Lezama aprueba el mismo plan urbanístico anulado por la justicia que beneficia a su alcaldesa
El Ayuntamiento de Lezama ha aprobado prácticamente el mismo plan urbanístico del municipio que fue anulado por la Justicia en 2009 y que beneficia a su alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV). El nuevo documento es prácticamente idéntico al anterior, que fue rechazado por el Tribunal Superior vasco por irregularidades en el informe de impacto ambiental y que, aunque no entraba en el fondo, destacaba el cambio de calificación de zonas inundables, como el solar de la familia Etxeandia. Al igual que en 2009, el documento del plan urbanístico de Lezama recalifica como urbanizables unos terrenos catalogados ahora como urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas. Contempla la construcción de 52 pisos, una operación que tenía además beneficios concretos: 5,5 millones de euros para la familia Etxeandia reflejados en un acuerdo de compraventa firmado con dos constructoras. Este acuerdo fue firmado en 2007, ocho meses antes de la aprobación del anterior planteamiento urbanístico que recalificaba sus terrenos.
El Ayuntamiento de Lezama aprobó el pasado día 11, en un pleno, de manera provisional el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, cuya ratificación definitiva ya queda en manos del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya. La aprobación se hizo con los votos de los seis ediles del PNV, incluido el de la alcaldesa, y el rechazo de los cinco concejales del Bildu. El acuerdo, como reprocharon los corporativos de la coalición independentista, no incluye las medidas correctoras establecidas por la Diputación de Vizcaya en el informe preliminar de impacto ambiental hace más de un año. En el debate los ediles del PNV argumentaron que dichas medidas son solo consejos, en contraposición a lo que argumenta Bildu, que en una reunión con el Departamento foral de Medio Ambiente sus responsables les transmitieron que son de obligado cumplimiento. Los cambios en el PGOU, respecto al documento anulado en 2009, son mínimos como la inclusión de viviendas de protección pero destaca que se plantea la construccción de 500 viviendas en un municipio que tiene ahora un millar, de ellas 200 vacías, según fuentes municipales.
Los terrenos de la familia de la alcaldesa, ubicados junto al río Asua a su paso por Lezama, estaban considerados inundables desde 1993. Al revisarse en 2002 el plan urbanístico municipal, el Ayuntamiento mantuvo esta calificación, lo que persistió en 2006 al aprobarse inicialmente las normas subsidiarias. Pero en 2007, pocos días antes de la aprobación por el Gobierno vasco, el consistorio introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del Ejecutivo aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal “que sólo ha podido ser analizado con premura”, según admitió entonces la Dirección de Aguas.
El Tribunal Superior anuló en 2009 todo el plan urbanístico de Lezama por irregularidades en el informe de impacto ambiental. Aunque no entraba en el fondo del asunto, estableció que “se debe hacer expresa referencia” al cambio de calificación de zona inundable. Sin embargo, sólo un mes después de conocerse la sentencia, el Ayuntamiento de Lezama empezó a aprobar proyectos para impulsar la urbanización del solar de los Etxeandia, el llamado plan Txupetxa, que fue además la única actuación urbanística que se puso en marcha.
Estos intentos han sido cortados de raíz por los tribunales que, en tres fallos diferentes, entre junio y noviembre del pasado año, han declarado ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.
El Registro de la Propiedad revela que 5.405 metros cuadrados del total de 7.725 de la llamada unidad de ejecución de Txupetxa pertenece al padre de la alcaldesa, una tía y varios primos. En el plan urbanístico se prevé construir en esa unidad 52 viviendas, 40 libres y 12 protegidas. Pero el proyecto se encalló al anularse todo el plan y las constructoras que iban a ejecutarlo han rehusado y exigen los 2,2 millones que adelantaron a la familia Etxeandia.
