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Gobierno vasco dice que cumple “escrupulosamente” el pacto para la equiparación salarial del personal de Justicia
El consejero vasco de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Gobierno vasco ha cumplido “escrupulosamente” sus compromisos para la equiparación retributiva del personal al servicio de la Administración de Justicia respecto al resto de los funcionarios autonómicos. Además, ha afirmado que las medidas “creativas” propuestas para igualar su jornada laboral están pendientes del visto bueno del Ejecutivo central.
Erkoreka ha comparecido este viernes ante la Comisión de Justicia del Parlamento autonómico para informar sobre el conflicto sobre las condiciones laborales de este colectivo, que aunque se encuentra transferido a la Administración autonómica, se considera un cuerpo estatal y sus condiciones laborales generales son fijadas por el Ejecutivo central.
Antes que el consejero, han comparecido ante la misma comisión representantes de los sindicatos CCOO, ELA, LAB y UGT, que han criticado que el acuerdo alcanzado durante la legislatura anterior para igualar las condiciones laborales de estos empleados -entre los que no se encuentran jueces ni fiscales- a las de los funcionarios autonómicos, siguen sin “cumplirse” en materia salarial y horarios.
“DISCRIMIANDOS”
De hecho, han asegurado que pese al mencionado pacto, sigue existiendo una “brecha salarial” entre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia y el resto de empleados públicos que trabajan para el Gobierno vasco. Los representantes de estos sindicatos han asegurado sentirse “discriminados”.
El consejero, por su parte, ha asegurado que estos empleados se considera un “cuerpo nacional” según la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que sus condiciones laborales, en términos generales, se fijan desde la Administración central, pese a que se encuentran transferidos a la Administración autonómica.
“MODELO CENTRALISTA”
Erkoreka ha afirmado la fórmula organizativa de la Justicia que se deriva de la citada ley no le “gusta”, porque da lugar a un modelo “centralista, inadecuado e ineficaz”. Pese a ello, ha recordado que esta ley no se puede “soslayar”, y que si el Gobierno vasco la incumple con algunas de sus medidas, éstas serían recurridas.
El consejero ha asegurado que, dada la normativa actual, la equiparación “total” de estos trabajadores con el resto de empleados autonómicos es “imposible”. Por ese motivo, ha confiado en que cuando exista “una nueva mayoría” sea posible modificar el sistema actual.
Respecto al decreto para la equiparación de las condiciones de este colectivo con las del resto de funcionarios, ha asegurado que se han cumplido “escrupulosamente” los compromisos adoptados en materia retributiva. Además, ha destacado que esto se ha producido “en un contexto general de ajustes, restricciones y reducciones salariales” que ha afectado en los últimos años a los empleados públicos.
En el caso de la valoración de los puestos de trabajo, ha desvinculado esta cuestión de las medidas sobre equiparación retributiva, aunque se ha mostrado dispuesto a resolver las cuestiones “pendientes” en esta materia en los próximos meses.
El consejero ha explicado que en lo que se refiere a la jornada laboral, la competencia para fijar el cómputo de horas que han de trabajar estos funcionarios es competencia de la Administración central, mientras que el Gobierno autonómico solo tiene capacidad para intervenir en la distribución de los horarios.
JORNADA
Erkoreka ha explicado que, por ese motivo, el Ejecutivo vasco ha tratado de recurrir a fórmulas “imaginativas” para equiparar la jornada de este colectivo -fijada en 1.664 horas por el gabinete de Mariano Rajoy- y la del resto de funcionarios autonómicos, que asciende a 1.592 horas.
No obstante, ha lamentado que los sindicatos hayan rechazado la propuesta que se les planteó. De todas formas, ha afirmado que la fórmula que ha diseñado su departamento para igualar las condiciones de estos empleados en lo que se refiere a jornada “efectiva” están pendientes del visto bueno del Gobierno central.
