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Un grupo anticorrupción pide que Maroto y Alonso asuman "responsabilidades" por un contrato "lesivo" para Vitoria

Se trata del contrato de alquiler firmado a un precio muy superior al de mercado en 2007 por el que este próximo lunes ambos dirigentes populares serán juzgados en el Tribunal de Cuentas del Estado

El colectivo anticorrupción Adi baraja, además, la posibilidad de llevar este caso a la vía penal

El colectivo anticorrupción Adi ha exigido que el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, asuman sus "responsabilidades políticas" por el "lesivo" contrato firmado con un empresario en 2007, por el que este próximo lunes serán juzgados en el Tribunal de Cuentas del Estado. Este colectivo baraja, además, la posibilidad de llevar este caso a la vía penal.

 Adi, en una rueda de prensa celebrada este jueves en Vitoria, ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración que se celebrará el próximo lunes con motivo del juicio contable que celebrará el Tribunal de Cuentas del Estado por el 'caso San Antonio'.

 En esta causa se investiga el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas por Maroto y Alonso, al firmar en 2007, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

 El colectivo Adi ha reclamado a ambos dirigentes, investigados por esta causa junto al resto de miembros de aquel Gobierno municipal, que asuman sus "responsabilidades políticas".

 Adi ha denunciado que el contrato que Alonso, como alcalde, y Maroto, como concejal de Hacienda, firmaron con el empresario Gonzalo Antón para el alquiler de unos locales, resultó "lesivo" para el interés público.

Por ese motivo, han defendido la necesidad de que se "esclarezca" lo ocurrido. Con ese fin, y al margen del juicio contable en el Tribunal de Cuentas, Adi estudia la posibilidad de llevar este asunto a la vía penal, aunque ha lamentado que los obstáculos y la falta de "transparencia" por parte del Ayuntamiento de Vitoria para entregarles documentación en torno a este expediente les está dificultando su labor.

Las críticas de este colectivo se producen días antes de que el Tribunal de Cuentas del Estado juzgue estos hechos desde el punto de vista de una eventual responsabilidad "contable" por la firma de este contrato.

El contrato, firmado en 2007 por el Gobierno municipal, en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas.

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