El Gobierno central se personará en el caso Hiriko

El Gobierno central ha decidido personarse como acusación en el caso del fallido coche eléctrico vasco Hiriko por las ayudas de 14,7 millones de euros que dio a este proyecto. Por su parte el Ejecutivo vasco, que también entregó 2,7 millones de subvenciones, “no descarta” hacer lo mismo.

Tras la querella criminal presentada por la Fiscalía de Álava, fuentes júrídicas aseguran que el Juzgado número 3 de Vitoria, que en breve comenzará a instruir las actuaciones, admitirá a trámite la querella una vez recibidas las 35 cajas con toda la documentación recabada hasta ahora en la “compleja y exhaustiva” investigación desarrollada por la Fiscalía y la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza.

En los próximos días el Juzgado empezará a notificar estas actuaciones a los seis empresarios contra los que va dirigida la querella: Jesús Echave, vinculado al PNV; el exedil de este partido en Vitoria, Iñigo Antia; Javier Calera, asociado a empresas informáticas y exdirectivo del ente de la radiotelevisión pública vasca; el constructor Fernando Achaerandio; el comercial de joyería José Luis Bengoechea y el empresario de hostelería José Barreira.

La acusación pública también se dirige contra la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de de Automoción (Afypaida), considerada por el fiscal empresa matriz del fallido proyecto Hiriko.

La Fiscalía acusa a todos ellos de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Entiende que estos seis empresarios, sin ninguna experiencia en la fabricación de automóviles, idearon “un plan” para apropiarse de fondos públicos con el “pretexto” de diseñar un coche eléctrico y crearon un “entramado societario” que fueron modificando para quedarse con los beneficios si el proyecto resultaba un éxito y, si era un fracaso, como así ocurrió, las perjudicadas serían las administraciones públicas.

A la vista de estos hechos, la Administración central se personará como acusación en la causa a través de la Abogacía del Estado. Y es que el entonces llamado Ministerio de Ciencia e Innovación acordó el 28 de junio de 2010 otorgar a Hiriko ayudas por valor de 5.750.000 y posteriormente, el 15 de julio de 2011, suscribió un segundo convenio por un total de 9 millones de euros.

La concesión de esas ayudas a Hiriko se vio favorecida porque el PNV incluyó esta petición en su negociación de los presupuestos del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que las otorgó. Sin embargo, ante los “graves incumplimientos” por parte de los responsables de crear el coche eléctrico, en 2014 el Ministerio de Industria inició el procedimiento para exigir el reintegro de las subvenciones, según recuerda el fiscal en su querella.

El Gobierno vasco por su parte “no descarta” personarse en la causa, aunque la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha dejado claro que el Ejecutivo autonómico hizo un “seguimiento exhaustivo de este proyecto” y de las ayudas concedidas, se auditaron las cuentas y no se detectó “ninguna irregularidad”. Fuentes del Gobierno vasco han aclarado que la personación no implica que lo haga como acusación, sino simplemente para tener acceso a todas las diligencias que se tramiten.

Otra cosa sería “si en el futuro se descubre que hizo un uso fraudulento de esas subvenciones”, han añadido las mismas fuentes, aunque han recalcado que las ayudas del Gobierno vasco se enmarcaban dentro del programa Etorgai para conseguir tres patentes, que no se han perdido.