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La Fiscalía pide más de 54 años de cárcel para el ex número dos del PNV en Álava

La Fiscalía de Álava pide 54 años y nueve meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias

El exdirigente del PNV, Alfredo De Miguel.

El exdirigente del PNV, Alfredo De Miguel.

La Fiscalía de Álava pide 54 años y nueve meses de cárcel, 13 millones de multa y 25 de fianza para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha hecho público su escrito de calificación, de 128 folios, en el que solicita la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés. El fiscal señala que el "plan" pretendió el cobro de un total de 660.000 euros en 'mordidas'.

El fiscal Izaguirre se muestra durísimo en sus consideraciones y en sus peticiones de pena. Básicamente, habla de un "plan" concebido en torno a empresas pantalla con el objetivo de cobrar comisiones después de realizar adjudicaciones. Esas adjudicaciones corrían a cargo de instituciones controladas por el Partido Nacionalista Vasco. En otros casos,  apunta el fiscal, se llevaban a cabo contratos 'a dedo' a cambio de ser¡vicios que nunca se materializaron. Al más puro estilo de las tramas de corrupción descubiertas en otras comunidades nacionales, como Valencia o Madrid. Según el escrito de acusación del fiscal, Alfredo de Miguel ideó la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo para obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas". ¿cómo lo hizo? Pues "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al Partido Nacionalista Vasco y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas en el mismo partido".

Este entramado societario y personal estaba dirigido, básicamente, a:

1- Obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV, ya fuera para empresas de su propiedad, como KATAIA CONSULTING S.L. o para terceras personas o empresas con las que mantenía relación o vinculación de una u otra manera (ERREXAL S.L. y ORTZI MUGA S.L.), estando todas ellas íntimamente ligadas o relacionadas entre sí (su creación o constitución siguió la misma dinámica, interviniendo en ella las mismas personas; tenían el mismo domicilio o sede social; compartían oficina en el mismo lugar; la llevanza de la contabilidad era efectuada por la misma persona, etc.); llegando a cobrar o percibir en base a dichas contrataciones y en diversas ocasiones cantidades dinerarias por trabajos que nunca fueron realmente hechos.

2. Solicitar y obtener el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos (a través de las mercantiles KATAIA CONSULTING S.L. y ERREXAL S.L.).

3. Solicitar y obtener el pago de cantidades dinerarias con base en negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad, enmascarando el pago de comisiones abonadas por empresas relacionadas con la mercantil CONSTRUCCIONES RIERA S.A. a otras empresas creadas por la trama específicamente para ello (SIDEPUR S.L., KATAIA CONSULTING S.L. y ZERULUR S.L.), con la finalidad de que se impulsara y así conseguir que saliera adelante la tramitación del expediente de la novena modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento del Ayuntamiento de Zambrana referente a la creación del ámbito de suelo industrial S.A.U. I-2.

Las actividades de este entramado se llevaron a cabo, según el fiscal, actuando "de común acuerdo, en conjunto o en colaboración con otros imputados, caracterizándose por la extensa relación de personas tanto con cargos o responsabilidades públicas como sin ellos que participaron en la estrategia diseñada, así como por las diversas entidades públicas afectadas por las conductas investigadas".

Para la comisión de los hechos se crearon diversas entidades mercantiles o empresas que, en la mayoría de los casos, carecían de actividad económica así como de experiencia, conocimientos e infraestructura (tanto en cuanto a medios personales o empleados como a medios materiales) para realizar los supuestos trabajos que les fueron encargados o contratados. Por lo tanto, fueron utilizadas como "empresas pantalla, bien para canalizar el cobro de supuestas comisiones o bien para percibir cantidades ilegales o ilícitamente percibidas por trabajos que, en variadas ocasiones, no fueron materialmente realizados".

Pago de comisiones

El juez instructor, Roberto Ramos, acreditó indiciariamente durante la instrucción que en algún caso se solicitó el "pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos diversos" y que también se pidieron u obtuvieron pagos en base a negocios o contratos "simulados" o "no ajustados a la realidad que supuestamente enmascaraban el pago de comisiones" desde una de las mercantiles a otras para que se impulsara, concretamente, la recalificación irregular detectada en Zambrana". La empresa matriz de la trama era supuestamente Kataia Consulting, aunque  finalmente en la investigación acabaron aflorando hasta 25 sociedades más.

La denunciante del caso fue Ainhoa Alberdi, que acudió en 2009 a la Fiscalía pertrechada de documentación y hasta 24 grabaciones en las que se detallaban cómo operaban los implicados en esta trama. Los delitos investigados durante la instrucción, iniciada en marzo de 2010 y que ha acumulado más de 21.000 folios, son, entre otros, los de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales. malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento público, contra la Hacienda Pública y alteración del precio de concursos.

Junto a De Miguel, el juez al finalizar la instrucción mantuvo los cargos, entre otros, contra  Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Álava; así como contra dos responsables del Gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe ( Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), otros dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos ( Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa ( Iñaki San Juan). Por contra, al finalizar la instrucción exoneró de toda imputación a  Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV Xabier Arzalluz, y a Pablo Jesús Larrabide. "Investigación indiscriminada".

¿Y el partido?

Durante la instrucción del caso, por contra, no ha quedado acreditado que parte de esas supuestas comisiones ilegales fueran a parar a manos del partido. Se da la circunstancia de que la instrucción se cerró hace justo ahora un año, el 10 de marzo de 2015. El  abogado defensor del principal acusado, Gonzalo Susaeta, pidió la nulidad de todo lo instruido hasta entonces al entender que se había producido "una investigación indiscriminada, a la búsqueda de hechos sobre los que realizar 'a posteriori' una imputación", en lugar de ceñirse a comprobar los hechos que denunció inicialmente la Fiscalía. Pero no tuvo éxito. Y tampoco tuvieron éxito los demás encausados que recurrieron la decisión del juez instructor de cerrar la investigación y sentarles en el banquillo de los acusados.

El pasado 28 de octubre, la Audiencia Provincial de Álava rechazó los recursos de apelación de los 26 imputados en este caso de corrupción, que investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por exdirigentes y cargos del PNV en Álava. Tras el rechazo de la Audiencia, la causa volvió a manos del juez instructor, quien pidió a las partes que formularan los escritos de acusación o, en su caso, reclamaran el sobreseimiento del proceso.

La causa afecta a 26 personas, una veintena de ellas relacionadas directamente con el PNV. Se trata de Justina Angulo, Alfonso Arriola, Estíbaliz Arruti, Jesús José Arruti, Jesús Arruti, Araceli Bajo, Miren Lourdes Bilbao, Ainhoa Bilbao, Plácido Casas, Aintzane de Miguel, Alfredo de Miguel, Jon Iñaki Echaburu, Gorka Errasti, Francesc Fernández, Sergio Fernández Oleaga, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Prudencio Hierro, Gurutz Larrañaga, Josu Montes, Luis Felipe Ochandiano, Joaquín Sabater, Iñaki San Juan, Julián Andrés Sánchez Alegría, Francisco Javier Sánchez Robles, Aitor Telleria y Ramón Tomás Riba. De todos ellos, 20 están o estaban entonces ligados al PNV, bien como dirigentes como Alfredo De Miguel, Txitxo, como cargos públicos o como afiliados de base del partido.

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