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La Fiscalía dice que Urkullu actuó con mala fe al no aprobar la carrera profesional en la Ertzaintza

Los sindicatos de la Ertzaintza, en una de las concentraciones frente al Parlamento.

Aitor Guenaga

El enfrentamiento entre el actual Gobierno vasco y los sindicatos de la Ertzaintza se complica aun más. En la batalla legal que debe dirimir el Tribunal Supremo sobre la aplicación del acuerdo sobre carrera profesional suscrito entre el consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares, y Erne en agosto de 2011, la Fiscalía se ha puesto del lado de la central mayoritaria. El fiscal acusa al actual Ejecutivo de Urkullu de practicar “una suerte de desviacionismo del procedimiento debido en la negociación colectiva, escapándose de tal procedimiento y apartándose así de la buena fe o no actuando por completo con arreglo a las exigencias que la buena fe impone” por no haber dado cauce a aquel acuerdo y convirtiéndolo así por la vía de los hechos en papel mojado.

Un “imperativo aun más intenso una vez que se había frustrado la modificación de la Ley Vasca de Policía” que habían promovido los socialistas con una enmienda en el Parlamento al adelantarse las elecciones en agosto de 2012, segun el escrito presentado por el fiscal del caso, Ricardo González Cerrón, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Este asunto de la carrera profesional es también uno de los elementos del enfrentamiento que, en estos momentos, se vive en la Ertzaintza, que tiene bloqueada la negociación y a los sindicatos en pie de guerra.

El Ministerio Público cree que junto al “desviacionismo” el nuevo Ejecutivo suma “la perseverancia en tal omisión” lo cual es interpretado por el fiscal como un “retraso desleal en retomar la correcta conducción del procedimiento” para el reconocimiento de los acuerdos firmados en la pasada legislatura. De esta manera, al reconocer que el Ejecutivo de Urkullu ha “violado el derecho a la libertad sindical” de Erne, la Fiscalía da un impulso con su escrito al recurso promovido por el sindicato mayoritario en la Ertzaintza después de que el Tribunal Superior vasco fallara en contra de su primer recurso.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó en junio del pasado año que el Gobierno vasco no está obligado a tramitar el sistema de carrera profesional en la Ertzaintza pactado al final de la pasada legislatura entre los sindicatos ErNE, Esan y Euspel y el Departamento de Interior, liderado entonces por el socialista Rodolfo Ares. Esta carrera profesional, según los cálculos realizados en la época en la que se firmó el acuerdo, suponía un gasto de alrededor de 50 millones de euros a lo largo de los siguientes cuatro años por los complementos que se preveía podría percibir los ertzainas según los ascensos y otro tipo de cambios.

La carrera profesional, además de estar relacionada con la determinación de escalas, categorías, etc, es interpretada también como un “instrumento de gestión, motivación e implicación” de los agentes, de forma que un ertzaina puede ir ascendiendo y mejorando su situación laboral y de grado en función del mérito real de su trabajo en el cuerpo. La Ley Vasca de Policía reconoce el derecho de los funcionarios policiales “a la carrera administrativa y a la promoción interna”.

Erne, sindicato mayoritario de la policía vasca, presentó un requerimiento para que el actual Ejecutivo aprobara el citado acuerdo en esta legislatura. Pero éste se negó a través de una orden de la consejera de Seguridad de febrero de 2014. Ante la negativa de tramitar y aprobar en el Consejo de Gobierno el desarrollo de la carrera profesional en la policía vasca, pactada en agosto de 2011 con ambos sindicatos, la central llevó el caso a los tribunales.

El acuerdo firmado en la etapa socialista obligaba al Ejecutivo del entonces lehendakari Patxi López a modificar la Ley de Policía para dar cabida a lo recogido en el pacto suscrito con los dos sindicatos. El Gobierno, que no aprobó un decreto con lo recogido en esa parte del acuerdo, promovió a través del Grupo socialista en el Parlamento una enmienda a la citada ley, que entonces estaba en pleno debate para su modificación. Pero el adelanto electoral, anunciado en agosto de 2012, impidió que, entre otras normas que decayeron, esa nueva Ley saliera adelante y no se produjo la cobertura legal necesaria para que el acuerdo sindical fuera una realidad. Es decir, de alguna manera, el acuerdo quedó en agua de borrajas por la disolución de la Cámara.

Modificación de la Ley de Policía

Pero el sindidato que impulsó esa negociación y logró pactar con Ares la carrera profesional no se dio por vencido. Y llevó a los tribunales el caso. En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso, que ahora tiene que estudiar el Tribunal Supremo, después de que la central mayoritaria recurriera la sentencia inicial desfavorable. Básicamente, esa sentencia mantiene que “no era exigible del actual Departamento de Seguridad la elevación de lo pactado al Gobierno vasco para su aprobación” al entender los jueces que seguía siendo “necesaria una modificación legislativa” que prestase cobertura a lo pactado con las centrales policiales.

En el recurso, el sindicato cree que el hecho de que los nuevos responsables de la Ertzaintza (ahora Departamento de Seguridad) no hayan elevado el acuerdo al Consejo de Gobierno “imposibilita que éste se pronuncie sobre su aprobación o desaprobación o bien que pueda remitir” al Parlamento vasco “un proyecto de ley conforme el contenido del acuerdo”. Erne recordaba en su recurso que si no se daba ninguna de las dos vías se “deben reiniciar obligatoriamente las negociaciones en el plazo de un mes si lo pide alguna de las partes” para subsanar los posibles defectos existentes o para sellar un nuevo acuerdo.

Las negociaciones en estos momentos entre el Departamento y todos los sindicatos están rotas y la Ertzaintza vive un nivel de conflictividad tan grande que ha llegado a salpicar al lehendakari, que ha reprobado las concentraciones y los escraches de los sindicatos frente al Parlamento y otras instituciones.

El fiscal del Alto Tribunal señala que, como está reconocido en la jurisprudencia del propio Supremo, la negociación colectiva “se integra en el contenido del derecho de libertad sindical reconocido en el artículo 28 de la Constitición. Y el fiscal no cree que haya infracción de ese artículo sobre el derecho a la libertad sindical. Pero sí sobre la ”buena fe“ que debe presidir la negociación colectiva entre sindicatos y Administración. En ese sentido, el fiscal invoca varias sentencias de Supremo de 2009, 2012 y recuerda que ”entre sus finalidades se incluye la de fijar el modo de actuar al que ha de ajustarse la Administración que tiene a su cargo funciones en relación con pactos y acuerdos de la negociación colectiva“ (...) ”en particular el deber que a la Administración incumbe de obrar conforme a las exigencias de la buena fe“. Y ahí, en el procedimiento de la negociación colectiva, no caben ”fisuras o intersticios“. En este caso, el Ministerio Público entiende que la Ley Vasca de Policía prevé ”la potencial aprobación por el Consejo de Gobierno de los acuerdos negociados, que también, y por la propia extensión lógica del precepto, abarca la posibilidad de denegarla, sin perjuicio de dar lugar, en el ejercicio de las competencias que al Gobierno vasco corresponden, a una iniciativa legislativa, remitiendo ese Gobierno un proyecto de ley a la Cámara, si se estima que el acuerdo, fruto de la negociación colectiva, precisa de cobertura legal con rango de ley“.

El fiscal cree que el nuevo Ejecutivo, al no hacer nada, ha practicado “una suerte de desviacionismo del procedimiento debido en la negociación colectiva, escapándose de tal procedimiento y apartándose así de la buena fe o no actuando por completo con arreglo a las exigencias que la buena fe impone”. En su escrito parcialmente estimatorio del recurso de Erne, el fiscal del caso cree que procede anular la orden del Departamento de Seguridad y elevar al Consejo de Gobierno el acuerdo suscrito el 12 de agosto de 2011 entre ErNE, Esan y Euspel, con el Ejecutivo socialista de entonces.

Los actuales gestores del Departamento han señalado en varias ocasiones que es inviable el acuerdo suscrito en 2011 en relación a la carrera profesional porque no hay presupuesto para hacer frente al mismo.

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