La Ley de Vivienda contra las cuerdas: Rajoy la recurre al Constitucional
La Ley vasca de Vivienda está contra las cuerdas. El Gobierno central ha decidido recurrir varios de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, entre ellos el que fija un canon para los dueños de pisos vacíos. El Gobierno, que solicita la suspensión de la normativa, considera que la Ley vasca invade competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan “la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de derecho civil, ya que determina e impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda al incluir un nuevo deber, el de habitar la vivienda”. La Ley de Vivienda, que fue aprobada en junio del año pasado por el Parlamento vasco con los votos a favor del PSE, EH Bildu y UPyD, establece el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y por lo tanto, reclamable ante los tribunales.
La Ley vasca fija un canon para los propietarios de viviendas desocupadas basado en un sistema de presunciones (como, por ejemplo, consumos anormales de agua, gas o electricidad). Este canon, del que quedan excluidas las residencias de verano o segundas viviendas, se aplicará cuando transcurran dos años de desocupación del piso. Entonces será gravado con 10 euros de multa por metro cuadrado y año. La cuantía crecerá un 10% cada ejercicio hasta un topo de tres veces la cuantía inicial.
El Gobierno (que se encuentra en funciones) argumenta en su petición al Constitucional que en el ordenamiento jurídico español no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad y en base a un sistema de presunciones.
Expropiación
Por otra parte, el Ejecutivo central también ha recurrido las medidas relacionadas copn el desahucio administrativo, la expropiación de la vivienda, su venta forzosa, el derecho de adquisición preferente, el alquiler forzoso y la imposición de multas y sanciones, sin establecer graduación alguna entre las mismas, de manera que se vulnera el principio de la proporcionalidad.
A su juicio, la adopción de las medidas recogidas por la ley vasca tendría un impacto significativo sobre las entidades de crédito y sobre el mercado hipotecario, vulnerando la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
