El Fiscal abre diligencias para investigar si Prieto incurrió en fraude y falsedad documental
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha abierto diligencias de investigación para tratar de determinar si el parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto incurrió en delitos de fraude o falsedad documental en las obras que la empresa Escoiba, participada por el exlíder de los socialistas vascos junto con su hermano, realizó para reforzar la seguridad en sedes del Partido Socialista en Álava ante la amenaza de ETA.
La investigación se ha abierto a partir de una denuncia anónima que fue remitida al Fiscal Jefe de la Audiencia de Álava, Josu Izagirre, con fecha del 23 de marzo, y que éste trasladó posteriormente a Calparsoro para que la analizara.
Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público, las pesquisas se centran en la adjudicación de las obras a la empresa de Txarli Prieto, pero, sobre todo, en si realmente se realizaron los trabajos que se cobraron, “sospecha” que pone de relieve el comunicante anónimo en su denuncia.
El escrito del denunciante anónimo señala que el PSE alavés -antes liderado por Txarli Prieto- habría adjudicado más de 70.000 euros para obras que mejoraran la seguridad en las sedes de los socialistas de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain, entre los años 2010 y 2011. Entre las empresas a las que se adjudicaron esta obras se encuentra la empresa Escoiba, aunque no es la única.
La denuncia aporta fotocopias de talones de banco con los que se habría abonado a estas empresas las cantidades provenientes de fondos públicos. Para el denunciante anónimo, esto podría “enmascarar sobrecostes” e incluso el cobro de obras no realizadas.
Los gastos de las obras se habrían pagado con fondos públicos, ya que los Presupuestos Generales del Estado recogían una partida del Ministerio del Interior denominada 'Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad'.
La Fiscalía trata de determinar ahora si realmente Txarli Prieto incurrió, con su actuación, en algún ilícito penal, como fraude o falsedad documental. En principio, el hecho de que la denuncia sea anónima no facilita la investigación y pone en cuestión la credibilidad de la información aportada, que tendrá que tratar de verificarse.
