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El Gobierno vasco ningunea el informe Foronda sobre ETA

Imagen de un atentado de ETA en Bilbao.

Eduardo Azumendi

Ningunear: No hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración; menospreciar a alguien. Estos son los significados que ofrece la Real Academia Española de la Lengua sobre la palabra ningunear. Un término que se puede aplicar a lo que le está haciendo el Gobierno vasco con el informe Foronda Contextos históricos del terrorismo y consideración social de las víctimas. 1968-2010, elaborado por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la Universidad del País Vasco. El trabajo, un encargo del propio Gobierno de Vitoria forzado por los socialistas mediante una enmienda en los presupuestos de 2014, pretende convertirse en una referencia sobre el terrorismo sufrido por Euskadi y el resto de España, especialmente por parte de ETA.

Sin embargo, el informe, obra de los historiadores Raúl López Romo, Luis Castells, Antonio Rivera y José Antonio Pérez, lleva camino de quedarse en un cajón. El trabajo, que combate la corriente de opinión que trata de imponer la izquierda abertzale de “repartir culpas” y de que es mejor “pasar la página”, ya nació con el pie cambiado. El PSE ‘obligó’ al Gobierno vasco a financiar el informe, en plena negociación de los presupuestos para 2014, como una manera de asentar la política de memoria histórica. Pero el Gobierno, dirigido por el PNV, en lugar de asignarlo a la Secretaría de Paz y Convivencia, su destino natural, lo redirigió a la dirección de Promoción de la Cultura, dependiente del Departamento de Educación.

Su difusión pública ha sido por medio de una comparecencia de los historiadores en el Parlamento vasco, a requerimiento del PSE. Y a partir de ahí, ha sido el propio Instituto Valentín de Foronda el que le ha dado publicidad como ha podido atendiendo a las solicitudes de información que ha recibido. Sobre las intenciones que tiene el Gobierno acerca de su transmisión, los historiadores siguen sin noticias. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Lehendakaritza como con el Departamento de Educación para conocer sus planes, pero de momento no ha recibido respuesta.

El PSE ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para que el Gobierno proporcione “la máxima difusión” al estudio entre la ciudadanía vasca. Los socialistas quieren que el trabajo se traslade, “con las adaptaciones que se requieran”, al sistema educativo, a los medios de comunicación, bibliotecas y público en general.

“El informe no gusta al Gobierno vasco”

Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, tampoco ha contribuido al conocimiento de un trabajo que entra de lleno en su ámbito. En una entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi, Fernández entiende que el Informe Foronda “estigmatiza de forma genérica” al conjunto de la sociedad vasca cuando refleja el escaso apoyo y movilización social que deparó a las víctimas de ETA, especialmente en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado. Según Fernández, esa estigmatización “oculta la autocrítica que cada uno debe hacer en cada momento sobre cómo actuó con las víctimas, con la violencia….No puedo aceptar esa estigmatización de toda la sociedad sin atender a ningún matiz”.

Txema Urquijo, exasesor del lehendakari Iñigo Urkullu para las víctimas del terrorismo durante el primer año de legislatura, se muestra “absolutamente convencido” de que el Gobierno vasco “está ninguneando” el informe. “Aunque lo haya financiado, no es una iniciativa suya. Y, por lo tanto, no le gusta”. Otra prueba de la “poca estima” que Jonan Fernández tiene por este estudio es que no le ha dado ninguna publicidad, lo que denota “la sensibilidad de la Secretaría de Paz y Convivencia hacia las víctimas del terrorismo de ETA”. “Cuando algo le interesa ya se ha podido comprobar el nivel de presentación pública que hace, con los protagonistas y ante todos los medios”, añade Urquijo en clara alusión al informe sobre la incidencia de las torturas en Euskadi. Un trabajo cuyos primeros resultados han sido cuestionados por los tres principales sindicatos de la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil.

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