“España puede acabar siendo refugio de criminales franquistas”

Carlos Slepoy se mueve con destreza desde su silla de ruedas. Han sido tantos los obstáculos que ha tenido que vencer a lo largo de su vida que nada le arredra. La represión, en su caso, se adelantó un par de semanas al golpe de Estado argentino, en marzo de 1976. Tras la asonada, fue encarcelado y torturado y, finalmente, forzado al exilio en los últimos meses de 1977. Junto a la también letrada argentina y experta en filosofía del derecho penal Ana Messuti, sigue recogiendo apoyos a la querella contra los crímenes del franquismo -los últimos los de los ayuntamientos de Tarrasa y de Barcelona- que tramita la jueza argentina María Servini. Su hoja de servicios como abogado por los derechos humanos tiene varias muescas contra la impunidad, entre ellas logró que se juzgara en España al militar Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a 1.084 años de cárcel.

Pregunta. Acaba de llegar a Euskadi desde Cataluña invitado por la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo. Y siguen recogiendo apoyos a la querella contra el franquismo.

Respuesta. Estamos haciendo una campaña de difusión de la querella por donde vamos, sí. Tanto de los fundamentos, como de las perspectivas que tiene la investigación.

P. Quería preguntarle precisamente por esas perspectivas, porque después de un momento de clímax en la opinión pública española con la decisión de la jueza Servini de ordenar la detención de cuatro presuntos criminales del franquismo, parece que hemos entrado en un impasse. Dos de ellas, además están fallecidas, por la información que se ha trasladado.

R. Eso dicen, pero la realidad es que a día de hoy no han aportado ningún certificado de defunción. Por ahora, no damos por hecho absolutamente nada en torno a ese asunto.

P. En cualquier caso, ¿cuáles son lo siguientes pasos después de que tanto el Ejecutivo del PP como la fiscalía parecen parapetarse en la ley de Amnistía de 1977 para argumentar que no se puede perseguir o detener a estos presuntos criminales de la dictadura franquista?

R. Aquí hay dos situaciones: hay una que está pendiente que es la detención. Lo que procedía con la Ley española de Extradición Pasiva era el arresto de estas cuatros personas y su puesta a disposición judicial. Y luego el juez era el encargado de decidir sobre una posible prisión provisional o si por el contrario tomaba algún tipo de medida cautelar como la retira del pasaporte o la prohibición de la salida del país o cualquier otra medida que sirviera para garantizar que estaban a disposición de la justicia española y su posible huida. La segunda parte era la solicitud de extradición que iba a venir después

P. Pero nada de esto ha ocurrido.

R. Lamentablemente, se vulneró la ley. La Fiscalía tuvo una intervención no prevista en la ley, opinando que la detención no se podía hacer efectiva por la prescripción de los delitos por la ley de Amnistía de 1977. Decía además que los delitos eran muy antiguos y la orden que había llegado de Interpol era insuficiente porque no recogía los datos precisos sobre las acusaciones, etc.

P. ¿Qué hicieron entonces?

R. A raíz de esta decisión, Ana Messuti y yo mantuvimos una entrevista interesante con el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional. Le mostramos nuestra extrañeza, él opinó que la cuestión era interpretable, y nosotros le dijimos que en absoluto era interpretable, que la ley era muy clara y que tenía por objeto garantizar que estas personas quedaran a disposición de la Justicia. Y nos dijo: “¿Y donde van a estar más seguros que aquí? Evidentemente no se van a fugar porque tienen una orden de detención, pueden ser detenidos en cualquier lugar y el lugar para estar mejor protegidos es aquí.

P. La cuestión es que para entonces ya se sabía que las órdenes de detención iban a llegar también por vía diplomática.

R. Y ya ha ocurrido. El pasado 30 de septiembre, la Embajada argentina en Madrid le comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores español que habían llegado por vía diplomática las órdenes de detención con la resolución completa de la jueza Servini, donde quedaba perfectamente detallado todas las acusaciones,etc. El 7 de octubre, Exteriores lo envía al jefe de Interpol en Madrid, que lo retiene hasta el 28 de octubre, fecha en la que entiende que no es competente para esta cuestión, traducido, que no hace los trámite necesarios para detener a estas personas y, además, de una manera absolutamente improcedente, decide enviarlo de vuelta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde principios de noviembre, la orden de detención que llegó por vía diplomática está en manos del ministerio público. Hemos presentado escritos, pedido estar con el juez, pero no sabemos exactamente qué va a pasar.

P. Suena a dilación indebida, a peloteo institucional...

R. Lo importante es que nosotros insistimos en la necesidad de que sean detenidos. Y, además, teniendo en cuenta las irregularidades de las que estamos hablando, hemos solicitado a la jueza Servini que pida ya las extradiciones. Y efectivamente, ya lo ha hecho: el 28 de octubre ha acordado solicitar formalmente la extradición y esto está en trámite. Hace unos días estaba en la Cancillería argentina y cualquier día de estos llegará a España, a Exteriores y luego al Ministerio de Justicia. La ley de extradición española señala que deberá dar traslado al Consejo de Ministros y finalmente el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, decidira si da traslado a la Audiencia Nacional de la solicitud de extradición o si, por el contrario, de acuerdo con la potestad que le otorga la ley, decida no tramitarla.

P. ¿Luego sería posible, al meno como hipótesis, que quedara paralizada la orden de extradición por una decisión gubernamental?

R. Sí, sí. Claro que entonces podríamos activar otros foros institucionales Naciones Unidas, las comisiones de Derechos Humanos. Pero quedaría patente ante el mundo que España sería un refugio para estas personas. El Gobierno español quedaría retratado internacionalmente como protector de criminales. Pero incluso esa posibilidad no evitaría que se libraran finalmente ordenes de detención internacional.

P. ¿Creen que ante esa perspectiva dará traslado a la Audiencia Nacional y pasará la 'patata caliente' a la Justicia?

R. Pensamos que como es una decisión que va a tener su coste político para el Gobierno, lo más previsible, o una de las posibilidades, mejor dicho, es que dé traslado a la Audiencia y ésta decidir si extradita o no lo hace, o decide juzgarlos aquí, ya que son ciudadanos españoles. Pero también podría alegar que los hechos no son perseguibles en España, según la sentencia del Tribunal Supremo.

P. ¿Y si finalmente la Audiencia ordena su extradición?

R. La última palabra la tendría el Gobierno. Podría pasar lo que sucedió con Pinochet en Gran Bretaña: la Justicia británica, tras muchas idas y vueltas, acordó la extradición, pero el Gobierno británico, en connivencia con el español y el chileno, decidio que no le extraditaba. Hay que recordar que Pinochet, en el momento de ser detenido, no estaba imputado, la imputación se produjo justo después. En ese caso, la Justicia española volvería a amparar a este tipo de criminales. No podrían salir de España porque correrían el riesgo de ser detenidos. E incluso los que a día de hoy no están imputados, podrían correr la misma suerte. Todos aquellos que tienen responsabilidades en los crímenes del franquismo están alertados de que en cualquier lugar donde se les encuentre, les puede pasar. Esto es lo que la querella puede lograr, al menos en este momento.

P. La foto fija de un Gobierno de un Estado democrático protegiendo criminales no es nada edificante.

R. No es muy halagüeña, desde luego. son gotas que van horadando la piedra. Amnistía Internacional ha recogido en su campaña 100.000 firmas en favor de la extradición, Naciones Unidas se acaba de pronunciar contra la impunidad en este caso, sectores de la judicatura como la asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se ha pronunciado también, la deslegitimación de la Justicia española sería cada vez más evidente. Hay que recordar que en las investigaciones sobre la dictadura argentina y chilena que se desarrollaron en España, el juez Baltasar Garzón llegó a dictar 198 órdenes internacionales de detención. Y eso fue teniendo su efecto. El Gobierno argentino sistemáticamente las rechazaba, hasta que hubo un momento en que el estímulo que causaba a las víctimas en su lucha contra la impunidad era tremendo y, por otra parte, las fisuras en las estructuras de poder argentinas: empezaron a surgir jueces que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida y decidieron finalmente que se iban a juzgar los crímenes. El objetivo final de nuestra querella, que es un mero instrumento que sirve para denunciar públicamente la impunidad, es lograr la impunidad. Uno no puede saber lo que va a deparar el futuro, pero nosotros estamos muy firmes. Frente a lo que le pasó a Garzón, que fue muy cuestionado en su momento por la fiscalía, etc, la jueza Servini, por contra, cuenta con el total apoyo de la estrutura judicial argentina. Veremos.