Nueve años para destapar la trama de comisiones en torno al ex 'número dos' del PNV alavés
Los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira y los abogados Arantxa Isasmendi e Ibon Gaínza lo tenían preparado al milímetro desde hacía días. A diferencia de otras veces, las presiones no surtieron efecto. Era el lunes a las 14.13 horas y Josu Arruti, militante del PNV e intermediario de la millonaria operación urbanística en la pequeña Zambrana, al escuchar la pregunta pactada, tenía que confesar tres cosas: 1) Que el ex 'número dos' de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, había cobrado comisiones de los promotores catalanes del proyecto, Construcciones Riera; 2) Que habría más mordidas si el plan avanzaba; y 3) Que los pagos se justificaban por su influencia en el partido y en las instituciones. Exactamente 3.260 días (8 años, 11 meses y 3 días) después de iniciada la investigación del 'caso De Miguel' uno de los principales protagonistas ponía voz a los indicios acumulados en 25.000 páginas de sumario.
En 2004, la alcaldesa 'jeltzale' de Zambrana, María Justina Angulo, que ha querido desmarcarse expresamente de las irregularidades, planteó la opción de impulsar un polígono industrial en el pueblo y llamó al partido. Allí su interlocutor fue De Miguel y éste contactó con Arruti, experto en urbanismo -pese a no haber completado la carrera- y encargado por el PNV de la compra de suelo en Foronda para el Alderdi Eguna. Su misión era captar inversores. Hubo un primer intento con el grupo navarro-aragonés Capirresgo, pero el precio que ofrecía a los propietarios de las fincas afectas por la recalificación de 150 hectáreas era insuficiente. Por mediación de un excargo de CiU, Ramòn Tomás i Riba, Arruti inició nuevas conversaciones con Riera en la primavera de 2005. Sus honorarios con los catalanes podían llegar a 3 millones euros por menos de 0,3 con Capirresgo.
Josu Arruti: Es entonces, cuando veo que las cosas están tan mal [con Capirresgo], cuando le llamo a De Miguel. Él me había dado entrada y le llamo para comentarle. Hablo con él y no sólo le hago traslado de mi preocupación, sino también de que tengo un plan B, de que tengo la posibilidad de que si esto fracasa teníamos una sustitución con una empresa de prestigio. [...] Le propongo también… quería su opinión [del proyecto] y le pido que me haga un comentario. En esa vuelta, cuando él me llama, hablamos del futuro del proyecto y le digo que tengo pactado un sustancioso contrato [con Riera]. Ahí el señor Alfredo de Miguel me dice: '¿Qué te parecería si al margen de tus honorarios les pidieras una comisión para ti y para mí?'. Yo le digo: ¡Algo hay que mostrar a cambio!' ¿En concepto de qué? [...]. Bueno, yo me lo pienso, le digo que lo tengo que ver. Y le digo que sí. Igual me vence a mí también la avaricia. Hablamos de una comisión de 161.000 euros aproximadamente para cada uno. Me traslado a Barcelona. En un primer momento, [el gerente de Riera, Francesc Fernández Joval] no me contesta. Pero no se escandaliza. Era finales de junio. Pasan dos o tres días y, a principios de julio, antes de Sanfermines, Francesc me llama y yo me traslado a Barcelona. 'Mira, lo que me propusiste... estoy de acuerdo. Lo incluiremos dentro de tus honorarios'. Y además me hace una oferta muy interesante: 'Además, contaríamos contigo y con tu amigo, con Alfredo de Miguel, para que en el futuro desarrollo [del polígono de Zambrana] podáis ofertar vuestros servicios a las empresas que se puedan ubicar.
Manuel Pedreira: ¿161.000 euros por qué?
J.A.: Comentamos cuál podía ser la cantidad adecuada y no ser redonda ayuda en ese sentido. No había una razón… Me van a disculpar pero no creo que haya una tabla de comisiones ilegales.
M.P.: ¿Se pide a cambio de algo? ¿Qué se ofrecía a Francesc?
J.A.: De Miguel tenía una interlocución y conocimiento profundo del sector. Eso podía ayudar al proyecto.
M.P.: ¿Incluía remover obstáculos con las Administraciones?
J.A.: Creo que ya le he constestado… Su interlocución ayuda.
M.P.: ¿Incluidas instituciones publicas?
J.A.: Claro.
Alfredo de Miguel constituyó con los también dirigentes del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano la mercantil Kataia Consulting en esas fechas. Se puso a nombre de las esposas de los tres. Para “darle una cobertura” a la coima, la empresa Sidepur subcontrataría a precios inflados trabajos de asesoría del proyecto a esa empresa. Arruti no tuvo reparos en reconocer que había mentido hasta ahora cuando insistía en que todo el dinero abonado a Kataia Consulting se correspondía con trabajos realizados.
24 horas después, el pagador, Francesc Fernández Joval, corroboró estos hechos. “Esto era para dinamizar el proyecto, para poder mejorar o sacar los obstáculos que pueda haber en un proyecto de tanta importancia”, argumentó el empresario catalán. En su interrogatorio, el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, buscó dejar claro que la comisión se abonó antes de 2007, esto es, antes de que Txitxo fuese nombrado diputado de Urbanismo de Álava, competente por lo tanto de la aprobación definitiva de la recalificación de Zambrana. El promotor, sin embargo, matizó que “había más comisiones” -algo que había quedado claro por las declaraciones de Arruti y por las suyas propias-, que estaban pactadas en función del desarrollo del plan y que mantuvo reuniones de seguimiento con De Miguel en la Diputación precisamente para valorar esos avances.
Escuchados Arruti y Fernández Joval, muchos de los presentes en el juicio iniciado en enero en la Audiencia Provincial de Álava y en el que las defensas han pretendido hacer ver que todo era un gran globo sin nada dentro salieron de la sala de vistas de la segunda planta cariacontencidos y sorprendidos. Y todo a pesar de que el 27 de junio de 2010 ya se publicara en prensa el siguiente titular y subtítulo: “El juez constata pagos de una filial de Riera a una firma de De Miguel. Estudia si están relacionados con la frustrada recalificación de Zambrana”. Asimismo, a principios de 2011 ya se había constatado que Kataia Consulting inició su actividad con un primer ingreso de 130.000 euros procedente de una transferencia del padre de Josu Arruti, del mismo nombre. Luego en 2006 llegarían dos pagos mas, de 20.000 y 11.000 euros, aproximadamente, hasta redondear la cifra pactada.
Aquella información de junio de 2010 venía acompañada de una fotografía de De Miguel conduciendo su coche, un Saab. Precisamente su compra se produjo en la semanas siguientes al ingreso de 130.000 euros, concretamente mediante un “préstamo” de 33.000 euros que el político y su esposa recibieron de Kataia Consulting. En fechas próximas, igualmente, consta un gasto de 6.000 euros joyas y un viaje de placer a Extremadura.
El efecto 'boomerang'
Quien a la fuerza no se sorprendió por todo esto fue el aludido, a quien todos conocen como Txitxo y que escuchó la incriminación tomando notas en una pequeña libreta. Si en julio, cuando el juicio se tomó vacaciones, la consigna era insistir en negarlo todo hasta el final del juicio y en mantener prietas las filas -sólo el letrado de Gurutz Larrañaga, Miguel Alonso, se desmarcó desde el inicio del juicio de esta línea común-, en septiembre Susaeta se avino a negociar con la Fiscalía una confesión a cambio de una rebaja de condena para De Miguel y de la absolución para su esposa, Ainhoa Bilbao, y su hermana, Aintzane. No contó con nadie más, al menos no con Arruti, y estaba dispuesto a incriminarle a él y a su familia. El acuerdo incluía al menos tres puntos: 1) El reconocimiento de que la denuncia de 2009 de la empresaria Ainhoa Alberdi era cierta y que le pidió 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano; 2) La asunción de que el constructor Prudencio Hierro costeó las obras de la casa de su mujer en Gorliz (Bizkaia) como un pago de favores; y 3) En lo relativo a Zambrana, que había cobrado exactamente 161.000 euros en comisiones.
Alberdi, durante tres largas jornadas, ya dejó claro que se ratifica en su denuncia. Hierro alcanzó un pacto parcial con la Fiscalía y admitió que hizo un “favor” a De Miguel con la casa para que se ahorrase el IVA porque “siempre ayuda” estar a buenas con un cargo público. Y Arruti, finalmente, se limitó a seguir el guion prefijado por Susaeta y De Miguel y que, sin que hayan mediado explicaciones públicas, la pareja rompió a última hora. Todo un efecto 'boomerang'.
La cifra de 161.000 euros, según fuentes judiciales, es asumible porque limita las responsabilidades fiscales de Arruti y de su familia. No en vano, se les acusa de tres delitos contra la Hacienda pública, entre otras cosas por haber movido hasta 600.000 euros en efectivo. Ya están reuniendo el dinero para hacer frente a esas sanciones, según explicó el también imputado padre de Arruti, del mismo nombre. Su hijo tiene un trabajo modesto pero expresó públicamente su deseo de resarcir el daño causado.
En todo caso, esa cuantificación del fraude en Zambrana deja en el aire la acusación de la Fiscalía sobre otros pagos de Riera al entorno de De Miguel, como otros 30.000 euros para Kataia Consulting en 2007, unos 40.000 más vía Eskalmelo en 2007 y 2008, 29.000 euros de nómina de su mujer en una empresa de la familia Arruti (Nai Duenak) o los 283.000 euros que los catalanes 'prestaron' a De Miguel, Ochandiano, Tellería, Arruti y otros para un 'pelotazo', fallido como el de Zambrana, en Frúniz. Así las cosas, aunque De Miguel ya no dirija la palabra a Arruti y el mal ambiente se haya apoderado del juicio, la defensa de Susaeta aún tiene asideros para contener daños.
Será este miércoles cuando se conozcan los cambios en el escrito de acusación de la Fiscalía contra los acusados. Es seguro que se 'premiará' a los que han alcanzado acuerdos. En el caso de Arruti, por ejemplo, su hermana Estíbaliz podría quedar desimputada. Por su parte, los corruptores confesos de Riera, Fernández Joval y su socio Plàcid Casas, no tendrán que asumir ningún tipo de responsabilidad económica porque ya estaba así previsto en la acusación original del ministerio público. El fiscal Pedreira adelantó que los ajustes afectarán a una “pluralidad” de personas dentro de los 26 que han estado sentados en el banquillo desde enero.
Las comisiones, “dentro de lo normal”
La confesión de Arruti sobre la comisión inicial de Zambrana y las mordidas pactadas a futuro coinciden con la sensación que ha sobrevolado durante todo el juicio del 'caso De Miguel', que esto no es un caso aislado. La denunciante Alberdi fue clara: “Esto era tan fácil de hacer que no sería la única a la que se le habían pedido comisiones”. Ella aportó varias grabaciones. En una de ellas, en la que habla con su socio, el constructor Jon Iñaki Echaburu, afiliado del PNV y contratista habitual del Gobierno vasco y otras instituciones, se alude a las mordidas como algo “dentro de lo normal”. “Construcciones Loizate pagaba comisiones”, sentenció Alberdi sobre la empresa de Echaburu.
En la misma línea, Fernández Joval dio a entender que, en efecto, la corrupción entra “dentro de lo normal”. “Esto al final... resulta ser que no te extrañas de que te pidan estas cosas. Mire, hemos abierto empresas en Rumanía, Bulgaria, Ecuador, Panamá, … El primer día te esperan para lo que quieren cobrar”, manifestó el empresario, que ha sido investigado en otros casos en España. Hubo un momento en el que el catalán pareció querer dar más detalles sobre ello, pero el presidente del tribunal, Jaime Tapia, terció para que no siguiera hablando. “No le voy a preguntar por otras experiencias en España. No le voy a poner en ese compromiso”, le cortó Tapia.
Una de las pruebas fundamentales de este caso es un cuaderno de tapas rojas que apareció en el camarote de Ochandiano. En él se describen operaciones económicas que se han podido probar y hay abundantes alusiones a posibles comisiones y dinero negro. La defensa del exdirigente del PNV quiere anular esa evidencia (con código B14) sí o sí, como la De Miguel ataca por tierra, mar y aire las grabaciones de Alberdi. “Ese cuaderno puede acabar con todos nosotros”, asume una de las partes personadas. “Era el cuento de la lechera”, replican otros, destacando que muchos de los apuntes, como la comisión de 800.000 euros que se preveía cobrar a Urazca, nunca se llegaron a sustanciar.
El mensaje del PNV: “Dejar de hablar del caso”
Las confesiones del 'caso De Miguel', que según el fiscal Izaguirre dan por probada la existencia de una “trama” destinada al cobro de “comisiones ilícitas”, no han alterado lo más mínimo la agenda pública en Euskadi. En el PNV, salvo un “sinvergüenzas” de Iñaki Anasagasti en la Cadena Ser, el silencio ha sido la tónica dominante. Y eso a pesar de que conocían de antemano y con detalle el alcance de las revelaciones que Josu Arruti estaba dispuesto a hacer, según ha sabido este periódico de fuentes de la formación.
Desde Chile, donde se encontraba de viaje oficial, el lehendakari Iñigo Urkullu, presidente del PNV cuando se produjeron los hechos, lanzó este mensaje: “Es hora de que concluya el juicio y dejemos ya de hablar de esta cuestión”. Urkullu, además, insistió en que la Justicia ha sido lenta, sin mencionar que De Miguel y Arruti declararon ya hace varios años (2010 y 2011) y que en ningún momento aludieron a las comisiones para acelerar la investigación. Hace unas semanas, el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, llegó a defender que en el juicio habían quedado demostradas dos cosas: que el partido no tuvo nada que ver y que “no ha habido enriquecimiento ilícito” por parte de De Miguel. La oposición ironizó que aquello y el abrazó que en 2011 Egibar dispensó al acusado por corrupción eran una especie de “Txitxo, sé fuerte”.
El Gobierno vasco está personado en el juicio del 'caso De Miguel'. Aunque formalmente no pide penas de prisión en lo tocante a las adjudicaciones a las empresas de la órbita de De Miguel salidas desde el Ejecutivo, el letrado Javier Otaola se “adhiere plenamente” con regularidad a las actuaciones de la Fiscalía. El abogado calificó de “cártel” a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga y de “fotocopias” las pruebas presentadas por los acusados para justificar la legalidad de las contrataciones. Esta semana se conocerá la cuantificación definitiva que hace el Gobierno del dinero defraudado por esas tres mercantiles.
