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Gobierno vasco cree “correcta” la cuestión de inconstitucionalidad contra los requisitos a expresos para cobrar el paro
Ante los recursos de suplicación planteados por dos exreclusos de la banda, Luis María Azkargorta Belategi y Miguel Ángel Zarrabe Elkoroiribe, contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Eibar que les denegó el 11 de julio de 2014 el subsidio del paro, el TSJPV resolvió plantear cuestión de inconstitucionalidad contra los requisitos adicionales planteados a presos de ETA para acceder al cobro del desempleo introducidos por la Ley de Presupuestos para 2014.
En ellos, se exige a los presos excarcelados que abandonen y rechacen la actividad terrorista, se arrepientan de sus crímenes, pidan perdón a las víctimas y colaboren con la Justicia para poder percibir el subsidio por desempleo.
En declaraciones a Europa Press, Erkoreka ha afirmado que cree que estos nuevos requisitos son “más que cuestionables desde el punto de vista constitucional” y, por lo tanto, considera que está “correctamente planteada” la cuestión de inconstitucionalidad.
En este sentido, ha recordado que establecer estas nuevas exigencias fue “una decisión que adoptó el Gobierno central a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado” y, por entonces, “ya se advirtió de la posible tacha de la decisión”. “Se alertó en la tramitación parlamentaria de que una cuestión de este tipo podría acabar en el Constitucional”, ha indicado.
De esta forma, ha subrayado que el artículo 25 de la Constitución especifica que “la finalidad de las penas privativas de libertad debe ser la reeducación”, y ha considerado que “todo parece indicar” que algo “no se está haciendo mal”.
“Llama la atención que personas que han sido privadas de libertad durante casi 30 años y teóricamente han cumplido ya sus penas, después de abandonar la prisión, atienden a un medio de comunicación y afirman que ellos no asesinaban a nadie, sino que 'ejecutaban'”, ha señalado.
En su opinión, esto “pone de manifiesto que algo está fallando en el proceso reeducador de la política penitenciaria”, y ha advertido de que en un Estado Democrático no debe “primar una finalidad vengativa”.
En esta línea, ha apuntado que el Gobierno vasco cree “en la finalidad reeducativa de las penas” y considera que hay “mucho que avanzar y trabajar en la consecución de ese objetivo”. “Los procesos penitenciarios deberían estar imbuidos permanentemente de esa finalidad, algo que no se constata, ya que no hay interés del Ejecutivo central”, ha dicho.
