicio, ya que tendrán la obligación legal de cumplir con todos los puntos de sus obligaciones contractuales hasta la nueva adjudicación del servicio. “Si la UTE considera inviable el contrato, el Consistorio lo resolverá sin abonar ninguna indemnización y permaneciendo la UTE en el servicio hasta la adjudicación a un nuevo contratista”, explicó en su día el coordinador de Medio Ambiente municipal, Álvaro Iturritxa, destacando que la operación no tendrá coste alguno para la ciudad.

Sea como fuere, FCC, en solitario como en el período 2006-2015 o en UTE como desde entonces hasta hoy, podrá volver a concurrir al concurso que se abra sin penalizaciones e incluso ganarlo con una oferta más cara que la actual. Desde el Ayuntamiento indican que “el interés es que se haga cuanto antes” el nuevo concurso, aunque no hay plazos ya que la UTE aún debe entregar documentación en la que acredite que la causa de resolución del contrato es ajustada a derecho.

La relación de FCC con la ciudad de Vitoria y el área de Medio Ambiente ha sido tormentosa. Sobre la primera contrata de 2006 pesa la sombra de las irregularidades desde el inicio hasta el final, incluidas sospechas de corrupción. Sigue viva, de hecho, la investigación en torno a dos camiones adquiridos en 2015 por el Ayuntamiento a un precio de más de 660.000 euros para cederlos a la contrata, que tuvo en la gestión de la flota en el período anterior uno de sus puntos negros. Los camiones se estropeaban y existen informes internos de la UTE FCC-GMSM que prueban que la empresa era plenamente consciente de que a pesar de recibir un canon de más de 25 millones de euros no cumplía sus compromisos de mantener una flota adecuada para la prestación del servicio desde el principio hasta el final, incluida la prórroga que se inició en 2014. Tras la renovación de 2015, FCC sólo disponía de dos camiones recolectores operativos para una ciudad de casi 250.000 habitantes y los dos Iveco adquiridos a última hora (abril de 2015) fueron una tabla de salvación, siempre según estos documentos internos.

FCC, en UTE con GMSM (la misma que limpia Bilbao y Donostia), ganó la renovación con una oferta económica solamente 1.000 euros mejor que la de su competidora Cespa y sin que los problemas del período anterior penalizaran su oferta técnica. Se da la circunstancia de que ofreció más y mejores servicios por un precio (22,8 millones) sustancialmente inferior al de la contrata anterior. La entonces edil encargada de la adjudicación, Leticia Comerón (PP), destacó que los nuevos pliegos de condiciones impedirían que la empresas cobrase por servicios no prestados, a diferencia de los anteriores.

FCC también gestiona otras contratas del área de Medio Ambiente en Vitoria como el vertedero de Gardelegi. Allí también existe polémica en torno a los incumplimientos por parte de la empresa de los compromisos de entrega de maquinaria. El interventor, en un informe, alertó de que el Ayuntamiento estaba pagando por unos vehículos que no llegan y consideró que se estaba “financiando” a la UTE, que allí es con Yárritu.

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