El Gobierno fuerza a 25 altos cargos a entregar su declaración de bienes y actividades
El Gobierno vasco tuvo que realizar 25 “requerimientos” a sus altos cargos en el último año para que cumplieran con la obligación legal instaurada en 2014 de comunicar tanto su declaración de actividades como su declaración de bienes y derechos patrimoniales. Concretamente, seis personas nombradas para ocupar puestos de responsabilidad en la Administración autonómica se vieron forzadas a entregar su declaración de actividades y otras cuatro se vieron en la misma situación con la de bienes y patrimonio. Además, otros quince fueron remolones para cumplimentar este mismo trámite tras el cese, un sistema para controlar la evolución del patrimonio de los cargos públicos durante su paso por la política. Los cargos apercibidos son el 19% de los que no entregaron estos documentos en el plazo fijado por la ley, un mes, y el 7% del total de afectados por la norma.
Esta información consta en el informe enviado al Parlamento Vasco por el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, sobre el grado de cumplimiento de la ley reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos, promulgada en 2014. El documento, que abarca el período entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017, adquiere especial relevancia por la cascada de nombramientos y salidas acaecidos en la Administración vasca con motivo del cambio de legislatura y la formación del nuevo Gobierno de Iñigo Urkullu, que entre otras novedades supuso un incremento reseñable de altos cargos tras la coalición suscrita entre PNV y PSE-EE.
En total, en el período analizado hubo 208 nombramientos y 177 ceses. En 34 casos, los nuevos cargos estaban excepcionados de cumplimentar la declaración de actividades, por un lado, y la de bienes y patrimonio, por el otro. Se trata de personas que ocupan, por ejemplo, un cargo de nueva denominación pero similares funciones.
De esas 174 personas sí obligadas a entregar la documentación, alrededor del 17% no cumplieron el requisito en el plazo de un mes. Otros fueron aún más remolones y el Gobierno tuvo que realizar diez requerimientos, seis por la ausencia de la declaración de actividades y cuatro en el caso de la de bienes y patrimonio. En el caso de los que abandonaron la Administración, las cifras son más abultadas. De 143 obligados a declarar al mes del cese, el 45% no lo hicieron en tiempo y forma. Ello obligó a realizar hasta 15 requerimientos.
El informe revela también que 51 altos cargos han solicitado una “autorización de compatibilidad”, es decir, han pedido permiso para ejercer otras actividades al margen de la Administración, como la participación en conferencias o la colaboración en medios de comunicación. Todas ellas han sido aceptadas al no incurrir en las incompatibilidades previstas en el ordenamiento jurídico y que están presididas por el deseo de que los altos cargos tengan dedicación exclusiva.
