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La Justicia paraliza la reforma del estadio de Anoeta

Los jueces anulan el plan urbanístico que permitía eliminar las pistas de atletismo y construir cuatro torres en las esquinas del recinto deportivo para usos terciarios.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha paralizado la remodelación del estadio de fútbol de Anotea, donde disputa sus partidos la Real Sociedad. Los jueces anulan la modificación del Plan General Urbanístico que aprobó por unanimidad el Ayuntamiento de San Sebastián en enero de 2013 para permitir la ampliación de Anoeta y eliminar las pistas de atletismo. Tanto el Consistorio como la propia Real Sociedad son los impulsores del proyecto paralizado. Como la sentencia no es firme, ambos pueden recurrir al Tribunal Supremo.

La Justicia ha tenido en cuenta el recurso presentando en su momento por el abogado y exparlamentario de Euskadiko Ezkerra, Javier Olaverri, quien recurrió ante el Superior esta modificación. El tribunal declara nula la modificación del Plan General porque "adolece de insuficiente justificación, puesto que la recalificación del suelo para usos terciarios no se sustenta o explica en la necesidad de incrementar la oferta de este tipo de suelos terciarios, ni siquiera en la existencia de demanda para estos usos".

Olaverri asegura que la modificación urbanística, apoyada por todos los partidos políticos, es "todo un ejemplo palpable de lo que se conoce como urbanismo a la carta". Según el abogado, adolece de un estudio de alternativas y se realizó sin un estudio de sostenibilidad financiera y de un informe económico-financiero. "El proyecto ahora rechazado por los tribunales", añade, "consiste en destruir un patrimonio público seminuevo y  que costó en su día [1993] muchos millones de euros al erario público,  para forzar a la administración a construir y financiar  otro estadio más del gusto de la Real Sociedad. Obviamente ese dinero así despilfarrado va en contra de las verdaderas necesidades de nuestra sociedad".

"Hoy lo que se necesita son inversiones productivas que creen riqueza y gasto en los sectores más sensibles socialmente que palien el enorme sufrimiento que está acarreando la crisis. Los chicos en pantalón corto que ganan más de un millón de euros al año de media no son precisamente la prioridad de una sociedad democrática", denuncia el letrado.

Un nuevo campo

Más que una ampliación, la reforma diseñada por el Ayuntamiento que gobierna EH Bildu y por la Real Sociedad supone la construcción de un nuevo campo de fútbol para 40.000 espectadores (8.000 asientos más que en la actualidad) y la edificación de cuatro torres en las esquinas del recinto deportivo para usos terciarios. Las obras costarán 62,5 millones de euros y estaba previsto que prolongarán durante cuatro años, que ahora serán más.

Olaverri llama la atención sobre el "falaz argumento de que la Real Sociedad es Gipuzkoa" y que por eso las administraciones deben darle a ésta todo lo que pida. "Gipuzkoa es mucho más que la Real Sociedad y malo sería que fuera cierto que el equipo de fútbol es lo único que comparten los gipuzkoanos. Ese argumento no es más que una infamia intelectual pregonada por algunos con la intención  de conseguir subvenciones".

"Si tanta unión hay entre la Real y Gipuzkoa", prosigue, "¿por qué la Real no deja de drenar recursos públicos  en favor de profesionales que ganan más de un millón de euros anuales, cuando esos recursos salen de muchos parados y mileuristas, así como de  ciudadanos que  ven mermados sus prestaciones en sanidad y educación?". Lo cierto es que la Real es un inquilino que no paga nada por el alquiler del campo, lo que equivale a "1,5 millones de euros anuales de subvención por parte del Ayuntamiento. Bastaría que cada aficionado pagara tres euros más por su entrada para que no hubiera necesidad de subvención y así ese dinero podría dedicarse por el Ayuntamiento a cosas más útiles socialmente hablando".

También es una forma de subvención "encubierta la decisión de Diputación de transformar los casi 22 millones de euros de impuestos atrasados en créditos participativos a 30 años de plazo  y un raquítico interés del 0,4% anual. ¿A cuántas empresas en crisis se les ha dado ese privilegio por parte de nuestra hacienda?".


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