El Gobierno presenta un “borrador” de Ley de Memoria Histórica al tiempo que rechaza el texto de la oposición tomado de asociaciones memorialistas

El Gobierno vasco de PNV y PSE-EE ha presentado este martes un “borrador” de ley autonómica de Memoria Histórica para mejorar la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, promover la retirada de símbolos franquistas y fomentar programas educativos. La realidad, sin embargo, es que “no hay fecha fija” para su aprobación en Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento, que encara ya el último año de la legislatura si es que no se produce un adelanto electoral, por lo que su entrada en vigor se antoja complicada más allá del deseo manifestado por el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, de “esmerarse” en lograr ese objetivo.

Esta Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi no estaba prevista en el calendario legislativo para la legislatura del Gobierno de Iñigo Urkullu. En paralelo, asociaciones memorialistas impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó en julio. El texto, finalmente, fue retirado ante sus negras perspectivas en la Cámara y ante la constatación de que el Gobierno preparaba ya un texto propio. Sin embargo, hace unas semanas los partidos EH Bildu y Elkarrekin Podemos hicieron suya la ILP y la registraron como proposición de ley. 

El portavoz del Gobierno ha afirmado que uno y otro textos, “aunque no son coincidentes al 100%”, tienen “muchos elementos en común”. Eso sí, en el conocido ahora “no hay una previsión concreta” en el apartado de ayudas económicas para los represaliados. Sin embargo, Erkoreka ya ha adelantado que el Ejecutivo emitirá un informe negativo a la propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, lo que le aboca a que PNV y PSE-EE voten en contra y decaiga. “El criterio del Gobierno será contrario a la tramitación. Aspira a que el Parlamento dé prioridad al proyecto de ley [elaborado por él]”, ha explicado el consejero-portavoz en respuesta a preguntas de los periodistas. Sea como fuere, el Gobierno aspira a que las asociaciones memorialistas y los partidos participen en la fase de “alegaciones” que dé forma al documento final.

En cuanto al texto del Gobierno, centraliza en el Instituto de la Memoria (Gogora) las políticas de memoria histórica y remarca que la no existencia de una ley no indica que en Euskadi no se hayan trabajado estas políticas en los últimos años. Entre las propuestas, se alude a unidades didácticas basadas en el “rigor histórico” y la “pluralidad” para los centros escolares, a un mapa “actualizado” de restos, a un banco de ADN para identificar cuerpos localizados o a la retirada de símbolos de la dictadura. La disposición adicional primera fija un plazo de un año desde la entrada en vigor para que una comisión técnica presente “un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas”.