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La Fiscalía de Delitos Económicos investigará el caso de un alto cargo de Bizkaia

El director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Xabier Legarreta.

Alberto Uriona

Bilbao —

La juez que investiga presuntos delitos urbanísticos del actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia Xabier Legarreta (PNV) cuando era alcalde de Bermeo ha pedido la intervención del fiscal de Delitos Económicos. Pretende que le informe sobre los posibles delitos existentes en esta causa, en la que Legarreta está imputado por dos diferentes de prevaricación y societario, al igual que el entonces teniente alcalde Iñigo Imatz, del mismo partido político.

Este caso se remonta a la anterior legislatura, cuando Legarreta era el alcalde de Bermeo y presidente de la sociedad municipal Beruala, que promovió una operación urbanística de viviendas. Pero en la construcción se afectó a otro bloque de viviendas y, tras un pacto judicial, no se cumplió lo acordado y se construyeron dos plantas más. Las obras fueron paralizadas por un juzgado en 2011 (y desde entonces no se han reanudado) y un informe técnico concluyó que el Ayuntamiento de Bermeo debe abonar una fianza de 3,4 millones para el derribo de las dos plantas construidas de manera irregular. Además de Legarreta e Imatz, está imputado también el entonces gerente de Beruala, Josu Azaola, pero solo por el delito societario.

En un auto dictado el pasado 28 de septiembre, la juez Rebeca Huertos, titular del juzgado número 1 de Gernika, traslada el sumario al fiscal de Delitos Económicos para que examine el caso y lo devuelva antes del próximo 30 de octubre, fecha en la que ha citado para que declare el arquitecto municipal de Bermeo Ander Idigoras. El juzgado también pide la intervención de la Fiscalía para que se determinen cuáles fueron las licencias otorgadas que serían ilegales.

Tras este auto, la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Bermeo, ahora gobernado por Bildu, va a solicitar la imputación de un tercer delito contra el actual director de Igualdad de la Diputación y el ex teniente alcalde, el delito contra la Administración de la Justicia. Entienden que Legarreta e Imatz han obstruido la acción de la justicia al negarse a parar las obras ordenadas por la Justicia.

En la instrucción abierta, han declarado ya 11 personas entre ellos tres imputados. El actual director de Igualdad de Bizkaia culpó de lo ocurrido, en sus testimonios ante la juez, a una asesoría municipal. “Siempre actué guiado por la asesoría”, afirmó. Agregó que en “ningún momento” la asesoría les comunica los problemas del proyecto ni el pacto judicial que impedía la construcción de las dos plantas y que “posteriormente” tuvo conocimiento de lo que sucedía. Añadió que “en ningún momento” su intención era “desobedecer” al juzgado. Los otros dos imputados mantuvieron la misma tesis de trasladar la responsabilidad a la empresa de asesoría.

También ha declarado el actual concejal de Urbanismo de Bermeo y consejero delegado de la sociedad Beruala Juan Karlos Goienetxea, quien aseguró que el consejo de administración de la sociedad no tuvo conocimiento de las irregularidades, tanto del pacto judicial suscrito que luego se incumplió como de la paralización de las obras.

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