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El expresidente de Kutxabank dice que contratar al exdelegado del Gobierno por la entidad tenía una "función social"

Mario Fernández defiende que se buscara "una salida laboral" a una persona que "ha estado en primera línea en el tema del terrorismo" como el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces

"Hay una persona que ocupó el mismo puesto que Cabieces antes, que el Gobierno lo mandó a Chile, volvió 15 días de vacaciones y le pegaron dos tiros", recuerda, en alusión a Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA

Mario Fernández dice que el objetivo era "buscar un puesto de trabajo" a Cabieces, "y no un puesto para cobrar"

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha declarado que el objetivo era "buscar un puesto de trabajo" para el exdelegado del Gobierno, el socialista Mikel Cabieces, "y no un puesto para cobrar", a la vez que ha considerado "una función social" buscarle "una salida laboral" a una persona que "ha estado en primera línea en el tema del terrorismo".

Fernández se ha manifestado, de esta forma, en su declaración ante la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como acusado en el juicio por los presuntos pagos irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco durante su etapa como presidente al exalcalde de Portugalete, a través del bufete del letrado. En la jornada de este martes también está previsto que declaren el exdelegado del Gobierno central en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta.

"No he hecho nada con la intención de perjudicar a Kutxabank", ha reiterado el expresidente de la entidad, que se ha mostrado indignado por este caso y las acusaciones vertidas contra él en los escritos de calificación.

En su declaración, Fernández ha explicado que "una alta personalidad de un partido" y otros dos representantes de otra formación le llamaron para "tratar de buscarle de algún tipo de salida laboral" a Cabieces, lo que era una práctica "habitual" para personas en la situación del exdelegado socialista.

Tras insistir en que en todo momento se trataba de dar un trabajo, "no pagar por unos servicios que no iban a ser prestados", Fernández ha dicho que él "estaba dispuesto porque entendía que es una función que también tenemos que cumplir, la de proteger a personas que han estado en primera línea en el tema del terrorismo".

El precedente de Jáuregui

"Hay una persona que ocupó el mismo puesto que Cabieces antes, que el Gobierno lo mandó a Chile, al aeropuerto de Santiago de Chile, volvió 15 días de vacaciones y le pegaron dos tiros, y me parecía que podía ser una función social que se podía cubrir perfectamente", ha afirmado, en relación al ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan maría Jáuregui, asesinado por ETA.

Según ha explicado, entre las "líneas rojas" que puso estaba el que Cabieces no se incorporara a Kutxabank, pero ha asegurado que él estaba "dispuesto a hacer lo que pudiera para buscarle un puesto".

Este martes han comenzado las sesiones de la vista después de que el pasado 6 de febrero se abordarán las cuestiones previas, sesión en la que todas las defensas de los acusados solicitaron el archivo del caso al entender que existe "acusación indebida" por administración desleal, porque la entidad bancaria, como supuesto perjudicado, no ha presentado denuncia judicial y la Fiscalía no está "legitimada" para iniciar el procedimiento.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Bizkaia desestimó las cuestiones previas, por lo que continúa el juicio, que concluirá esta misma semana. En concreto, están previstas sesiones este martes, el miércoles 15 y el día 17 de febrero.

La Fiscalía remitió al Juzgado este caso en febrero de 2015 tras poner los hechos en su conocimiento Kutxabank, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en estos pagos. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad de los pagos, mientras que Kutxabank decidió no presentarse como acusación.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para los acusados por administración desleal o tres por apropiación indebida. La acusación popular, ejercida por LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, solicita tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera.

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