Gobierno vasco defiende el “rigor” de sus sistemas de control, pero prepara cambios tras el 'caso de Miguel'

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que, pese a las supuestas ilegalidades detectadas en el 'caso de Miguel', sus mecanismos de control de los contratos públicos son “rigurosos”. No obstante, ha anunciado que el Departamento de Hacienda prepara ya un nuevo reglamento sobre esta materia.

Erkoreka ha efectuado este anuncio en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, en el que tanto él como el lehendakari, Iñigo Urkullu, han respondido a sendas preguntas del PP y UPyD sobre la supuesta trama de corrupción por la que están encausadas 26 personas, una veintena de las cuales estuvo vinculada en su día al PNV.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha reprochado al PNV que no haya estado “a la altura”, al atribuir la decisión del juez instructor a un supuesto “impulso político”. Desde el PP, Carmelo Barrio, ha reclamado al Ejecutivo que “reaccione” ante unos hechos que se han demostrado “muy graves”.

Urkullu, en una línea similar a la mantenida tras conocerse el encausamiento de estas 26 personas, entre ellas el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha insistido en que la actitud que mantuvo su partido cuando se inició el proceso judicial en 2010 fue “ejemplar”. En aquel momento, De Miguel fue destituido como diputado de Álava y los cargos jeltzales imputados tuvieron que abandonar el partido.

“NO ES FINANCIACIÓN ILEGAL”

“La reacción fue contundente y clara”, ha destacado. Urkullu ha asegurado que no conoce “otro caso similar” en el que un partido haya reaccionado de esta forma. Además, el lehendakari ha subrayado que esta supuesta trama --centrada en una presunta red de comisiones ilegales y contratos públicos fraudulentos-- “no es un caso de financiación ilegal de un partido”.

Urkullu ha afirmado que es necesario respetar la “presunción de inocencia” y ha rechazado la “judicialización de la política”. Asimismo, ha afirmado que el Gobierno vasco es “el principal interesado” en que la Justicia clarifique de forma definitiva lo ocurrido. “Cuando se dicte sentencia, si el Gobierno se viere afectado, volveremos a actuar con rapidez y contundencia”, ha anunciado.

Por su parte, Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo ya está personado en el proceso judicial, con el fin de “garantizar” la defensa de los intereses públicos. Al igual que Urkullu, ha destacado que la reacción del PNV y de la Diputación alavesa en 2010 fue “ejemplar”.

“PROFESIONALIDAD”

Según ha afirmado, pese a las posibles ilegalidades en los contratos públicos investigados, los sistemas de control del Gobierno vasco actúan y siempre han actuado con “rigor”.

Erkoreka ha defendido la “profesionalidad” de las personas que integran la Oficina de Control Económico del Ejecutivo. De todas formas, ha anunciado que el Departamento de Hacienda trabaja en la elaboración de un nuevo reglamento para regular aspectos “orgánicos” de la contratación pública. Este reglamento, según ha explicado, podría aprobarse este mismo año.