Facua denuncia a Dell ante Kontsumobide por “cancelar la entrega de miles de portátiles”

Según ha explicado en un comunicado, la asociación se ha dirigido a las agencias, institutos y direcciones generales de consumo para solicitarles la apertura de expedientes sancionadores por “infringir la normativa de protección de los consumidores al haber cancelado unilateralmente contratos de compraventa suscritos con multitud de usuarios”.

En concreto, ha detallado, cerca de 2.000 compradores se han sumado, hasta el momento, a la plataforma de #AfectadosDell puesta en marcha por FACUA hace doce días para informarles sobre sus derechos y “potenciar las reclamaciones contra la multinacional estadounidense a fin de que cumpla los contratos de compraventa y entregue los equipos a los consumidores”.

FACUA ha apuntado que se trata de ocho modelos de portátiles ofertados el pasado 23 de mayo por 35 y 39 euros. Según ha indicado, aunque Dell asegura que “ofertó a precios tan bajos como consecuencia de un error”, a su entender, “está obligada a entregarlos”, ya que las compras “no sólo se tramitaron de manera automática desde la web de la compañía, sino que pasadas varias horas envió un mensaje de correo electrónico a cada usuario en el que le comunicaba la confirmación del pedido, las características técnicas del producto adquirido, las cláusulas del contrato de compraventa formalizado y la fecha de entrega”.

La organización de consumidores considera que “la compañía revisó todos los pedidos de portátiles que vendió a precio de ganga y dio los contratos por formalizados al enviar a cada comprador un mensaje varias horas después en el que les informaba de la 'confirmación del pedido”.

En sus denuncias, FACUA argumenta que, “incluso dando por posible que un empleado pudiese haber cometido un fallo en la introducción del precio en el muestrario de la tienda online (debiendo haber destinado la denunciada más recursos a los efectos de evitar el error humano), no parece razonable que tal error pudiera además haber traspasado el proceso de 'revisión' de los pedidos, ya que no parece que el mismo pueda tener más objeto que controlar la disponibilidad de los productos y el precio de los mismos”.

Además, señala que los pedidos formalizados por los usuarios cuentan con todos los requisitos recogidos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, las leyes estatal y autonómica de defensa de los consumidores y el Código Civil para considerar que “Dell está obligada a entregar los portátiles a los precios ofertados”.

Asimismo, la asociación indica en sus denuncias que “el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas por Dell con los compradores de sus equipos implica la comisión de una infracción de la legislación de defensa de los consumidores”, por lo que “debe ser objeto de sanción económica por parte de la autoridad de consumo autonómica, que también tiene la potestad para imponerle la entrega de los productos”.

Además de las multas, recuerda que la legislación estatal de defensa de los consumidores faculta a las autoridades autonómicas para obligar a las empresas a cumplir con sus obligaciones.