PNV pide a Maroto que no “estigmatice” a los perceptores de RGI cuando está investigado por mal uso del dinero público

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha pedido al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que no “estigmatice” a los perceptores de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ni “agite las aguas del populismo” cuando él está investigado por el Tribunal de Cuentas del Estado por “mala utilización” del dinero público por el alquiler supuestamente irregular en 2007 de los locales de la calle San Antonio de la capital alavesa cuando era regidor el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute cree que se ha “malversado de forma evidente” el dinero de todos para que alguien “se lucre de manera escandalosa”, en alusión al empresario Gonzalo Antón, al que el Consistorio arrendó el edificio por más del doble del valor de su compra.

En la tertulia de 'El Parlamento de las ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha debatido sobre el hecho de que Javier Maroto haya propuesto un mayor control de los perceptores de la RGI mediante la 'huella digital', antes de que el Tribunal de Cuentas decidiera que cabría imponer el pago de 500.000 euros a los miembros de corporación municipal cuando Alfonso Alonso, era alcalde de Vitoria --entre los que se encontraba el actual regidor-- por las supuestas irregularidades en el alquiler de los locales de la calle San Antonio.

Egibar ha recordado que puede haber un juicio contable en el Tribunal de Cuentas “que obliga a depositar una fianza de 500.000 euros” a los miembros de la Corporación cuando la gobernaba Alonso “por una presunta mala utilización de los dineros de todos, del dinero público”.

Por ello, se refiere a Maroto, “que siempre está preservando el interés público, la gobernanza y los caudales” para que “no haya fraude”, para preguntarle “qué aplicación, que traducción tendría eso aplicado a su gestión, a su persona, cuando tiene una fianza de esa cuantía, que él personalmente dice que va a depositar”.

“¿Cuál es la traducción de todo eso cuando él está acusando y estigmatizando a colectivos de este país?”, ha añadido, para recomendarle “menos soberbia y más humildad”.

El dirigente jeltzale ha considerado que la RGI “es una auténtica caja de resistencia social para que la gente necesitada tenga lo imprescindible”, y ha reconocido que el sistema de protección social vasco “es un sistema perfectible, pero sólido y la base principal es la de la justicia social, la redistribución de la riqueza y el sostenimiento de la sociedad”.

Por ello, cree que Javier Maroto, en su “doble condición” de alcalde y parlamentario, “está nadando excesivo tiempo en aguas demagógicas y de populismo”. “Se le ve, además, ciertamente nervioso y, hasta cierto punto desquiciado”, ha apuntado.

En su opinión, éste “agita las aguas y, cuando mete el tema de la huella dactilar, por muy eficaz que pueda ser el sistema”, lo acompaña de “un discurso de estigmatización de determinados colectivos”. En este sentido, ha advertido de que “un regidor público tiene que caminar con otra prudencia y responsabilidad”, y no puede, “un día sí y otro también, estigmatizar a un colectivo” o proponer “sistemas de persecución”.

Joseba Egibar cree que Maroto, en lugar de “sumar y consensuar”, está “violentando la relaciones” e incluso “está utilizando la atalaya del Parlamento vasco para agitar sus aguas en Vitoria, y eso es impresentable e inaceptable”.

“EMPRESARIO Y COLEGA”

El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha señalado que, cuando los populares “hablan de la huella digital, cuando hablan de los inmigrantes sin papeles, incluso de la gente que falsifica pasaportes, probablemente habría que pensar que el que falsifica pasaportes para cobrar las ayudas sociales --y no nos parece bien--, lo hace porque no es un empresario que es colega de no sé qué institución y puede colarle un edificio que vale dos millones de euros por seis millones de euros”, en referencia a Gonzalo Antón que alquiló el edificio al Consistorio de la capital alavesa.

En este sentido, ha recordado que Antón “lo compra tal que un día y, al poquito tiempo, se multiplica por tres el valor y se lo cuela a unos colegas que tienen el Ayuntamiento”. “Esos colegas que tiene en el Ayuntamiento no le piden huella digital, probablemente porque es una persona muy conocida en Vitoria, probablemente no hace falta y probablemente ni siquiera tiene que falsificar el pasaporte porque lo reviste de manto legal”, ha manifestado.

En este sentido, critica que “ahora el señor Maroto plantee como una especie de ejercicio de transparencia el pago de una fianza que le han puesto por lo que ha hecho”.

En su opinión, esto “no es más que, en todo caso, asumir su primera responsabilidad, pero no la última, la última tiene que ver con cómo se puede permitir que alguien, desde el ejercicio de su poder temporal en una institución, pueda determinar que haya quien se siga lucrando de esa manera tan escandalosa, comprando un edificio y vendiéndolo por tres”. Asimismo, se ha preguntado “cómo puede malversar de forma tan evidente el dinero de todos los gasteiztarras en una operación tan ruinosa”.

SIN DELITO

Por su parte, la portavoz del PP vasco, Laura Garrido, Laura Garrido, ha indicado que no existe delito y lo que se investiga es “si hay una irregularidad contable”. Además, ha considerado “una barbaridad” las palabras de Oskar Matute, al afirmar que puede haber malversación.

“El Tribunal de Cuentas no ha percibido ningún delito, ha abierto diligencias previas, se ha pedido una fianza que es provisional y es parte del procedimiento del Tribunal de Cuentas. Y lo que se ha decidido por parte de la Corporación de ese momento es no recurrir esta decisión para facilitar que este asunto se aclare cuanto antes”, ha añadido.

La representante popular cree que Javier Maroto “está absolutamente legitimado para presentar las iniciativas que considere oportunas para mejorar la vida de los ciudadanos y plantear mejoras en aquellas cuestiones que no funcionan bien”, en alusión a la 'huella digital'.

A su juicio, el regidor “es buen conocedor de la realidad de su ciudad, ha constatado que el sistema de protección en Lanbide tiene déficit de funcionamiento e ineficiencias que hay que mejorar”. “Hemos conocido que hay 86,7 millones de euros de cobros indebidos o, mejor dicho, de pagos indebidos porque muchos de ellos son por culpa de Lanbide, e irregularidades que son por el mal funcionamiento de Lanbide”, ha apuntado.

No obstante, ha manifestado que también se ha conocido la cifra de que hay 20,9 millones de euros de fraude. “Nosotros creemos que las ayudas no se están gestionando bien, que se puede mejorar el sistema y, por otra parte, consideramos que no se están cumpliendo los objetivos de empleabilidad del sistema”, ha indicado.

A su juicio, el sistema de huella digital supone “facilitar que haya un reconocimiento de la identidad de las personas perceptoras de la RGI para evitar que hay falsificaciones de los pasaportes, que buscan engañar al sistema”. “Maroto ha puesto la solución encima de la mesa. Creo que es factible”, ha añadido.

LA 'HUELLA DIGITAL' PARA TODOS

Por último, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, se ha mostrado de acuerdo con recurrir al sistema de 'huella digital', pero “siempre que se haga para todos los ciudadanos vascos”.

“No sé por qué tenemos que exigir la huella digital para los que tramitan la RGI porque eso es tanto como darles un carnet de pobre o expedir un certificado de pobre, algo de lo que está empezando a hablar el Gobierno del PP en Madrid”, ha señalado, para calificarlo de “barbaridad”.

A su juicio, el alcalde de Vitoria pretende “estimagtizar y señalar” a a los perceptores de la RGI y cree que esto tiene “un tufo electoral que apesta y echa para atrás”.