El Gobierno solo cesará Tapia y Agirre si son imputadas
El Código Ético no será activado en el caso de las “responsabilidades políticas” apuntadas en el caso Epsilon por el dictamen el Parlamento vasco. La consejera de Desarrollo y Competitividad, Arantza Tapia, y la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, libran por el momento de cualquier tipo de acción que suponga su cese del cargo o ser apartadas temporalmente del mismo, pese a que el Código Ético y de Conducta aprobado por el Gobierno vasco en mayo de 2013 prevé el cese de altos cargos del Ejecutivo que hayan podido incurrir en responsabilidades políticas por su gestión.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha apuntado que únicamente podrían actuar contra alguna de las personas implicadas si se produjera una imputación en un juzgado. “Y no estamos ante ese supuesto”, ha subrayado. Erkoreka, que ha señalado que en el caso que nos ocupa se trata de “medidas parlamentarias” en las que no se cita a persona alguna, ha aclarado además que en el resto de los casos el código “no despliega sus efectos” si se trata de situaciones anteriores a las de su aprobación.
El Ejecutivo aprobó el documento en mayo de 2013 y las reuniones en las que se tomaron decisiones en relación con las ayudas a Epsilon en las que hasta seis miembros del actual gobierno están señaladas por sus “responsabilidades políticas” en la dilapidación de dinero público se produjeron en noviembre de 2007 y marzo de 2009. Junto a Tapia y Agirre estarían también como responsables políticos Juan Miguel Bilbao, viceconsejero de Hacienda; Hernando Lacalle, director de presupuestos; Rodrigo García, director de Coordinación de Seguridad, y Alejandro López Carcamo, director de Desarrollo Industrial.
El código ético es claro sobre las posibles responsabilidades políticas que pudieran haber tenido alguno de sus altos cargos por una mala gestión. Entre las conductas exigibles a todos los altos cargos del Ejecutivo están incluidos “los comportamientos relativos a la responsabilidad por la gestión”. Y en ese capítulo (artículo 5.2.2) se señala lo siguiente: “Los cargos públicos y asimilados deberán responder por la gestión realizada, así como por las decisiones, acciones u omisiones propias de su ámbito de competencia y de sus propias funciones. Su responsabilidad podrá ser política o gerencial, según los casos, pudienddo conllevar -en aquellos supuestos previsto legalmente- una rendicióin de cuentas que suponga incluso el cese o el apartamiento del cargo que vinieran desempeñando. Para hacer efectiva esa responsabilidad, los cargos públicos y asimilados deberán exteriorizar y justificar en sus resoluciones, actos o en aquellas otras decisiones que adopten las razones objetivas de tales medidas, sometiéndose de ese modo a un correcto escrutinio por parte del Parlamento y de la propia ciudadanía”.
Tras aprobarse el dictamen de la comisión de investigación, el pasado viernes, el representante de UPyD, Gorka Maneiro, considera que todos ellos “deberían dimitir de manera inminente” y EH Bildu, a través de su parlamentario en la comisión Igor López de Munain, indicó tambine que todos “deberían estar mañana mismo en la calle y no en el Gobierno vasco, por respeto a la ciudadanía” y pidió para ellos la aplicación del código ético. Algo que el Ejecutivo no tiene ninguna intención de hacer.
Erkoreka, al contraataque
Erkoreka, además, ha subrayado que el órgano al que se alude en el dictamen -el Consejo Vasco de Promoción Económica- “no es resolutivo, sino propositivo”. “Las responsabilidades políticas en relación a órganos que no han adoptado ninguna resolución sino que se han limitado a proponer, a reformular, propuestas que han hecho órganos técnicos, son mínimamente cuestionables”, ha indicado.Lo que incluso da a entender que el Ejecutivo no tiene ninguna intención de aplicarles el código ético.
Lejos de hacer autocrítica, el portavoz gubernamental ha salido al ataque denunciando las lagunas del dictamen parlamentario. “Sorprende sobremanera que la comisión haya centrado su investigación en un órgano no resolutivo del año 2007 cuando el Juzgado de Vitoria dice claramente que ese año no había peligro y sin embargo, desatienda el año 2010, ejercicio en el que Gobierno vasco -dirigido entonces por el lehendakari Patxi López-, le concedió una ayuda de más de 600.000 euros. Si hay que depurar responsabilidades políticas, empecemos por aquí”, ha apuntado.
