El Gobierno de Urkullu ha incumplido cerca de veinte acuerdos parlamentarios
Entre las tareas que tiene encomendadas la Cámara vasca, además de ejercer la potestad legislativa, con mayor o menor productividad, o aprobar los presupuestos de la comunidad, debe impulsar y controlar la acción del Gobierno vasco, si es que el Ejecutivo se deja. Si se echa la vista atrás, desde que el equipo de Íñigo Urkullu se hizo con el Gobierno vasco el 15 de diciembre del 2012, han sido al menos una veintena las resoluciones aprobadas por la Cámara vasca incumplidas por el ejecutivo.
Así que el Parlamento vasco acuerda y el Gobierno desoye. Esta recopilación es el resultado de un rápido recuento. En el tintero quedarán asuntos acordados de menor índole que hayan pasado desapercibidos al hacer memoria y perdidos en breves de media columna en la hemeroteca.
El listado de resoluciones aprobadas por el Parlamento que el Gobierno de Ínigo Urkullu ha incumplido engloba temas sanitarios, sobre transparencia del sector público, sobre protección social o sobre empleo. Según el repaso realizado por eldiarionorte.es, el área de Salud es la que acumula un importante número de incumplimientos. En esta legislatura el Parlamento ratificó el acuerdo de crear un banco de leche materna en Euskadi para garantizar las necesidades de los niños prematuros y los de aquellas madres que no pueden amamantarlos. Pero aún no se ha abierto este recurso a pesar de que ya existe en el hospital de Cruces un espacio habilitado para este fin.
PAC en Durango y Oncologikoa en Donostia
Otro repetitivo debate celebrado hasta en tres ocasiones en la Cámara vasca y siempre con el mismo resultado es el relativo a Oncologikoa. Los grupos parlamentarios aprobaron la proposición del PSE para que el centro privado de Donostia pase a estar integrado en la sanidad pública vasca pero el departamento de Salud dirigido por Jon Darpón hace oídos sordos a la resolución. La misma respuesta se ofrece con respecto a las listas de espera. El Parlamento ha instado al Gobierno tras su aprobación en Pleno a enviar a las formaciones parlamentarias con periodicidad mensual las listas de espera por especialidades así como la creación de una web donde los usuarios puedan hacer un seguimiento, ver la evolución y comprobar si hay incidencias que retrasan las citas. El Gobierno asegura que no es posible cumplir con esta aspiración.
Tampoco está de acuerdo en la creación de un segunda plaza del Punto de Atención Continuada del centro de Salud de Durango. A pesar de que los trabajadores denunciaron en sede parlamentaria, en su comparecencia en la comisión correspondiente, las 470 incidencias por “anomalías” en la asistencia sanitaria y el equipamiento disponible y después de que los grupos aprobaron ampliar este recurso, el Gobierno no cumple lo acordado. Según las explicaciones que ha ofrecido, no considera necesaria esa propuesta que en origen presentó EH Bildu.
Conciliación familiar y plan de pobreza infantil
Otro ámbito que registra incumplimientos es de protección social. La ampliación en los presupuestos de la partida de las Ayudas de Emergencia Social es una reivindicación incumplida y aprobada por la Cámara. Las formaciones consideran insuficiente el dinero destinado a este fin. De hecho, cada año se agota y el Gobierno de ve obligado a aumentar la financiación, pero se niega a hacerlo en el proyecto presupuestario. “No es posible” por falta de “disponibilidad” de recursos, ha argumentado el PNV para defender el rechazo a la propuesta en pleno. Caso similar es el de las ayudas a la conciliación familiar. Pese al acuerdo parlamentario para incrementar el dinero de esta prestación en los presupuestos del próximo ejercicio para dar respuesta a todas las solicitudes que cumplan las condiciones, no se ha hecho.
Sobre la adopción de medidas para evitar la pobreza energética de las familias vascas, cerca de 90.000 padecen este tipo de pobreza, el incumplimiento es también reiterativo. La Cámara vasca ha abordado el tema en varias ocasiones por la insistencia de los socialistas. El Pleno ya acordó instar al Gobierno Vasco para que arbitrará medidas contra la pobreza energética, para evitar que haya familias que sufran cortes de luz, agua o gas “por causas económicas sobrevenidas”. Desde el Ejecutivo entienden que las AES (ayudas de emergencia social) ya recogen gastos de energía y agua y rechazan crear unas medidas específicas para este ámbito.
RPT de Lanbide, dos OPE e infraestructuras educativas
En noviembre del 2013 el pleno del Parlamento vasco aprobó, a instancias del PSE, una proposición que sigue en el cajón. Se instaba al Gobierno a que en un plazo de cuatro meses elaborase, impulsara y pusiera en práctica un plan especial contra la pobreza y la exclusión social del que, el Ejecutivo de Urkullu, a estas alturas, sigue sin dar cuenta. De la misma forma está pendiente el plan contra la pobreza infantil que salió adelante en comisión a propuesta de UPyD. El Gobierno si ha abordado una evaluación de la situación de los menores en el País Vasco pero de momento no ha cerrado el diseño del plan contra la situaciones de precariedad que sufren 33.000 niños y niñas de 14 años en Euskadi.
En materia infantil tampoco se han actualizado los requisitos de acceso a las Haurreskolak, Escuelas Infantiles, cuya cuota mensual supone un tercio del salario mínimo, una cantidad inasumible para muchas familias. El Gobierno tan solo se comprometió a estudiarlo. También se han aprobado acuerdos impulsados por EH Bildu para mejorar infraestructuras educativas en Zabalgana y Zuia, que siguen sin cumplirse.
En el apartado de empleo público son varias las resoluciones sin ejecutar. La RPT de Lanbide que ha reclamado el Parlamento sigue sin firmarse. La OPE en Osakidetza y la de Educación del 2014 no se han convocado como solicitó el Pleno de la Cámara vasca. Nada se sabe del Plan de Empleo público para la Administración cuya creación aprobaron los grupos parlamentarios, tras la PNL presentada por los socialistas, para dotar de estabilidad al actual y garantizar el relevo generacional en una administración con una media de edad de los funcionarios de en torno a los 53 años, y de 50 años en el caso de los interinos. La Cámara también aprobó la petición de derogación del decreto de Rajoy que impone el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos pero el Gobierno vasco no mantiene una postura clara al respecto.
Datos accesibles sobre entidades del sector público
En cuanto a las medidas aprobadas por el Pleno a instancias del PSE sobre las modificaciones reglamentarias relativas a la mejora de la transparencia, la agilización de los trabajos y la participación en la Cámara vasca, tampoco ha habido avances sustanciales.
En esta línea se aprobó también una propuesta que insta al Gobierno vasco a publicar anualmente en un apartado destacado de su página web oficial los datos relativos a cada una de las entidades que forman parte del Sector Público de la Comunidad Autónoma vasca y entidades participadas. El planteamiento, que partió de UPyD, pretendía que fueran publicados de forma accesible y clara datos relacionados con el capital, socios, patrimonio, presupuestos, deuda, cuenta de explotación, composición del consejo de administración, plantillas, retribuciones del personal directivo o puestos de libre designación. Pero, de momento, no ocupan un lugar relevante en el portal de oficial del Gobierno de Urkullu ni son fáciles de localizar.
Resoluciones de los plenos monográficos
En las sesiones monográficas se aprueban resoluciones. Dos de importante calado no se han visto satisfechas. En una se instaba al Gobierno vasco a diseñar y elaborar, a través del Plan de Industrialización 2014-2016, una planificación para el establecimiento de cláusulas y criterios sociales en todas las ayudas que se otorgan a las empresas. En dichas cláusulas y criterios se pretendía establecer, entre otros, compromisos de mantenimiento del empleo y lcondiciones laborales, igualdad y reparto del trabajo, no deslocalización de las empresas, no aplicación de los aspectos más duros de la última reforma laboral y fomento de la negociación colectiva. Esto está en tareas pendientes al igual que el protocolo especial para encauzar la situación de las empresas que atraviesan dificultades. Ambas propuestas se presentaron a iniciativa de EH Bildu.
