LAB exige que se investigue “exhaustivamente” el desfase presupuestario y retraso en las obras de la lonja de Pasaia

El sindicato LAB ha exigido que se investigue “exhaustivamente” el desfase presupuestario y el retraso en la ejecución de la nueva lonja del puerto de Pasaia, que inicialmente estaba previsto que estuviera finalizada para diciembre del pasado año. Además, ha acusado al presidente de la APP, Ricardo Peña, de permitir “un escándalo de derroche de dinero público” en esta actuación, mientras aplicaba “recortes” y medidas de “austeridad” a la plantilla del puerto.

En un comunicado, LAB ha indicado que en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes (APP), del que es miembro, el pasado 15 de diciembre el presidente de la APP, Ricardo Peña, informó sobre “las graves irregularidades detectadas” en el proceso de construcción de la nueva lonja de pescado en San Pedro.

Los 15 consejeros de la APP tuvieron conocimiento en ese momento “del desfase respecto al presupuesto inicial de 15 millones de euros a una estimación actual de 23 millones para su finalización, y que todavía queda por resolver el montante final de esa ejecución”, ha explicado.

Asimismo, se les comunicó que la obra “está prácticamente paralizada y que no se puede cumplir con los plazos previstos que contemplaban su finalización para finales del 2015”. El sindicato ha denunciado que pasaron “seis meses” desde que los resultados de las auditorías jurídicas y económicas que apuntaban “posibles irregularidades” llegaron al puerto, hasta que se dio cuenta de ello en el Consejo de Administración.

LAB ha apuntado que, según las auditorías, el sobrecoste en la obra “está justificado” pero “no se ha cumplido con casi ningún procedimiento a seguir en obras que hace la Administración Pública” y no se han tramitado los modificados de presupuesto a tiempo, una “falta muy grave” según los auditores.

En el Consejo del pasado marzo, Peña propuso el cese inmediato del director de la APP y la apertura de expediente disciplinario al director de obra, que es jefe de infraestructuras de la Autoridad, al cual se ha apartado la obra.

El sindicato ha señalado que la Presidencia “quiere zanjar el tema con estas medidas”, pero los consejeros han aprobado, a propuesta de la Abogada del Estado, el ofrecimiento hecho por Puertos del Estado para realizar una auditoría “integral desde el inicio del proyecto hasta ahora, que abarque la adjudicación de la obra, la asesoría técnica, la comprobación de precios pagados a la UTE y la actuación tanto del órgano de contratación (presidencia), como de la Dirección de la APP”.

Además, en la reunión extraordinaria del Consejo del pasado 5 de abril la abogada del Estado y asesora del consejo propuso elevar a la Fiscalía toda la información disponible para abrir una vía de investigación. Sin embargo, LAB ha señalado que menos tres votos a favor, uno de ellos del sindicato, el resto de consejeros “se ha opuesto a la intervención de Fiscalía”. A pesar de ello, en el ejercicio de sus funciones, la abogada del Estado ha decidido, a título individual, pasar toda la información disponible a la Fiscalía Territorial de Gipuzkoa.

CRITICAS AL PRESIDENTE

LAB ha acusado a Peña de sumarse “a la orgía de recortes salariales y sociales del Gobierno de Madrid y elaborar un Plan de Actuación y un Plan de Austeridad, que acabó de rematar todas las esperanzas de la parte social de recuperar los derechos” de los trabajadores que han visto “congelados y devaluados los salarios”. Sin embargo, ha censurado que mientras el presidente de la APP “permitió este escándalo de derroche de dinero público en la única inversión hecha en el puerto en los últimos años”.

Tras incidir en que el presidente de la APP ha “tirado por la borda su teoría de la austeridad y la rebaja de costes”, el sindicato ha exigido que se investigue “exhaustivamente” este asunto y que “se cambie la forma de actuar de la APP”.

Las obras de construcción de la nueva lonja de Pasaia se iniciaron en noviembre de 2011 con un presupuesto de 15 millones y un plazo de ejecución de 26 meses (febrero 2014). Sin embargo, las obras están sin terminar y la liquidación final estimada por la Intervención General del Estado es de 25 millones.