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El Gobierno vasco ejecutó 75 desahucios de viviendas sociales de alquiler

El impago de la renta y problemas de convivencia son los argumentos de la sociedad pública Alokabide para proceder a los lanzamientos.

El objetivo, según el Gobierno, es alcanzar un acuerdo de pago previo a la vía judicial.

Los manifestantes frente a la sede de Alokabide.

Varios ciudadanos portestan frente a la sede de Alokabide, en Vitoria.

La sociedad pública Alokabide ejecutó a lo largo de 2013 un total de 75 desahucios en el parque de viviendas de alquiler que gestiona, la mayoría por impagos de las rentas. Alokabide lleva varios meses en el centro de la polémica por las condiciones que impone a sus inquilinos. Una cuestión que incluso ha sido debatida en el Parlamento, que le ha instado a que el alquiler sera inferior al 30% de los ingresos de la familia arrendataria.

Alokabide, que depende del Gobierno vasco, gestiona varios tipos de viviendas sociales: las de su propiedad destinadas al alquiler; los pisos sociales propiedad del Ejecutivo y cuya gestión le encomienda; viviendas privadas incluidas en el programa Bizigune, mediante el cual un propietario particular cede su piso libre para destinarla a un alquiler social a cambio de unas garantías establecidas, y viviendas en arrendamiento propiedad de ayuntamientos. 

    Según datos facilitados por el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PSE, el pasado año se ejecutaron dos desahucios en viviendas sociales del parque del Gobierno vasco que gestiona Alokabide por impago de alquiler, aunque en uno de ellos también hubo "graves problemas de convivencia" que se trataron de reconducir en coordinación con agentes sociales. En total, el parque de viviendas del Gobierno Vasco gestionado por Alokabide ascendía en 2013 a 2.818.

    En cuanto al parque propio de Alokabide, 3.280 viviendas en 2013, se efectuaron 35 desahucios, 31 de ellos en Vitoria, tres en Bizkaia y uno en Gipuzkoa, y la mayoría de los motivos se debió a impagos de las rentas. El consejero recalca que se trata de alcanzar un acuerdo de pago previo a la vía judicial. Así, el pasado año se suscribieron 565 pactos de este tipo. "Estos acuerdos son negociados según las posibilidades económicas de los arrendatarios, teniendo en cuenta su situación familiar, económica y social", apunta el consejero.

    En cuanto al programa Bizigune (un total de 5.193 viviendas), se produjeron 38 desahucios y se llegó a acuerdos de pago en 314 casos.

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