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El Gobierno central asume un nuevo retraso en el AVE vasco: “No va a ser fácil en 2023”

Un tren AVE

Iker Rioja Andueza

El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, no ha podido sino admitir la “complejidad” de las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad que unirá las tres capitales vascas y que el cumplimiento del último plazo fijado para su inauguración, 2023, “no va a ser fácil” de satisfacer. En verdad, como publicó este periódico, los propios presupuestos generales del Estado ya contemplan 2025 como “fin” de ese proyecto, la mayor infraestructura jamás acometida, y 2026 como plazo para la conexión de esa 'Y vasca' con Burgos y con Pamplona.

Loza ha subrayado que la llegada del AVE a Euskadi es una vieja aspiración y que en un inicio se manejó el plazo de 2010 para su puesta en marcha. “Las fechas las carga el diablo [...]. Ahora estamos en 2019 y es complicado mantener 2023”, ha indicado el delegado del Ejecutivo del PSOE, que propone destinar en 2019 un total de 234 millones de euros al corredor Vitoria-Bilbao-Donostia, que se sumarían al dinero adelantado por el Gobierno vasco para el ramal guipuzcoano, unas cuantías que luego asume el Estado con descuentos en el Cupo. Precisamente la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha recogido con “preocupación” estos posibles retrasos.

La reflexión de Loza contrasta con el optimismo sobre 2023 que aún mantenía su predecesor, Javier de Andrés, del PP, que todavía el año pasado insistía en esa fecha aunque la documentación oficial que acompañaba a los presupuestos indicaba ya 2024 como fecha de final de las obras. Sea como fuere, el delegado socialista ha indicado que será el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que dé más detalles sobre estas inversiones en la visita a Euskadi que realizará esta semana. Está previsto que aclare las intervenciones necesarias en Irún o Vitoria.

Loza ha comparecido este martes en Vitoria para informar de los efectos en el País Vasco del proyecto de presupuestos aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y entregado ya a las Cortes Generales. Ha sido muy comentada la pérdida de peso inversor que atañe a Euskadi (-8,86% exactamente) pero Loza ha querido matizar los datos. En primer lugar, ha remarcado que 2018 fue un año excepcional con un crecimiento de las inversiones en Euskadi muy potente e imposible de mantener. En segundo lugar, ha indicado que la tendencia analizando los últimos años sigue siendo ascendente. “Euskadi es la tercera comunidad [en gasto estatal] en función de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista global [la inversión] se mantiene”, ha insistido el delegado, que ha recordado también que la mayoría absoluta del PP en el Senado impidió ampliar el margen de déficit, lo que habría supuesto 6.000 millones adicionales.

El dirigente socialista ha querido hacer hincapié, asimismo, en que también las partidas “no territorializables” benefician de manera directa a la ciudadanía vasca. Es un presupuesto “para la recuperación social”, defiende el Gobierno. Según Loza, por ejemplo, las mejoras en pensiones afectarán “al 22,9% del total de la población”. 502.982 pensionistas recibirán mejoras valoradas en 35,5 millones. Igualmente, ha indicado que 352.362 personas pagarán menos por los medicamentos debido a la “supresión progresiva del copago farmacéutico a los pensionistas”. Entre otros datos, Loza ha dicho también que 2.191 parados con edades comprendidas entre los 52 y los 55 años podrán beneficiarse de la reducción de la edad mínima para cobrar un subsidio de desempleo. Sin embargo, los fondos municipales para violencia de género apenas repercutirán en los ayuntamientos vascos: 0,6 millones.

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