El Gobierno vasco elimina un fondo para la contratación de trabajadores sociales en los ayuntamientos
El Gobierno vasco ha eliminado de sus presupuestos un programa de ayudas económicas a los municipios para la contratación de trabajadores sociales de refuerzo, unas subvenciones creadas hace una veintena de años. En 2017, aunque en la memoria de la ley de presupuestos aún consta con idéntica redacción que en años anteriores que se mantiene este programa dependiente del Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal (PNV), sólo se abonará una partida de 600.000 euros para gastos ya comprometidos en años anteriores y no fondos nuevos.
Fuentes de municipios vascos beneficiarios del programa, llamado “Ayudas para la contratación de personal técnico y actividades de intervención social”, han explicado a eldiarionorte.es que este plan se creó hace dos décadas para apuntalar los servicios sociales de base de los Ayuntamientos en un momento en el que tenían que tramitar los denominados “itinerarios de inserción” y empleabilidad de los beneficiarios de la actual renta de garantía de ingresos, entonces con otra denominación. Esas subvenciones habían sido “estables” en el tiempo y los técnicos contratados se habían convertido prácticamente en personal estructural.
“Ahora, en muchos casos, esos puestos están en el alero al estar directamente ligados a la subvención”, reconocen las fuentes municipales consultadas, que admiten su preocupación por el futuro de profesionales sociales cualificados y del propio servicio, con una importante carga de trabajo. No existe un dato concreto del personal adscrito a este programa en extinción, si bien en la memoria de los presupuestos de 2016, cuando se destinaron 2,4 millones de euros a estas ayudas, se hablaba de “100” trabajadores sociales.
Competencias de Lanbide
Portavoces del equipo de Artolazabal explican que “estas ayudas iban destinadas a personal que trabajara en el ámbito de la intervención social” y Lanbide asumió esas competencias ya en 2011, año en el que su personal empezó a tramitar los expedientes de la renta de garantía de ingresos. “Lanbide asuma esas competencias y el Gobierno ya venía viendo que la causa de la subvención no era necesaria”, indican desde el Ejecutivo, donde reconocen que se llevaba “mucho tiempo” analizando la viabilidad jurídica del programa. Desde el Departamento de Artolazabal insisten en que los Ayuntamientos “estaban informados” de este cambio y subrayan que se mantiene un partida de subvenciones (aunque de menor cuantía) para la contratación de personal de refuerzo en el área de Inmigración, donde sí retienen importantes atribuciones.
El Gobierno recuerda que los servicios sociales vascos, regulados por una ley de 2008, han quedado definitivamente reorganizados desde el pasado año con la aprobación de la denominada “cartera” de prestaciones, que recoge a qué tienen derecho los ciudadanos y quién presta el servicio en un territorio donde Gobierno autonómico, Diputaciones y municipios tienen competencias solapadas. En este sentido, el decreto de la cartera de servicios sociales “crea un fondo de reserva” que ayuda económicamente a los municipios.
Esta partida está dotada con 20 millones de euros. 14 de ellos salen de los presupuestos vascos y el resto los aportan las tres Diputaciones. Según fuentes gubernamentales, este dinero cubre de sobra el recorte en otras líneas de subvenciones. El Consejo de Gobierno autorizó en junio el abono de estas cantidades.
