El Gobierno vasco no tenía “ninguna noticia” del presunto desvío de fondos en las obras de la 'Y vasca'
El actual consejero de Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola (PSE-EE), ejerció como titular de Transportes en la legislatura 2009-2012, cuando se firmó la adjudicación del tramo Beasain Este del ramal guipuzcoano de la 'Y vasca', en el que una investigación de meses de la Fiscalía de Álava halló indicios de hasta cuatro delitos tras una denuncia en la que se vinculaba el sobrecoste de las obras no sólo con irregularidades económicas sino incluso con sobornos y con el pago de comisiones. Arriola, en rueda de prensa, ha señalado este martes que no tenía “ninguna noticia” de estos hechos.
“No tengo ninguna noticia de lo que me está comentando. Y, en ese sentido, difícilmente puedo contestarle. O sea, no sé a qué refiere usted ni qué es lo que hace referencia esa noticia que usted mencionaba”, ha respondido el consejero socialista sobre la información publicada por eldiarionorte.es en torno al final de esta investigación sobre la 'Y vasca', archivada finalmente por la Fiscalía de Gipuzkoa sin que conste que se practicaran nuevas diligencias que contradijeran los meses de trabajo en Álava, donde el ministerio público contó con el auxilio como Policía judicial de la Ertzaintza y de la Guardia Civil.
Arriola ha comparecido junto al consejero-portavoz, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno. El propio Erkoreka, en su condición de “responsable de los servicios jurídicos” ha querido puntualizar las palabras de su colega y ha remarcado que los letrados del Ejecutivo “no tienen conocimiento oficial de nada que tenga que ver” con irregularidades en el tramo Beasain Este de la alta velocidad vasca, unas obras inauguradas por el propio Arriola al final de su mandato y que tuvieron un sobrecoste del 23% respecto al precio inicial de adjudicación.
Sobre el hecho de que la Ertzaintza haya participado en esa investigación e incluso haya emitido un informe en el que planteaba continuar el análisis de las presuntas irregularidades con peritos especializados en obras públicas, Erkoreka ha precisado que el Gobierno no tiene por qué tener “ningún conocimiento” ni ninguna participación en las “investigaciones que la Ertzaintza pueda estar haciendo por mandato judicial en el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial”. “Actuaciones judiciales de las que se haya dado cuenta al Ejecutivo y que hayan requerido alegaciones o una posible comparecencia del Ejecutivo, de eso no hay constancia ni ha habido en el pasado”, ha reiterado Erkoreka.
Uno de los puntos clave de la investigación es el pago por adelantado, autorizado por la sociedad pública de infraestructuras ferroviarias del Gobierno vasco, Euskal Trenbide Sarea (ETS), de más de 500.000 euros para la construcción de una planta de hormigonado de cara a la construcción del tramo Beasain Este. No hay ninguna constancia de que esa instalación existiera, ya que ni hay autorización del Ayuntamiento local (ni siquiera una solicitud) ni la sucesora de Arriola en el cargo de consejera de Transportes, Ana Oregi (PNV), lo negó en el Parlamento. Preguntada por Dani Maeztu (EH Bildu) reconoció por escrito que se había pagado esa cantidad y que la planta de hormigonado nunca había existido.
