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Gobierno vasco traslada al central sus argumentos para el desistimiento del recurso ante la Ley de Abusos Policiales

EUROPA PRESS

VITORIA —

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En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha afirmado que el Ejecutivo autónomo tiene ya formulada una propuesta con la argumentación, que, según ha apuntado, estaba desarrollada desde el primer momento en el que se convocó la Comisión Mixta de Cooperación.

“A partir de este momento, esa argumentación está ya puesta en poder de los responsables del Gobierno central, de manera que, con independencia de la argumentación que pueda desarrollar el propio Gobierno central, a través de los Servicios Jurídicos, para justificar el desistimiento del recurso, también los argumentos que aportamos puedan abonar esa posición que jurídicamente hay que sostener”, ha apuntado.

Tras insistir en que “esa argumentación ya está formulada y entregada al Gobierno central”, ha recordado que el plazo para poder alcanzar acuerdos al respecto en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación “se agotó hace tiempo”, por lo que este órgano “ya no tiene operatividad”.

Esta es la causa por la que se reclama del Gobierno central “un desistimiento del procedimiento” una figura que aparece recogida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a la que se puede acoger “el promotor de un recurso”.

“Lo que pedimos al Gobierno central es que desista de ese procedimiento, y después la última decisión corresponde al Tribunal Constitucional”, ha apuntado.

La argumentación asegura que la misión que se encomienda en la ley a la Comisión Administrativa es “una labor que, en ningún momento, puede considerarse que interfiere la labor judicial”. La labor “investigadora” que se le encomienda está “circunscrita a la tarea administrativa” y, “en ningún caso, su labor es judicial ni pretende suplantar a los tribunales de Justicia en la labor que, en exclusiva, les encomienda la Constitución”.

Con ello se pretende “acreditar, en base a preceptos concretos de la ley impugnada, por qué la creencia de que la labor que se encomienda a la Comisión Administrativa es una labor materialmente judicial es una opinión equivocada y sin fundamento”.

(Habrá ampliación)

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