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El Parlamento legislará el 'último paso'

Patricia Burgo Muñoz

Vitoria-Gasteiz —

La muerte es inevitable. El final de la vida posee para cada persona un significado. Es algo íntimo que va desde las creencias religiosas, pasando por el pánico, hasta la lógica de que es el fin natural de un ciclo. Hasta ahí, la sociedad no tiene, o no tendría, nada que decir. Pero en el último paso, el que acompaña a la persona que padece alguna enfermedad de este mundo hasta la muerte, existe un gran vacío legal. Un agujero que provoca que no existan normas, que no haya procedimientos universales y que cada centro, profesional o paciente se agarre a lo que buenamente pueda.

En Euskadi el Documento de Voluntades Anticipadas es el único registro que regula este proceso. Este testamento vital permite al paciente la opción de decidir de forma previa qué tratamientos y cuidados quiere recibir si no puede expresarlo personalmente una vez llegado el momento. 12.200 vascos han firmado ya está petición que se creó formalmente en 2003, pero este número todavía representa apenas al 5% de población.

“Existe mucha falta de información a este respecto” reclama Itxaso Bengoetxea, médico especialista en medicina familiar y con una amplia trayectoria en cuidados paliativos. Su experiencia en el Hospital de Galdakao le ha demostrado que el testamento vital “es un documento que se elabora muy poco y al final lo que hace es delegar en una tercera persona la voluntad propia”. Por eso Bengoetxea afirma que “hoy por hoy hay un plan que no se ha desarrollado del todo”, y añade que los recursos “son diferentes en cada provincia” e incluso en cada hospital “que regula a su manera” los cuidados paliativos de los pacientes que se encuentran en esa delicada situación.

En esta misma línea se expresa Rosalía Miranda, presidenta en Euskadi de la asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’ (DMD). “El testamento vital es un magnífico documento que da seguridad a pacientes y profesionales sanitarios, pero apenas se conoce”. Por eso Miranda reclama al Gobierno vasco campañas educativas e informativas que acerquen a la sociedad a esta fórmula, la única que existe hasta ahora, y que por otro lado considera insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que “son momentos de máximo sufrimiento humano”.

El Parlamento vasco afrontará esta cuestión, previsiblemente el próximo curso, con el debate de una proposición de ley presentada por EH Bildu. Bajo el nombre de ‘Ley de garantía de los derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de la vida’, el grupo parlamentario pretende abrir el debate y abordar el tema con naturalidad y teniendo como eje central a las personas.

“Tema tabú”

En este punto, el documento pone también en valor la relación entre pacientes y profesionales, un colectivo que en ocasiones se encuentra con falta de recursos y desconoce sus derechos y obligaciones a este respecto. Los pacientes, su familia y su entorno se enfrentan a algo desconocido y que tal y como explica Itxaso Bengoetxea “sigue siendo un tema tabú” y un apoyo profesional adecuado se hace imprescindible. “Los médicos somos especialmente activos en la parte terapéutica y de diagnóstico, pero deberíamos fijarnos más en el proceso que lleva a la muerte dando más calidad y dejando de ser tan agresivos buscando una solución que no existe”, reconoce, y para ello reclama una normativa que estandarice los cuidados paliativos.

Bengoetxea aboga por actualizar la regulación jurídica que tal y como describe la proposición que se debatirá en la Camará vasca, deberá dotar de mayor autonomía personal al enfermo de manera que el paciente tenga derecho a recibir información veraz sobre su proceso y enfermedad, a rechazar un tratamiento, a la limitación del esfuerzo terapéutico y a elegir entre las opciones disponibles incluida la sedación terminal.

Además la propuesta recoge también la necesidad de formar al personal sanitario de manera que los profesionales vayan planificando con el paciente la atención sanitaria, previendo las situaciones futuras y tomando decisiones sobre cómo proceder ante sucesos que puedan acaecer, sin que sea algo fortuito.

Navarra, Aragón y Andalucía ya han aprobado leyes autonómicas que regulan el proceso final de la vida, pero en la práctica, solo la Comunidad Andaluza ha desarrollado la norma, y de hecho esta regulación se ha convertido en un referente para profesionales médicos y asociaciones de pacientes que reclaman un avance en este sentido.

Despenalización de la eutanasia

El hecho de que se abra el debate es ya “positivo” para Rosalía Miranda, presidenta en Euskadi de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que confía en que este supuesto se convierta en un “derecho del siglo XXI”. Aún así la reclamación de DMD va más allá, y la asociación extiende su reivindicación a las Corte Generales. “Debe haber un debate a nivel de Estado para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido”, puntualiza Miranda. La asociación que tiene delegaciones en diferentes provincias españolas y más de 4.000 socios, promueve el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla, incluida la eutanasia y el suicidio asistido.

El Codigo Penal establece en su artículo 143 que “el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”. En este sentido Miranda defiende un cambio legislativo porque “las leyes hacen que nuestra vida sea mejor, y deben hacer que también nuestra muerte, que no es ajena a la vida, sea mejor”. Mientras tanto se conforma con que el debate llegue a las instituciones y abra un proceso en el que la muerte deje de ser algo ajeno a cada persona y suponga otra parte de la vida de la que poder tomar una decisión.

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