Gobierno vasco niega que haya diferencias entre PNV y PSE-EE sobre la necesidad de reconocer a víctimas policiales

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha negado que haya diferencias entre el PNV y PSE-EE, socios del Ejecutivo, sobre la necesidad de reconocer y reparar a las víctimas de abusos policiales, sino que considera que las discrepancias se limitan al informe que sobre torturas entre 1960 y 2014 ha elaborado el Instituto Vasco de Criminología, que ha cifrado en 4.113 los casos de personas que han sufrido malos tratos.

Erkoreka se ha referido, de esta forma, a las críticas del PSE-EE al estudio, presentado este lunes, al considerar que “avala la 'teoría del conflicto'” y cuestiona a la Ertzaintza al relacionarla con más de 200 casos de torturas.

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo no emprenderá ninguna actuación con los datos del informe, aunque ha destacado que “los procedimientos judiciales están perfectamente abiertos y disposibles” para las personas que han ofrecido testimonio durante la investigación.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria tras la reunión del Consejo de Gobierno, Josu Erkoreka ha recordado que se trata de un trabajo científico que se ha desarrollado durante los tres últimos años por la UPV/EHU, dirigida por “el prestigioso” antropólogo forense Paco Etxeberria, y que puede ser objeto de “críticas o alabanzas”. No obstante, ha explicado que el estudio no lo han hecho una institución ni unas personas “cualquiera” y ha destacado su “calidad”.

Erkoreka ha insistido en que el documento se remitirá a la ponencia de paz y convivencia del Parlamento vasco, que hará con él lo que considere oportuno, y ha afirmado que la investigación se ha realizado “desde el anonimato”.

“Los datos personales de las personas que han prestado sus testimonios son desconocidas por el Gobierno. Forma parte del bagaje informativo del que dispone la institución que ha desarrollado la investigación porque se trata de información protegida por la Ley”, ha añadido.

LOS DENUNCIANTES

Sin embargo, ha señalado que, “a partir de ahí, algunas de las personas que formularon alguna denuncia y, como denunciantes han prestado testimonio y ha sido objeto su testimonio de análisis por la comisión científica, le caben dos opciones, en el supuesto de que se traten de hechos ya prescritos desde el punto de vista penal, acogerse a las previsiones y posibilidades que ofrece la Ley 12/2016 para su reconocimiento y reparación”.

“Y, en el caso de que se trata de hechos que no han prescrito todavía, puede iniciar los procedimientos penales correspondientes presentando la oportuna denuncia ante la Ertzaintza, la Fiscalía o el juez correspondiente”, ha añadido.

En este línea, ha asegurado que los procedimientos judiciales “están perfectamente abiertos y disponibles a las personas, pero el Gobierno, como tal, no puede emprender ninguna actuación porque los datos son personales y secretos”. “Y porque la investigación no se ha llevado a cabo extrayendo conclusiones casos por caso”, ha asegurado.

(Habrá ampliación)