Gobierno vasco cree que no se producen las circunstancias para personarse como acusación particular en el caso de Hiriko

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, cree que no se producen las circunstancias ni hay base, en la actualidad, para que el Ejecutivo se persone como acusación particular en el 'caso Hiriko', aunque ha asegurado que, si más adelante hay motivos “justificados” para ello, no “dudará un minuto” en hacerlo.

En este sentido, ha recordado que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad ha auditado las cuentas y, hoy por hoy, “no hay motivo” para emprender acciones legales contra nadie. “Hasta la fecha, al menos, no se ha constatado que en la concesión de esas ayudas se haya producido menoscabo efectivo alguno a la Hacienda General del País Vasco”, ha añadido.

Erkoreka ha realizado estas declaraciones después de que se haya conocido que este lunes la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la querella planteada por la Fiscalía de Álava en el fallido proyecto de coche eléctrico 'Hiriko', que se dirige contra seis empresarios y la asociación Afipaida, al considerar que, sin experiencia ni infraestructura en la fabricación de automóviles, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos “en su propio beneficio”.

El ministerio público cree que se podrían haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales, cuestión que ahora investigará el Juzgado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, el portavoz del Ejecutivo ha recordado que el procedimiento penal relacionado con Hiriko se encuentra “en una fase muy preliminar del procedimiento penal”.

Según ha dicho, el Gobierno vasco, “como cualquier otro agente, tiene derecho” a personarse como acusación particular en cualquier momento antes de que se celebre juicio. Por ello, ha indicado que, “como la instrucción durará previsiblemente varios meses, hay tiempo de sobra para hacer una evaluación al respecto, para analizar con detalle pros y contras, y adoptar, en su caso, la decisión correspondiente”.

En ese sentido, ha recordado que la semana pasada la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, “explicó claramente que ha repasado exhaustivamente los expedientes relativos a las subvenciones que el Gobierno vasco concedió en los años 2010, 2011 y 2012 a ese proyecto, que no ha encontrado irregularidad alguna”.

Josu Erkoreka ha subrayado que Tapia, no solo “ha constatado la regularidad del procedimiento, sino, además, el cumplimiento efectivo de todos los hitos y todos los compromisos que se asumieron por parte de los solicitantes de las subvenciones en el momento en que lo hicieron”.

CUENTAS AUDITADAS

Asimismo, ha indicado que Tapia ya dijo que “las cuentas han sido auditadas también y que, en este momento, no tiene motivo objetivo justificado alguno para emprender acciones legales contra nadie, ni tampoco para personarse en un procedimiento en el que, en principio, no tiene cuentas pendientes, en el sentido de que, hasta la fecha, al menos, no se ha constatado que en la concesión de esas ayudas se haya producido menoscabo efectivo alguno a la Hacienda General del País Vasco”.

“Si a lo largo de las investigaciones se pusiera de manifiesto que el expediente que obra en el Departamento de Industria no refleja fielmente la realidad, y que existen motivos para justificar ese procedimiento, el Gobierno no tendría ninguna duda en hacerlo”, ha asegurado.

Erkoreka ha reiterado que, “hoy por hoy, esas circunstancias no se producen y, por tanto, en este momento, con los datos” que tienen sobre la mesa, “que son solamente los que derivan del expediente jurídico administrativo que obra en el Departamento de Industria”, no encuentran base para “personarse en el procedimiento con una acusación particular, que tendría que dirigirse necesariamente a alguien de quien este Gobierno tiene razones fundadas para suponer que no ha cumplido el ordenamiento jurídico”.

En su opinión, “a la vista de los expedientes, no se constata, hoy por hoy”, incumplimientos “ni respecto a los responsables gubernamentales que adoptaron el acuerdo de conceder esas subvenciones, ni tampoco en relación a los destinatarios de los mismos”.

AYUDAS

Además, ha señalado que “el grueso de las alegaciones de la querella presentada por la Fiscalía de Álava hacen referencia a las ayudas obtenidas del Gobierno central, no a las recibidas del Gobierno vasco, a las que solamente se hacen referencias muy tangenciales y leves”.

Por ello, ha insistido en que, “con la información que el Gobierno vasco tiene en este momento, que deriva exclusivamente de ese expediente administrativo, no hay base para poder formular una acusación particular en el seno de un procedimiento penal”.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno vasco “actuará con responsabilidad y en defensa del interés público”, por lo que, “si a lo largo de la investigación se puede acreditar la existencia de alguna inexactitud en el expediente administrativo o algún motivo que justifique una contravención de la normativa de subvenciones en relación con las ayudas concedidas por este Gobierno, no dudará un minuto en personarse para hacer valer su derecho”.