Gipuzkoa busca el escarmiento en seguridad laboral con una multa de 1,6 milllones
La Diputación de Gipuzkoa pretende sentar un precedente con la multa que quiere imponer a la UTE Lapatza por la muerte de un trabajador en accidente laboral. La institución foral y los sindicatos que integran la Comisión de Seguimiento creada para seguir las obras de la carretera GI-632 han propuesto imponer una penalización de 1,6 millones de euros a Lapatza. Ambos partes consideran que hubo responsabilidades por parte de la adjudicataria de las obras en el accidente que provocó la muerte de José Ignacio Alkorta Retegi, de 33 años, el pasado mes de septiembre en Deskarga. Además, la Diputación, dirigida por EH Bildu, va a ejercer la acusación popular ante los tribunales.
La institución foral y los sindicatos LAB, CCOO y UGT han estudiado los informes remitidos por Osalan e Inspección de Trabajo con motivo del accidente laboral ocurrido en septiembre. Tras estudiarlos, la Diputación ha concluido que Lapatza “infringió su deber contractual en el ámbito de seguridad y salud” y que, por lo tanto, “incurre en responsabilidad”. De este modo, va a proponer imponer, con el acuerdo de las centrales sindicales, una sanción de 1,6 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) que se montó para las obras y que se denominó Lapatza.
“Se ha aplicado lo dispuesto en los pliegos que rigen esta obra”, ha explicado la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte. “Esperamos no tener que volver a hacerlo, ya que eso supondría que las condiciones laborales y de seguridad están siendo garantizadas en esta obra y que, por tanto, el personal está trabajando con total seguridad”.
Seguridad
La diputada foral ha confiado en que todas las empresas “confieran la importancia necesaria al tema de la seguridad” y que, de esta manera, se puedan reducir los accidentes laborales, al tiempo que ha considerado “indispensable” que las instituciones actúen “de manera eficaz” en este ámbito.Según la diputada, “puede haber indicios de criminalidad, como consecuencia de varias infracciones graves. La Diputación tiene que defender los derechos de la ciudadanía y de las personas trabajadoras ante estas infracciones”. Tras el accidente, la Diputación acordó como medida cautelar dejar a la empresa Aballa fuera de las obras. “Ahora se confirma que gracias a esta medida se evitó poner en riesgo a otras personas, puesto que ha quedado claro que la maquinaria utilizada por esta empresa no se encontraba en buenas condiciones, lo que acarreaba un serio peligro”, ha concluido.
