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La economía corre riesgo si no se renuevan los convenios de 330.000 trabajadores

Eduardo Azumendi

Vitoria-Gasteiz —

La cohesión social y la viabilidad de la economía de Euskadi corren riesgo si antes del 7 de julio trabajadores y empresarios no acuerdan los cerca de 530 convenios de empresa y sector que se mantienen prorrogados. Más de 330.000 trabajadores pueden encontrarse el 8 de julio con un cambio drástico en sus condiciones laborales, aplicándoseles las mínimas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores desde salarios a jornada. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha advertido de este peligro y de las implicaciones tan negativas que tendrá para la cohesión social y la economía de la comunidad autónoma. Durante su intervención en el pleno del Parlamento vasco, Aburto ha recalcado que su departamento lleva meses mediando entre sindicatos y empresarios para cerrar un acuerdo satisfactorio para las dos partes y si no es posible también trabaja en la línea de lograr un aplazamiento en la fecha de vencimiento.

La reforma laboral aprobada por el Gobierno central pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir, de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente. A partir de ese momento, se puede aplicar las condiciones existentes en el Estatuto de los Trabajadores (que siempre son inferiores a las mejoras que se introducen en los convenios negociados). Esa fecha se cumple en el caso de Euskadi el próximo 7 de julio para 429 convenios de empresa (45.900 trabajadores afectados) y 99 de sector (285.000 empleados). En definitiva, apenas un 20% de los trabajadores vascos cuentan con convenio en vigor.

Las mayores dificultades para cerrar los convenios estriban en las diferencias existentes entre representantes empresariales y sindicales sobre la forma de aplicar la reforma laboral en el seno de las empresas.

El consejero Aburto ha enfatizado su rechazo hacia la reforma laboral y ha resaltado que el Gobierno vasco estaba tratando de buscar “los recovecos” que pueda dejar la norma. “Estamos jugando un activo papel como mediadores. Hay que seguir en la senda del diálogo de manera discreta para cerrar los acuerdos”.

“La estabilidad en las condiciones de trabajo”, ha añadido, “es un factor de control de la conflictividad y propicia la cohesión social. Una alteración tan brusca en las condiciones laborales puede negativamente en la economía del país. El acuerdo es posible y nos vamos a empeñar en conseguirlo”. Para ello, el consejero ha anunciado la creación de una comisión consultiva donde se puedan sustanciar los desacuerdos, que se ubicará en el seno del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL).

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