Modificar la Constitución de 1978, ¿para qué?

No hay quien lustre en estos días la Carta Magna de 1978, como a aquel coronel latinoamericano a quien nadie escribía ya. Más bien se ha desatado un vendaval político que puede llevarse por delante los consensos que alumbraron un modelo político, el de la Transición, que tal vez ha dejado de tener la respuesta apropiada para todos los cambios –incluidos de paradigma- que se han producido ya en la sociedad española y otros muchos que desde diversos sectores políticos y sociales se exigen. Entre ellos, el encaje de las pulsiones nacionalistas catalana y vasca en un Estado que, de hecho, ya tiene un modelo autonómico asimétrico aunque sin reconocimiento de sus realidades plurinacionales.

La política de principios de siglo conjuga ideas y verbos que pueden ser los mimbres con los que se diseñe el futuro: regeneración política, transparencia, participación ciudadana, derecho a decidir, consultas… . Tanto que el último Sociómetro vasco revela que un 71% de los encuestados quiere que se consulte a toda la ciudadanía española sobre el modelo de Estado y un 20% rechaza esa posibilidad. Y también que un 72% defiende que se reforme la Carta Magna para incluir en ella la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan “decidir sobre cómo quieren que sea su relación con el Estado”.

“Después de tantos años es absolutamente necesario abordar una modificación constitucional. El problema es que mientras otros muchos países han cambiado sus constituciones desde la normalidad Alemania, Italia, Francia, Portugal, aquí, al haber dejado pasar tanto tiempo sin reforma constitucional, todo se hace más difícil y por eso hay sectores que hablan de abrir un proceso constituyente”. Eduardo Vírgala es catedrático de Derecho Constitucional en la UPV/EHU y considera que, como sostenía el presidente estadounidense Thomas Jefferson, para que las nuevas generaciones puedan sentir como suya la ley de leyes, “cada 25 años se debería actualizar”.

La Constitución española cumple ahora 36 años y la última modificación se hizo “en verano, a todo correr, al dictado del Banco Central Europeo y de tapadillo”, sostiene Vírgala en alusión a la modificación del artículo 135, cambio pactado entre el PSOE, entonces en el Gobierno, y el PP y que ahora Pedro Sánchez considera un error que le costó millones de votos. Una marea de sufragios que le está costando mucho recuperar.

Es lo que el también catedrático de Derecho Constitucional por la UPV, Alberto López Basaguren, denomina en un reciente artículo los riesgos de la “petrificación constitucional”. Y añade: “La incapacidad de un sistema constitucional para adaptarse a las circunstancias cambiantes incrementa el riesgo de ruptura constitucional”. No es una descripción desde la atalaya universitaria. Es algo que ya ha sucedido en Cataluña, donde además son los propios movimientos sociales los que han tirado del carro político e institucional, y que en Euskadi está discurriendo con sordina en una ponencia parlamentaria tras el ensayo fallido del plan Ibarretxe y su consulta.

Lo cual no quita para que el líder del PNV, Andoni Ortuzar, pida con insistencia una “reforma profunda del Estado que recoja ”sí o sí el derecho a decidir“ o EH Bildu intente enredar, sin éxito, a los peneuvistas en su vía vasca hacia la independencia.

El Congreso de los Diputados que surja de las próximas elecciones generales deberá abordar las claves de la reforma de la Constitución de 1978. Y las nuevas mayorías que puedan alumbrarse, tras el terremoto político de Podemos en el tablero político español, definirán por dónde deben discurrir esos cambios que deberían servir para regenerar la vida política y encajar las realidades plurinacionales.

Aunque ya hay voces como las del joven dirigente de Izquierda Unida (IU) y diputado malagueño, Alberto Garzón, que destacan la importancia de los resultados en los comicios autonómicos y locales porque pueden marcar las ansias de cambio real.

“No podemos restar importancia a unas elecciones que deberían ser el inicio de un proceso constituyente. Si son unas elecciones en las que la mayoría social va unida a candidaturas ciudadanas, creo que los resultados pueden manifestar el deseo del cambio y de transformación de este país”, señala Garzón.

¿Pero modificar la Constitución para qué?

Pedro Ibarra, politólogo y retirado ya de la docencia universitaria, donde ha impartido pensamiento político durante décadas, considera que ese viaje político debería servir para “lograr un blindaje real de los derechos sociales y los derechos políticos ciudadanos”. Ibarra sostiene que hay que incluir en la Carta Magna la garantía de que los espacios de participación ciudadana como las consultas, las iniciativas populares legislativas (ILP) se puedan ejercer de verdad. Pero también defiende la reforma para conformar un “modelo estable sobre el poder territorial” y las diferentes competencias (“bien desde un federalismo avanzado, un federalismo asimétrico o un sistema confederal) ”en el que se regule el derecho a decidir o la secesión“.

Idea, esta última, que comparte Vírgala. “Hay que regular en la nueva Constitución cómo es posible ejercer el derecho de secesión.

Con todo, López Basaguren recuerda lo evidente. “De alguna manera son los políticos los que tienen la facultad de modificar las cosas a través de la ley”. “Y el reto que plantea la inclusión de los nacionalismos en el reforma del Estado autonómico es, por encima de todo, un reto político”, recuerda López Basaguren -citándose a sí mismo en una intervención en un seminario organizado por las fundaciones Konrad Adenauer y Manuel Giménez Abad celebrada en Altea en septiembre de 2012. Y recuerda la cita no por petulancia, ni arrogancia, sino para mostrar que desde el campo académico ya había voces -y no solo la suya- que hace más de dos años planteaban la necesidad de hincar el diente a un asunto como el del encaje de determinadas realidades nacionales en España.

 

“La renovación del Pacto Constitucional que proponemos aspira a mejorar nuestra democracia, construir una España federal y blindar los derechos, hoy amenazados por los gobiernos de la derecha”, ha dejado por escrito el PSOE de Sánchez recientemente en Zaragoza, intentando esgrimir una propuesta frente a la laxitud y falta de iniciativa política demostrada por Mariano Rajoy ante la marea independentista catalana. Una marea que ha movilizado a 2,2 millones de ciudadanos en las urnas.

Y aunque todavía es muy pronto para definir hasta dónde puede llegar lo que algunos llaman simplemente la “renovación del Pacto constitucional” (PSOE) y otros abiertamente definen como la “apertura del candado del régimen de 1978” (Podemos), ni sobre que consensos se hará, no hay vuelta atrás. El catedrático Alberto López Basaguren recuerda una cita del político británico laborista Alistair Darling en su reciente campaña por mantener a Escocia en el Reino Unido bajo el lema Better Together (mejor juntos): “El referéndum escocés ha mostrado el peligro de ceder demasiado terreno a tus oponentes. Si simplemente te sientas a esperar hasta que el otro ya ha ocupado mucha parte del terreno vas a pagar un precio muy alto”. No hablaba de Rajoy, claro, pero encaja como un guante ante lo que ha pasado en estos dos años y medio últimos en Cataluña.

Pero este Gobierno, que preside Mariano Rajoy, ha dado muestras de encefalograma plano en lo que a la reforma constitucional se refiere en todo ese periodo. Esta misma semana, la propuesta del PSOE de Pedro Sánchez de crear una subcomisión en el Congreso para analizar la reforma constitucional ha sido despachada por el PP con un “no es operativo”, “no es necesario” y además es una frivolidad.

Fue el poeta estadounidense Logan Pearsall Smith, que falleció poco después del renacimiento de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el que acuñó aquello de que la verdadera prueba de una vocación es el amor por las rutinas que comporta. La sociedad española –y sin duda la vasca- no parece debatirse entre ninguna vieja rutina. Y muchos de sus ciudadanos creen, como cantaba aquel grupo extremeño, que “va a subir la marea y se lo va a llevar todo”.

“Todos, estemos donde estemos los ciudadanos, tenemos que asumir responsabilidades políticas para que esto cambie, porque no nos gusta el país que tenemos”, resume Alberto Garzón. Pero algunos, ciertamente, tienen más responsabilidad que otros.