Garitano e Izagirre presionaron al representante del Estado para amarrar su financiación en Donostia 2016
Los recelos con los que el Gobierno central vio la dirección de Donostia capital cultural 2016 -en manos de EH Bildu a través de la Diputación guipuzcoana y del Ayuntamiento donostiarra- y la falta de concreción de sus proyectos estuvieron presentes desde el primer día. Pero también las presiones que recibió el representante del Ministerio de Cultura desde el primer minuto, nada más acceder al Patronato de la Fundación Donostia 2016, para que se comprometiera financieramente con el proyecto. Sin olvidar las reticencias de los representantes del Gobierno vasco (PNV) en relación a la financiación y su utilización como arma arrojadiza entre las diferentes instituciones ante los medios de comunicación. Un hecho que motivo la petición de la consejera de Cultura, Cristina Uriarte, de “establecer una estrategia de comunicación que evite que entre las instituciones implicadas se produzcan polémicas publicas y existan confrontaciones en los medios de comunicación”.
Todos estos recelos, sospechas y presiones han quedado reflejados en las actas de las reuniones del Patronato de la Fundación Donostia 2016, el órgano donde están representados todas las instituciones -Gobiernos central y vasco, Diputación de Gipuzkoa, Ayuntamiento de San Sebastián y los miembros del equipo directivo de la Oficina Donostia Capital Europea de la Cultura 2016. Dichas actas -a las que ha tenido acceso eldiarionorte.es- revelan las suspicacias institucionales a varias bandas y los problemas de compromiso con el proyecto, algo que ha salpicado la historia de Donostia 2016 en los últimos años.
La primera vez que se informa al Patronato de la solicitud de incorporación del representante del Ministerio de Cultura es en la reunión del patronato de 5 de diciembre de 2012. Los representantes del Gobierno vasco, entonces en manos el PSE, están ya de salida del Ejecutivo y en esa reunión se indica que quien va a representar al Estado es el subdelegado del Gobierno, José Luis Herrador. En la siguiente reunión del Patronato, el 21 de febrero de 2013, Herrador se incorpora al Patronato, así como los nuevos representantes del Ejecutivo vasco: la consejera de Cultura, Cristina Uriarte, y su viceconsejero José Ángel María Muñoz.
Y desde ese mismo momento comienzan los recordatorios y las presiones al representante del Gobierno central en relación con los fondos que va a librar. El alcalde donostiarra y presidente del Patronato, Juan Karlos Izagirre, tomó la palabra ese día para recordar “que la incorporación del Estado como patrono se produce previo compromiso de colaborar con el proyecto”. Y apunta que sería “interesante e importante, para conocer los fondos con los que se puede contar a la hora de ir perfilando el proyecto, que por el Estado, al igual que han hecho las otras instituciones, se elabore y presente un plurianual que, si bien no compromete, sí que establece una voluntad”. Inmediatamente tomo la palabra el diputado general de Gipuzkoa y vicepresidente del Patronato, Martin Garitano, para reforzar dicha exigencia. “En una época de recortes, el conocer los compromisos de base y partida para diseñar un proyecto sostenible económicamente es fundamental”, remarcó.
La respuesta del representante del Gobierno central fue clara: primero es fundamental conocer previamente “un proyecto concreto y evaluado económicamente” y les recordó que la aportación no iba a “ser solo financiera, que también, sino de colaboración de todo el entramado institucional estatal, política exteriores, cesiones de museos, comisariados, etc”. Pero siempre dejando clara la voluntad de la Administración central de “participar y colaborar de la forma más amplia posible”.
Primera reunión
Y en esa primera reunión, Izagirre tomó de nuevo la palabra para insistir en la idea de que “desde un mínimo punto de responsabilidad, sin que se produzcan malas interpretaciones, es necesario conocer los compromisos que asume cada patrono”. Y el propio Garitano volvió a intervenir para señalar que “sobre todo en un época de recortes el conocer los compromisos de base y partida para diseñar un proyecto sostenible económicamente es fundamental”.
Enfrente, probablemente bien aleccionado por el Ministerio de Cultura, el subdelegado del Gobierno devolvió la pelota señalando que era necesario “conocer con precisión el proyecto y su alcance económico, así como los compromisos del resto de instituciones”. Y en ese punto de la discusión avanzó que “este año [2013] no será posible aportar nada y difícilmente en 2014, concentrándose las aportaciones en 2015 y 2016”.
Es en ese momento de la discusión cuando toma la palabra en la reunión la coordinadora de la Oficina Donostia Capital Europea 2016, Eva Salaberria -que abandonaría el puesto cuatro meses después- para recordar que dentro de la financiación publica había “una previsión inicial para el Estado de 11 millones de euro”.
Para entonces hasta Garitano sabía -así lo reconoce en este encuentro- que las previsiones iniciales económicas del proyecto había que “ajustarlas economicamente”. De hecho, de las previsiones iniciales presupuestarias de 89 millones de euros entre 2008-2010, se pasó a 72 millones para las acciones y proyectos previstos en Donostia capital cultural 2016.
La Prensa, al margen
La propia consejera de Cultura, Cristina Uriarte, en la siguiente reunión del Patronato, celebrada el 21 de marzo de 2013, tres meses antes de la dimisión de la coordinadora gerente de la Oficina Donostia Capital Cultural 2016, Eva Salaberria, ya advierte de “la necesidad de una revisión en relación con la cantidades previstas” en los presupuestos plurianuales “a la vista de las dificultades económicas de las instituciones y de la descompensación que se va a producir entre financiacio privada y pública, con un importante descenso de la privada únicamente”.
Y la consejera vasca pidió blindar esos ajustes que ya se prevían en las aportaciones de las instituciones al proyecto Donostia 2016 de “polémicas públicas en los medios de comunicación”. Su viceconsejero de Cultura, José Ángel María Muñoz, reforzó esa idea señalando que “de lo que se trataría es de la asunción por todos de una concreción de aportaciones plurianuales con un grado de incertidumbre amplio y sujeto a revisión, y por tanto el nivel de compromiso institucional no puede considerarse cerrado y firme. Lo cual lleva a su vez a un compromiso claro y conveniente entre todos de comunicación y no exigencia pública de cumplimiento”.
Y Uriarte puntualizó, ante la insistencia de Salaberria de que “en el momento que se crea la Fundación se parte de un acuerdo económico con 72 millones de euros”, que “en ese mismo acuerdo existen matizaciones en relación con la vinculación de los compromisos a la existencia de consignaciones presupuestarias”.
En esa reunión, finalmente, se aprobó un presupuesto superior a los 3,5 millones para la Fundación Donostia 2016.
