“El Gobierno pretende convertir a las universidades en empresas de servicios educativos”
El Real Decreto para que las universidades puedan reducir los grados universitarios de cuatro a tres años, ampliando los másteres de uno a dos años ha provocado la alarma y el enfado de la comunidad universitaria. A este malestar se suma el provocado por otros dos proyectos de decreto que fomentan la creación de campus privados y endurecen los requisitos para la acreditación del profesorado. Comisiones Obreras, UGT Euskadi y el sindicato estudiantil Ikasle Ekintza (IE) se han sumado a la huelga que los agentes educativos han convocado contra estos decretos, especialmente contra el denominado decreto 3+2, que permite grados universitarios de tres años con másteres de dos años, en vez del actual modelo 4+1. ELA, en cambio, no se suma a la huelga, pero sí a una concentración en el campus universitario de Leioa (Bizkaia) de la Universidad del País Vasco.
CC OO, UGT de Euskadi e Ikasle Ekintza consideran que el Gobierno pretende convertir a las universidades en empresas de servicios educativos“. En su opinión, la aplicación del 3+2 ”encarece los estudios universitarios“ ya que los másteres son más caros que los estudios de grado y, por tanto, ”expulsará de la universidad al alumnado con menor poder adquisitivo“, lo que a su vez tendrá un impacto negativo en la financiación y el empleo de la universidad. ”La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, provocando una reconversión del sector que no vamos a aceptar“, advierten.
Además, el Gobierno central se plantea aprobar otros dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora. “Lo que pretende el Ejecutivo es flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados. Estos han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros”.
Por otro lado, también pretende modificar la acreditación del personal docente e investigador funcionario, estableciendo “un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual. Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación del profesorado, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados”.
