La Fiscalía reactiva la investigación por los fallidos proyectos de Hiriko y Epsilon
La Fiscalía de Álava ha reactivado su investigación en torno al fallido proyecto de Hiriko, ampliando además el abanico al proyecto Epsilon. El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha remitido un escrito a la presidenta el Parlamento vasco, la peneuvista Bakartxo Tejería, en el que se reclama “toda la documentación remitida por el Gobierno vasco a la Comisión de Investigación sobre la ayudas a Epsilon e Hiriko”. Ambos proyectos fracasados, relacionados con la Fórmula 1 y el coche eléctrico, respectivamente, han costado a las arcas públicas más de 60 millones de euros.
En concreto, el fiscal quiere una copia de las “operaciones de Epsilon analizadas por dicha comisión” y le pide a la presidenta de la Cámara que si es posible la remita en formato digital. El escrito, al que ha tenido acceso eldiarinorte.es, lleva fecha del pasado 12 de septiembre, fue enviado el pasado 16 de septiembre y tuvo entrada en el Parlamento el 23 de este mismo mes. Izaguirre especifica, además, que quiere que se incluya en esos envíos entre el Legislativo y el Ejecutivo el “oficio-comunicaciòn al Gobierno vasco y el oficio-comunicacion del Gobierno vasco al Parlamento”, según el escrito del ministerio fiscal.
La Fiscalía de Álava abrió el pasado mes de julio diligencias (11/2014) para investigar la existencia de un posible delito de alzamiento de bienes por parte de Afypaida, la empresa que promovió el fallido proyecto Hiriko. El fiscal Josu Izagirre actuó tras la denuncia presentada por la coalición EH Bildu, una vez que este grupo confirmó que se iban a liberar determinadas patentes relacionadas con este proyecto de Investigación y Desarrollo fallido. El fiscal entendió al abrir las diligencias de investigación que había suficientes indicios de que se ha podido cometer un delito de alzamiento de bienes en relación a la empresa investigada.
La sociedad Afypaida había dejado de pagar la tasa de mantenimiento de estas patentes, que finalmente quedaron liberadas, con lo que cualquiera podía hacer con ellas prácticamente gratis. Dichas patentes han supuesto un desembolso de 16 millones de dinero público, que es la cantidad que las administraciones desembolsaron en su momento a Afypaida para que desarrollara el fracasado proyecto. La consejera de Desarrollo Económico y Competividad, Aratza Tapia, restó importancia en su momento a la liberalización de esas patentes argumentando que habían quedado obsoletas y habían sido superadas por otras posteriores.
Pero ahora, el fiscal se interesa también por las operaciones de Epsilon que fueron analizadas por dicha comisión, lo cual da a entender que la Fiscalía alavesa quiere conocer también las operaciones del proyecto Epsilon o ver las relaciones entre ambos proyectos y las subvenciones públicas libradas por el Ejecutivo autonómico.
El jueves, debate en el Parlamento
Este jueves, el Parlamento debatirá y votará el informe definitivo aprobado por la Comisión de investigación sobre las ayudas públicas recibidas por las empresas Epsilon e Hiriko. El dictamen sobre dichas ayudas con dinero público las ayudas públicas constató las “irregularidades” y los “defectos” en la acción de los poderes públicos a la hora de actuar con estos proyectos fallidos, que han costado a las arcas públicas más de 60 millones de euros en subvenciones, préstamos o ayudas. En un momento del informe, su redactor, el presidente de la comisión, Carmelo Barrio (PP), llegaba a hablar incluso de “situaciones de grave quebranto económico” para el erario público.
El dictamen apuntó las “responsabilidades políticas” de los cargos del PNV que dieron luz verde a determinadas operaciones -como la cesión de rango hipotecario por parte del Parque Tecnológico de Álava a dos cajas- relacionadas con Epsilon o Hiriko, aunque no daba nombres concretos. Entre ellos destacaban la actual consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia; la entonces consejera de Industria, Ana Aguirre, y varios cargos más peneuvistas, algunos de los cuales mantienen altos cargos en el actual Gobierno del lehendakari Urkullu.
El Tribunal Vasco de Cuentas zanja su crisis
Finalmente, el pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha zanjado la crisis que arrastraba tras la comparecencia de su presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, en la comisión de investigación de Epsilon. El pleno del lunes pasado aprobó una resolución con los votos de los cinco consejeros nombrados a propuesta del PNV (3) y del PSE-EE (2) en la que se señala que Churiaque emitió “opiniones particulares no amparadas por ningún acuerdo plenario, lo que pudo producir un sesgo en la información transmitida, por lo que dicha actuación no se ajustó a la función de representación del órgano colegiado del que el presidente forma parte”. Tanto Churiaque, como el otro consejero nombrado a instancias del PP votaron en contra.
La declaración cierra la crisis que vivía el órgano fiscalizador vasco y que le ha mantenido casi paralizado en los últimos meses.
