Gobierno vasco recurre al TC la Ley de Protección de Trabajadores a tiempo parcial al no haber alcanzado un acuerdo

El Gobierno vasco ha recurrido, finalmente, ante el Tribunal Constitucional parte de los artículos 7 y 8 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la Protección de los Trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, al no haber llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central durante la negociación bilateral mantenida durante seis meses. En este sentido, ha denunciado que la norma relega a Lanbide “a un mero comunicador de las infracciones” de quienes cobran prestaciones y subsidios.

El Gabinete de Iñigo Urkullu recuerda que estos artículos impugnados modifican el precepto del 27.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo; y un apartado, el 4 del artículo 48, del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En un comunicado, el Gobierno vasco destaca que esta Ley atribuye al Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina, la capacidad en exclusiva de iniciar los procedimientos sancionadores cuando alguna de las personas beneficiarias de prestación o subsidio por desempleo, al terminar su contrato a tiempo parcial, no renueve su demanda de empleo sin causa justificada.

Asimismo, le atribuye la competencia para sancionar cuando las personas beneficiarias de prestaciones o subsidios por desempleo cometan infracciones leves como la de no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones y comunicaciones.

En este sentido, el Ejecutivo de Urkullu recuerda al Gobierno español que las competencias para el inicio del procedimiento sancionador y para imponer las sanciones en el caso de las infracciones leves, son funciones que no tienen “ninguna relación directa” con el régimen económico de la Seguridad Social.

“Se trata de funciones accesorias y facultades de supervisión propias de las materias asumidas con la competencia de ejecución de la legislación de Seguridad Social prevista en el artículo 149.1.17 de la Constitución Española”, añade.

Además, apunta que, aunque el Ejecutivo central “quisiera sostener erróneamente que estas materias son parte del régimen económico de la Seguridad Social”, Euskadi “es la única Comunidad Autónoma que tiene reconocida las competencias en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social”.

El Gobierno vasco cree que,en virtud del artículo 18 del Estatuto de Gernika, “Euskadi podría ejercer estas funciones respecto a estos procesos sancionadores y que, por tanto, el Gobierno español, se está extralimitando en su regulación y relegando a Lanbide a un mero comunicador de la infracción, sin ninguna capacidad para iniciar o resolver el proceso sancionador en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional”.

AYUDAS A PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN

Con el fin de “evitar incurrir en un nuevo conflicto competencial con Euskadi”, el Ejecutivo del PNV insta al Gobierno del PP a pactar la nueva ayuda a las personas desempleadas de larga duración que ha firmado este lunes con los sindicatos.

En este sentido, el Gobierno autonómico recuerda que la anterior ayuda de 400 euros a las personas paradas de larga duración, el denominado 'Plan Prepara', también fue recurrido el año pasado al Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

“El Gobierno vasco considera que estas ayudas deben gestionarse a través de Lanbide al estar incluidas en la transferencia de Políticas Activas de Empleo conseguida en 2010”, afirma.

RECURSOS ANTE EL TC

En esta décima legislatura, el Gobierno vasco ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional ocho recursos y dos conflictos positivos de competencias por invasiones competenciales en 10 normas españolas.

En concreto, ha impugnado el Real Decreto-Ley 1/2013 por el que se prorroga el programa de recalificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo; Ley de Presupuestos 2012; la de Presupuestos 2013; el Real Decreto-Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; y el Real Decreto-Ley 4/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de creación de empleo.

También ha recurrido parte del Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo; parte del Real Decreto-ley 16/2012 de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de su prestaciones; parte de la Ley 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (lomce); el Real Decreto 1506/12 que se regula la cartera común suplementaria de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.