La Inspección de Trabajo, en alerta con Glovo y Deliveroo: “Son la punta del iceberg de lo que va a venir”
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en España en general y también en Euskadi, ha estrechado el cerco a empresas como Glovo o Deliveroo, nuevas plataformas digitales de reparto que se valen de 'riders' o mensajeros aparentemente autónomos pero que trabajan en un régimen de alta precariedad. Carlos García, director territorial de este organismo en el País Vasco, asume en declaraciones a este periódico la “incertidumbre” por la falta de regulación de este sector y destaca la importancia de seguir con un trabajo programado de control porque “este fenómeno va a ir a más”. “Las plataformas que conocemos ahora son la punta del iceberg de lo que va a venir”, vaticina.
García está al frente de un equipo de cien inspectores estatales que trabajan en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Asimismo, se coordinan con otro centenar de funcionarios de la Inspección de Trabajo autonómica. Ambas instituciones están realizando seguimiento a la actividad de Glovo o Deliveroo, cuyos repartidores en bicicleta son cada vez más habituales en las calles vascas. En el caso del Estado, el Ministerio de Trabajo fijó este sector como una prioridad en su programa general de trabajo y ha iniciado un buen número de actuaciones de oficio en toda España. En el caso del Gobierno vasco, la consejera de Trabajo, María Jesús San José, ha confirmado recientemente en el Parlamento ante una pregunta de EH Bildu que también hay investigaciones abiertas, aunque matiza que son los inspectores estatales los que tienen más margen de maniobra porque ellos tienen competencias para determinar si una relación económica es laboral o de autónomo.
El responsable de la Inspección de Trabajo en el País Vasco explica que es muy pronto para extraer conclusiones “cuantitativas” sobre el resultado de las investigaciones a las empresas de reparto a través de plataformas digitales. El fenómeno “es nuevo” y, además, en el caso vasco ha llegado con algo de retraso en relación a las principales capitales españolas. “Las investigaciones están en curso”, matiza García, que apela a la confidencialidad de estos expedientes y añade, además, la incógnita de que no existe jurisprudencia laboral unificada por el momento, como tampoco una directiva marco en la Unión Europea. “Todo esto plantea dudas. Hay sentencias en primera instancia con planteamientos muy dispares y el problema es esta incertidumbre judicial, que condiciona el resultado final de las actuaciones inspectoras”, indica.
A su juicio, no se pueden abordar estos fenómenos con las regulaciones clásicas del mercado laboral porque, aunque le parece obvia la relación de dependencia de los trabajadores respecto a las plataformas matriz en cuanto horarios o pagos, se trata de “una situación un tanto intermedia”. “Está inclinada hacia el lado laboral pero con peculiaridades que impiden sin más equipararlo con categorías clásicas. Y el legislador no nos ha dado respuesta”, lamenta García, que abunda que la falta de actividad en las Cortes Generales no ayuda precisamente a acelerar la búsqueda de soluciones.
El 'quid' de la cuestión está en determinar si los repartidores han de ser dados de alta como empleados -y que Glovo y las demás costeen su Seguridad Social- o si realmente son autónomos. Porque, según García, “no estamos hablando en realidad de economía sumergida” ya que “están cubiertos por la Seguridad Social” con las cuotas que pagan ellos mismos, si bien esta segunda opción es mucho más onerosa y precaria. En este sentido, considera mucho más lesiva para las arcas públicas la actividad económica de Wallapop, donde a los intercambios entre particulares se suman “plataformas de venta profesionalizadas” que no emiten facturas y no pagan impuestos. Otra cosa es que “evidentemente son trabajadores que están en la calle y sometidos a los riesgos inherentes”, abunda García recordando el accidente de Barcelona.
“Las actuaciones están en marcha, el Ministerio ha considerado que esto es prioritario y pronto veremos el resultado final del trabajo inspector”, confía el responsable del País Vasco. A su entender, es muy importante fijar con celeridad una base interpretativa ya que en otros países están surgiendo “otras plataformas nuevas” para trabajos “más complejos” que los del reparto, como las reformas y las 'chapuzas', y con perfiles profesionales mucho más heterogéneos.
También el Gobierno vasco opina que esta nueva realidad “ha venido para quedarse” y ha iniciado un proceso de formación para sus inspectores y técnicos del instituto de salud laboral (Osalan), entre otras cosas porque los nuevos marcos laborales entrañan también nuevos tipos de riesgos. “Desde hace medio año, Osalan mantiene relaciones directas y constantes con el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Universidad de Valencia para desarrollar un proyecto destinado a la evaluación de riesgos laborales en esta material”, ha indicado la consejera San José al Parlamento.
