El Gobierno anuncia recortes por la aplicación de la Ley de Vivienda

La Ley vasca de Vivienda ya es una realidad, a pesar del Gobierno vasco. Hasta el último momento ha defendido su postura inicial de que la nueva ley (impulsada por el PSE y apoyada por EH Bildu y UPyD) crea inseguridad jurídica y que es, poco menos, que una carta a los Reyes Magos de muy difícil aplicación. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, se ha mostrado algo más cauteloso que su partido y se ha comprometido a desarrollar la norma por “lealtad al país y al Parlamento vasco”. Sin embargo, sí ha deslizado que se trata de una ley “compleja” y que obligará a realizar una serie de ajustes-recortes en el presupuesto para poder aplicarla en condiciones. Del discurso de su partido y del propio Gobierno se desprende que esta ley va a tener una andadura muy difícil.

“El Gobierno vasco no está en contra del derecho subjetivo a la vivienda porque ya existe a través de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)”, recalcó en primer lugar el consejero tras la aprobación de la norma. Y a continuación advirtió de que su aplicación exigirá “modificar el presupuesto destinado a la Vivienda, que pasaría de los 100 millones actuales a los 160 millones, lo que tendría como consecuencia la realización de un ajuste presupuestario”.

“Como Gobierno”, añadió, “hacemos nuestra la ley que el Parlamento vasco ha aprobado y contribuiremos con todas las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo reglamentario que corresponda y tratar de armonizar las colisiones que hay con otras leyes”. No obstante, ha puntualizado que la norma obligará a invertir entre 60 y 80 millones adicionales cada año y de que algunos de sus preceptos generan “cierta inseguridad jurídica”.

Durante el debate, el parlamentario del PNV Norberto Aldaiturriaga ha considerado que el texto “tiene un aire de lista de la compra y carta a los Reyes Magos” y ha advertido de que la ley es “técnicamente mala, confusa, no es coherente y no garantiza la seguridad jurídica”. Además, ha criticado que la norma no vaya acompañada de un estudio sobre su impacto económico en las arcas públicas y ha emplazado a “mantener los pies en la tierra” y legislar de manera “seria y no para hacer propaganda”.

Es precisamente este discurso junto con el que esbozó hace unas semanas el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, alertando de que el derecho al alquiler producirá “un efecto llamada masivo” y de “proyección mundial”, lo que hace a los partidos de la oposición y los agentes sociales (plataformas antidesahucios) mostrarse vigilantes.

Además, la Ley también cuenta con el rechazo de los constructores, a quienes les preocupa que la futura ley vaya a exigir que en un plazo de cinco años todos los recursos públicos de vivienda se destinen al arrendamiento barato. Los constructores quieren que quede claro que la vivienda protegida de iniciativa privada no se verá afectada por ese cambio de política.

El parlamentario socialista Bixen Itxaso, que se ha encargado de defender la Ley, ha reconocido que los recursos económicos “son escasos, pero hay que establecer prioridades y el acceso a la vivienda es un derecho básico”, como la educación o la sanidad. Para Itxaso, la Ley, basada en una política pública y en la perspectiva de que todo el que lo necesite tiene derecho a un techo obliga a “reconocer a la vivienda no como una mercancía de lujo, sino como una necesidad inalienable e indisponible tanto para los poderes del mercado, como para los poderes del Estado”.

Estas son las principales claves de la ley vasca de Vivienda:

1.-Derecho subjetivo a la vivienda.

El texto reconoce por primera vez en España el derecho subjetivo a la vivienda. Es decir, que si los ciudadanos empadronados en la comunidad autónoma que tengan necesidad de un alquiler y no puedan acceder a una vivienda la podrán reclamar a las instituciones. Si estas no responden, podrán acudir a los tribunales. Así, el derecho a la vivienda se equipara mediante una ley específica a la sanidad o a la educación. Tiene que quedar claro que el derecho no es a poseer una vivienda, sino a disponer de un alquiler.

2.-Penalización de las viviendas vacías.

Los propietarios que tengan una vivienda vacía y en el plazo de dos años no la hayan puesto a la venta o en alquiler —quedan excluidas las residencias de verano— deberán pagar un canon, establecido en 10 euros por metro cuadrado. El canon se incrementará anualmente en un 10% hasta llegar a un tope, establecido en tres veces la cuantía inicial. Así, una vivienda vacía de 60 metros cuadrados deberá pagar un canon de 600 euros el primer año. Si siguen pasando los años y no sale al mercado, el dueño llegaría a pagar un máximo de 1.800 euros al año. En la actualidad, el País Vasco cuenta con 42.000 pisos vacíos, excluidas las segundas residencias y las que están en venta o alquiler. Mientras, hay 50.000 demandantes de casa registrados en el Gobierno. A pesar de que los precios de venta han caído, las posibilidades de adquirir una vivienda en propiedad son remotas debido a las bajadas de los sueldos, la crisis y la imposibilidad de acceder al crédito. El precio de los alquileres también es prohibitivo; la crisis apenas ha afectado a este mercado. Solo ha descendido 46 euros de media durante la crisis, y sigue por encima de los 800.

3.-Expropiación a los bancos

La expropiación se producirá cuando se produzcan impagos de hipotecas o alquileres, se vaya a proceder a un desahucio y no haya otra solución de alojamiento. Es decir, solo se produciría la expropiación cuando a la familia no se le pudiera reubicar en pisos de protección oficial del municipio. En ese caso, el Gobierno vasco obligaría al banco a un alquiler forzoso.

4.-Parque público de alquiler.

La ley establece que en cinco años todas las políticas públicas serán de alquiler, por lo que obligará a los consistorios y demás administraciones a dejar de construir pisos de venta protegidos. Los constructores ya han advertido de que dedicar todo el parque protegido al alquiler puede resultar insostenible para los constructores.

5.-75 millones de euros al año.

El Gobierno vasco calcula que la aplicación de la nueva ley supondrá un coste para las arcas públicas de 750 millones de euros en 10 años, es decir, 75 millones anuales. El presupuesto anual que el Ejecutivo dedica, por ejemplo, a sanidad asciende a 3.000 y 2.500 a educación.

6.-Rechazo de los dos gobiernos.

El PNV (que preside el Gobierno vasco) y el PP (que dirige el Gobierno central) están en contra de la norma. Según el Gobierno vasco, la ley podría ejercer un “efecto llamada” a nivel mundial. “Podríamos encontrarnos con que dentro de unos años, cualquier persona, procedente de cualquier lugar del mundo, por el hecho de empadronarse en Euskadi, inmediatamente sería titular del derecho subjetivo a una vivienda”, ha llegado a decir el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. Para el PP, la ley de Vivienda no resolverá la actual situación de necesidad y solo generará “falsas expectativas”.