El PNV presenta su cara más pactista: una consulta no vinculante
El PNV ha elaborado una propuesta para sentar las bases de la reforma del autogobierno vasco que incluye una “consulta habilitante” no vinculante del acuerdo al que en su caso puedan llegar por mayoría absoluta en el Parlamento vasco previa a su tramitación en el Congreso de los Diputados. Esa consulta debería ser autorizada por el Ejecutivo central y el partido que preside Andoni Ortuzar está persuadido de que es posible realizarla sin necesidad de modificar la Constitución actual. En cualquier caso, esa consulta no se celebrará durante lo que resta de legislatura vasca porque el objetivo del PNV en la ponencia no es presentar en estos meses un texto articulado de reforma del estatus actual para su debate y aprobación -algo que le han exigido populares y socialistas al presentar sus aportaciones- sino acordar unas bases que definan los raíles por donde discurrirá la nueva arquitectura institucional en Euskadi tras las elecciones autonómicas de otoño.
De alguna manera, el PNV lo que intenta es lograr que la decisión que adopte la ciudadanía vasca obligue al Gobierno central a “negociar” y en su caso “acordar los ajustes constitucionales y legales precisos par responder al deseo expresado por la ciudadanía vasca, excluyendo en suma el principio de unilateralidad”, vía que se está siguiendo ahora en Cataluña con su desafío independentista y que ha defendido este martes la izquierda abertzale (EH Bildu) al presentar su aportación a la ponencia de autogobierno. En palabras de un dirigente peneuvista, esa obligación a negociar es el “mejor antídoto contra la unilateralidad”.
Una vez que se produzca la consulta, y se tramite en el Congreso de los Diputados, el texto definitivamente aprobado por las Cortes se sometería a referendum entre la sociedad vasca y pasaría a convertirse en el nuevo estatuto vasco, algo que en todo caso se produciría en la siguiente legislatura vasca (2016-20).
En su propuesta para lograr unas bases para reformar el Estatuto de Gernika, que consta de 70 páginas y que ha sido registrada en el Parlamento vasco al filo de las 19 horas de este martes, los peneuvistas defienden un modelo “cuasi confederal” desde una relación de bilateralidad con el Estado y recoge, además, parte de lo acordado en las conversaciones de Loiola con el PSE y la izquierda abertzale sobre el reconocimiento de la “identidad nacional del pueblo vasco”. En estas conversaciones, celebradas en pleno proceso de paz finalmente fallido en la etapa del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2006), los tres partidos avanzaron en la denominada mesa política mientras ETA y el Gobierno intentaban cerrar, sin éxito finalmente, la etapa de la violencia en Euskadi.
La definición del pueblo vasco recogida en el documento del PNV, que admite la pluralidad de la sociedad vasca, señala expresamente: “entendemos que pese a las diferencias que sobre la presente y futura configuración del pueblo vasco puedan mantener los partidos políticos, debemos compartir que Euskal Herria constituye básicamente una nación cultural conformada por vínculos sociales, lingüisticos, históricos, económicos y culturales”. Los socialistas siempre han entendido que aquellos acuerdos caducaron una vez que ETA colocó la bomba en la T-4, asesinando a dos personas, y arruinando de paso todo el proceso negociador que, pese a todo, continuó durante 2007.
Competencias exclusivas
En esa idea de trasladar el sistema de Concierto Económico a la relación política entre Euskadi y España en base a la bilateralidad, el PNV defiende un catálogo de competencias exclusivas, renovando así el actual sistema competencial que los peneuvistas consideran roto por la recentralización del Gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo de ese nuevo sistema sería el de “sanar así las enormes fracturas que el Estado ha producido, en las últimas, décadas sobre el contenido competencial de Euskadi integrado en nuestro Estatuto”. El partido de Ortuzar defiende que “se reconozca un amplio elenco competencial” en todo tipo de materias y culturales, de educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, lengua, seguridad pública, recursos naturales, sistema financiero y tributario, potestades de autoorganización en la Administración de Justicia, “además de las relaciones laborales y las relaciones exteriores en lo que concierne a todas esas competencias exclusivas”, se apunta en el texto, de forma que la comunidad autónoma “ejercerá la postestad legislativa en todas aquellas políticas públicas y ámbitos competenciales no atribuidos al Estado, debiendo reconocerse a las instituciones vascas la titularidad competencial exclusiva sobre los servicios públicos, su gestión y prestación”.
La dirección del PNV reconoce que es un modelo de relación “cuasi confederal” en el que, según se plantea en el documento, se produce un “reconocimiento previo de ambas partes como sujetos políticos con capacidad suficiente para contraer los acuerdos correspondientes” a través de un pacto de actualización del autogobierno vasco para el que se emplearían las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. De alguna manera el PNV quiere reproducir el debate que ya se produjo en la etapa constituyente española (enmienda Unzueta) para que haya un “reconocimiento expreso de la realidad jurídico política originaria, propia y preconstitucional de los territorios que conforman Euskal Herria” que “legitime la actualización de su autogobierno y la salvaguardia del derecho de decisión de futuro, siempre conforme a la voluntad libre y democráticamente expresadap por su ciudadanía. En definitiva: constitucionalizar el derecho a decidir.
¿Y en el caso de que se produzcan conflictos competenciales entre ambas partes? El PNV defiende una estructura similar a la del Concierto Económico, con sus “reglas, órganos y funciones”, pero ajena al modelo de Tribunal Constitucional actual, y en el que se imponga “lógica y razonablemente el principio de mutuo acuerdo entre ambas partes”.
El texto invoca también reflexiones del que fuera presidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente y de uno de los padres de la Constitución Miguel Herrero de Miñón en relacion a los derechos históricos vascos o a la posibilidad de extender la doctrina de Quebec a esos derechos históricos y a su “reconocimiento constitucional” por la vía de la Disposición Adicional Primera de la Carta Magna.
