Los jueces quitan presión al Gobierno para adjudicar las ITVs anuladas por el Supremo
Los jueces han dado un balón de oxígeno al Gobierno vasco y han quitado presión a su decisión en torno a la adjudicación de las ITVs anuladas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007. ITA Asua, la empresa que ganó ante el Supremo la revocación de la concesión de las ITVs en Vitoria y Bergara, había presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para que el Ejecutivo vasco le comunicase oficialmente la adjudicación definitiva. Pese a los años transcurridos desde la sentencia del alto tribunal, que es firme, el Gobierno vasco no ha procedido a adjudicar a la empresa que quedó excluida de la concesión, ITA Asua, la explotación de las ITVs en Jundiz y Bergara. En el escrito, presentado el pasado 25 de abril, la empresa no solo pedía al alto tribunal vasco que forzara al Ejecutivo para que en “un plazo máximo de diez días” o en el que determinara el propio tribunal se firmase la nueva adjudicación. Recordaba también que de no ser así, podrían imponerse “multas coercitivas” o incluso deducir testimonio “para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
Pero el tribunal no ha atendido la petición de ITA Asua, echando un jarro de agua fría a las pretensiones de esta empresa, que sigue pensando que la sentencia del Supremo sigue sin cumplirse, dado que la adjudicación de las ITVs de Jundiz y Bergara (el lote tres de los cuatro que se adjudicaron en 1993 por una duración de 30 años) no se ha producido. Así, la multinacional Applus+ tenía que haber dejado de disfrutar la concesión que lleva explotando los últimos 19 años y debía haberla traspasado a la compañía a la que se le usurpó en aquel concurso, esto es ITA Asua. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior vasco que preside Luis Garrido, en una providencia comunicada el pasado lunes 24 de junio, considera que la pretención de ITA Asua “no ha lugar” al “exceder la petición del objeto de la presente ejecución que se ha declarado conclusa en virtud del auto del 12 de julio de 2012”.
El citado auto de 2012 obligaba al Gobierno vasco a dar cumplimiento de la sentencia del Supremo y cambiar de empresa adjudicataria en las estaciones de inspección de Vitoria y de Bergara. En esa resolución judicial se desestimaban los recursos presentados por la empresa adjudicataria (Luybas) y se resolvía de nuevo “no haber lugar a la suspension de la ejecución” de una sentencia que de hecho es firme desde finales de 2007.
ITA Asua mantenía en su petición ante el tribunal que pese al tiempo transcurrido, la adjudicación no se ha producido. A su juicio, el Gobierno vasco “ha optado por el silencio, ha optado por la inactividad para que el fallo sea meramente declarativo, para que el fallo no tenga efecto alguno”. Y añadía: “La reiterada petición de informes o las protestas de querer ejecutar la sentencia no pueden ocultar que lo que subyace es una voluntad rebelde al cumplimiento de la sentencia” por parte del Ejecutivo autonómico.
La empresa reiteraba en su escrito que la Administración es “plenamente consciente” de que la firma del contrato con ITA Asua forma parte de la “ejecución de la sentencia”. Por lo tanto, al no querer ejecutar el nuevo contrato, “ha optado por la pura inactividad justificada por la petición de reiterados informes que pueda esgrimir como excusa”.
El Gobierno vasco, por contra, tiene una visión completamente diferente. En el escrito presentado ante el TSJPV en respuesta a la petición de ITA Asua, el Ejecutivo entiende que la ejecución de la sentencia del Supremo “consiste en una nueva valoración y propuesta de adjudicación”. Para los letrados del gobierno, “no corresponde a la Sala en ejecución de sentencia la adjudicación del Lote III, sino indicar si se adecúa o no a la sentencia del Tribunal Supremo la nueva valoración y propuesta de adjudicación”. La tesis que mantiene el Ejecutivo vasco es que tanto la adjudicación, como su tramitación, los posibles recursos y la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco no entra en la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal español, sino que es puro “procedimiento administrativo de contratación”. Algo que le corresponde fijar no a los tribunales, sino “a la Administración contratante”.
En ese mismo escrito, el Gobierno vasco dejaba claro que “no forma parte en este caso de la tutela judicial efectiva que en ejecución de sentencia se produzca la adjudicación de la concesión”. Por todo ello, considera el Ejecutivo que la sentencia del Supremo “está completamente ejecutada” y la “finalidad de la ejecución” de la citada resolución “no es adjudicar la concesión por concurso de la gestión del servicio público de ITVs, sino realizar una nueva valoración en el expediente de contratación.
Y a tenor de la nueva decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal vasco, ésa parece ser la interpretación ajustada a derecho y no la que ha venido defendiendo la empresa ITA Asua. Sus abogados están ya preparando el recurso contra la decisión del TSJPV.
Informe jurídico
Mientras tanto, ¿qué va a pasar ahora? No hay duda de que esta decisión judicial quita presión al Gobierno a la hora de decidir los pasos a tomar. De hecho, en el escrito de contestación a la petición de ITA Asua, el Ejecutivo apuntaba que “la propuesta de adjudicación” -que en sendas respuestas parlamentarias al PP y al PSE-EE la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, se ha comprometido a realizar “con celeridad”- “no implica necesariamente la adjudicación”. El Ejecutivo, atendiendo a la legislación administrativa de contratación, entiende que puede optar por acordar “la suspensión del procedimiento de contratación, la declaración de desierto del concurso, la renuncia a la celebración del contrato y el desistimiento del prodecimiento de adjudicación”, según enumeraba el letrado gubernamental en su escrito del pasado 31 de mayo.
Lo que el Departamento que dirige Arantza Tapia pretende es adoptar una decisión “con pleno respeto a la legalidad vigente y las resoluciones judiciales existentes”, una decisión que “contribuya al mantenimiento de la estabilidad en el servicio de ITV y evite, en la medida de lo posible, responsabilidades patrimoniales, todo ello con el mínimo daño a la imagen del Gobierno vasco”. De hecho, los nuevos gestores del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que dirige Tapia, pidieron el pasado 18 de enero un informe jurídico al viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre. En esa solicitud, se preguntaba expresamente por el periodo que debería tener la nueva concesion (11 años, 30 años) y por la “valoración de las responsabilidades patrimoniales en las que podría incurrirse [el Gobierno] en función de las diversas opciones”. Además, se planteaba otra de las dudas que planea en este caso: las “posibles soluciones a la situación generada por la existencia en las estaciones de trabajadores que no lo eran de la comunidad autónoma” cuando se adjudicó la concesión. El pliego de condiciones contemplaba la subrogación por parte de la adjudicataria del personal que en aquel momento se encontraba al servicio de la comunidad autónoma. Pero en la propia solicitud del informe jurídico se señala que “hoy en día no se da esta circunstancia, puesto que el personal trabaja para Applus SA”, y además el personal actual empleado en las dos estaciones “ha variado respecto del que los era en la fecha de la adjudicación”. Tapia tomará la decisión en base a ese informe, que ya obra en su poder. Un documento que ha sido solicitado por el parlamentario del PP vasco, Carmelo Barrio.
El Gobierno vasco adjudicó en 1993 la concesión de las ITV en Euskadi por 30 años. En total se adjudicaron cuatro lotes, con dos ITV cada una. El Departamento de Industria, entonces dirigido por el vicelehendakari y consejero Jon Azua (PNV), repartió entre cuatro empresas la concesión de los lotes. La resolución administrativa se firmó el 19 de noviembre de 1993. El contrato de adjudicación posterior tenía una duración de 30 años. Las empresas beneficiadas fueron Iteuve Euskadi (la estación de Arrigorriaga y otra que se construyó más tarde en Zamudio), Inspección Técnica Link (en Trápaga y otra levantada posteriormente en Amorebieta), Luybas (la estación de Jundiz, en Vitoria, más la que se construyó después en Bergara) y TÜV Rheinland Ibérica (en Urnieta y otra posterior en Irun).
