Gipuzkoa dejará de enviar residuos a Cantabria en agosto al alcanzar el cupo
Gipuzkoa dejará de enviar residuos al vertedero cántabro de Meruelo a mediados del próximo mes de agosto, para cuando se prevé alcanzar el cupo de vertidos de 170.000 toneladas previsto en el acuerdo alcanzado el año pasado entre la diputación foral y el Gobierno PRC-PSOE. Este lunes, han llegado los primeros nueve camiones con 200 toneladas de basura que producen los guipuzcoanos.
El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ya anunció el pasado viernes que a partir del 11 de agosto cesará el envío de basuras a esta región, y la fracción resto del territorio se depositará en el vertedero de Lurpe (Mutiloa), que ha empezado a recibir desde este lunes los residuos urbanos de forma gradual.
Tras este anuncio, el Ejecutivo autonómico ha valorado en un comunicado el “adecuado cumplimiento” del convenio con el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa firmado en mayo de 2016, ante la falta de infraestructuras de vertido en el territorio foral.
A principios del año pasado, la Diputación guipuzcoana pidió auxilio al Gobierno de Cantabria para poder verter sus residuos de fracción resto no orgánica en Meruelo, ante una situación de “emergencia” por un problema de salud pública.
Ambas administraciones firmaron un preacuerdo de tres meses durante el que negociaron el posterior convenio para que el vertido se realizara durante año y medio, desde mediados de 2016 hasta finales de este 2017, y después de que regionalistas y socialistas, que sustentan al Ejecutivo en minoría PRC-PSOE, recabaran el apoyo de los dos diputados de Ciudadanos en el Parlamento.
Durante ese tiempo, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa tenía previsto trasladar a Meruelo 128.000 toneladas de basura, a sumar a las 42.000 enviadas en los tres meses previos al convenio, hasta alcanzar así un total de 170.000. Según las previsiones, se cupo límite de vertido se alcanzará entre el 11 y el 17 de agosto de este año.
Según datos difundidos por Cantabria, a fecha de 31 de mayo han entrado en el vertedero de Meruelo procedentes de Gipuzkoa 148.563 toneladas de residuos, de los cuales 88.221 corresponden al ejercicio 2016 y las 60.341 restantes son relativas al periodo enero-mayo de este año.
Así, teniendo en cuenta el “ritmo” de vertido y que desde el próximo lunes la provincia vasca también depositará sus residuos en Mutiloa, la previsión es que es que a mediados de agosto se alcance el límite de vertido establecido en el convenio, que se adoptó como una “solución” de carácter “temporal” -año y medio de vigencia- mientras Gipuzkoa encontraba una alternativa al problema.
A cambio del vertido, y según el acuerdo rubricado, Cantabria ingresaría unos 12 millones de euros a través de la empresa Mare, encargada de la gestión de los residuos, lo que contribuiría a sanear las cuentas y mantener el empleo en esta sociedad pública adscrita a la Vicepresidencia y Consejería de Medio Ambiente.
“Demanda histórica”
El diputado foral y responsable del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa reveló el pasado viernes que el 11 de agosto se dejarán de verter residuos de esta provincia vasca a Meruelo y que desde este lunes se comenzarán a depositar en el de Mutiloa, de forma “gradual y escalonada para que la organización logística se haga de forma ordenada y la afección sea mínima”.
Asensio se reunió la pasada semana con los alcaldes de Ormaiztegi, Jon Enrique Galarza y Mutiloa, Jon Enrique Galarza e Iñaki Ugalde, respectivamente, ha visitado el vertedero de Lurpe, tras las obras de acondicionamiento para informarles de la situación.
En ese contexto, se ha mostrado satisfecho de que “finalmente podamos tratar nuestros residuos en el Territorio y no tengamos que enviarlo fuera con el consiguiente coste económico y ecológico”.
Conscientes de que esta solución provocará un aumento del tráfico de Ormaiztegi, Asensio y Galarza han suscrito un convenio para la ejecución de un paso peatonal con una acera paralela a la GI-3540, para proteger el paso de los alumnos y el de los usuarios de la zona deportiva. El presupuesto de la obra, que correrá a cargo de la Diputación, es de 106.000 euros. El plazo previsto de ejecución es de seis semanas.
“Se trata de ser sensibles a las inquietudes de los vecinos y responder a una demanda histórica. Es una medida de carácter preventivo con el fin de garantizar la seguridad de, especialmente los niños y de los vecinos en general, como consecuencia de la mayor afluencia de camiones”, ha explicado el diputado de Medio Ambiente.
Asimismo, ha recordado que esta solución es “provisional”, ya que dentro de dos años, cuando la incineradora “sea una realidad” no será necesario transportar el residuo “a éste, ni a ningún otro vertedero”.
